El derecho está en todas partes!

¿ Quién debe ganar las próximas elecciones presidenciales? ¿Quién tiene la mejor prouesta de Gobierno?. Usted con base a qué criterios eligirá el próximo presidente de Colombia?

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Según la Constitución, el Estado colombiano tiene dos obligaciones frente a un conflicto armado: proteger a la población que se encuentra al margen del conflicto y velar por su propia existencia y estabilidad ante la amenaza que éste representa.[1]

 Dos de las grandes tragedias, que han tenido que padecer quienes se encuentran al margen del conflicto armado en Colombia, han sido el desplazamiento forzado y el secuestro, categoría en la que es posible incluir, lo que las FARC considera, la toma de prisioneros de guerra. Por el desplazamiento forzado hemos ganado la mención internacional de ser el segundo país, luego de Sudán, en tener el mayor número de desplazados en el mundo: más de 3 millones según la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR y la Corte Constitucional. El secuestro entre tanto, que presentó en los años 90 su nivel más alto en Colombia, llegó a representar el 45% de los casos reportados en todo el mundo, siendo Colombia el primer país de América Latina en el que se presentó el mayor número de secuestros, según datos de la fundación País Libre y la embajada de los Estados Unidos. Ambos fenómenos se han dado como estrategia de guerra de los actores armados en Colombia y ambos fenómenos se catalogan por el Derecho Internacional Humanitario como crímenes de lesa humanidad. 

 Frente al drama del secuestro, el cual implica una afrenta a la dignidad humana y a la vida, el Estado colombiano ha diseñado políticas con las que pretende reducir su práctica y sus consecuencias. Entre estas políticas se cuenta el acuerdo humanitario, el cual se ha visto, no sólo en Colombia sino en muchas partes del mundo, como una alternativa exitosa para obtener la liberación de los secuestrados o de prisioneros de guerra. Hemos presenciado por ejemplo que, en lugares donde se libran conflictos encarnizados, como en Israel, la voluntad de las partes involucradas ha logrado que prisioneros de uno y otro bando regresen a su lugar de origen. Igualmente en 1995 en la región de Chechenia en Rusia, madres de soldados rusos y chechenos impulsaron el proceso que culminó con el intercambio de 94 prisioneros de guerra, 47 rusos y 47 chechenos.

 Obviamente, para que se den las liberaciones, las partes en conflicto, antes tienen que sentarse a dialogar sobre las condiciones y parámetros “posibles” para que éstas se den.

 Aparentemente estos acuerdos podrían significar una tensión, entre la obligación de proteger a quienes no participan del conflicto armado y la obligación de mantener la seguridad y estabilidad del Estado. Sin embargo, tanto en el caso árabe-israelí, como en el de Rusia, el acuerdo en absoluto implicó una señal de debilidad para las partes en conflicto. Por el contrario los Estados de Israel y Rusia se siguen considerando dos de los Estados más fuertes y estables del mundo.

 La pregunta para el caso colombiano sería entonces: ¿se debilita el Estado colombiano si le da vía libre a un acuerdo humanitario que permita el regreso de los secuestrados?

 

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[1] Artículos 2, 22 y 189 de la Constitución.

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Aprovechando la proximidad de las elecciones del próximo domingo 14 de Marzo, un grupo de estudiantes de la Universidad Icesi quiso indagar entre las personas de esta comunidad universitaria, sobre el conocimiento que tienen del derecho al voto, de lo que hace el Congreso y de lo que está en juego en estos comicios, veamos:

 

¿Por qué Votamos?

La Constitución Política indica que Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático y participativo.[1] Es por esto que en nuestra Constitución también se ha establecido una serie de mecanismos, para garantizar dicha participación y la vigencia de la democracia; entre estos mecanismos se cuenta el derecho fundamental de todo ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

 Para lograr lo anterior, todo ciudadano puede elegir y ser elegido, tomar parte en las elecciones y en las distintas formas de participación democrática: Plebiscitos, referendos, consultas populares, entre otros. Igualmente, entre otros puede constituir partidos o movimientos o formar parte de ellos, también puede actuar para revocar el mandato de algunos de los candidatos que eligió, cuando estos no cumplieren con sus programas de gobierno.[2]

Correlativamente este derecho fundamental también es un deber, ya que de su ejercicio responsable depende el futuro de todos y cada uno de nosotros[3], en razón a que lo que está en juego, con el ejercicio de este derecho, es la perdurabilidad de nuestro sistema democrático, la estabilidad de nuestro Estado y de sus instituciones y el logro del bienestar general, propio de un Estado Social de Derecho.

En Colombia el panorama, en los últimos años, no ha sido muy alentador en muchos aspectos, específicamente en lo que se refiere al Congreso de la República. Como se recuerda éste órgano, que ostenta el poder público de determinar las políticas públicas a través de la creación de leyes, fue capturado por las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo: más de 40 congresistas se beneficiaron de estos dos grupos para llegar al Congreso y utilizaron su poder para beneficio propio y de aquellos.

Agradecemos la colaboración de las estudiantes: Gabriela Cerón, Daniela Uribe, Camila Duque y Jennifer Pardo, en la elaboración del video introductorio.

 

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[1] Artículo 1 de la Constitución Nacional.

[2] Artículo 40 de la Constitución Nacional.

[3] Artículo 95 de la Constitución Nacional.

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Según la Constitución Política de Colombia, la salud como servicio público es un derecho de toda persona y un deber del Estado de carácter obligatorio, sin embargo el gobierno en cabeza del presidente Álvaro Uribe y el primer Ministro de Protección Social han olvidado, según la carta magna, que él Estado debe garantizar a todas las personas  el acceso a los servicio de promoción, protección y recuperación de la salud. El decreto 4957 por el cual fue declarado el Estado de Emergencia Social es resultado de una omisión a los preceptos  constitucionales, lo cual permite evidenciar que el gobierno actúan por fuera de la CP, como si nunca hubiesen tenido conocimiento de su existencia, violando principios fundamentales, como el Artículo 2,  sobres los fines del Estado y  el Artículo  4 La constitución es norma de normas.

Ahora bien, no sólo se trata de la vulneración de la constitución, decretos como el 128 del 2010 propone a la salud como un negocio, favoreciendo a las EPS al definir qué: Las prestaciones excepcionales se financiarán por los propios afiliados al sistema, es decir, aquellos que no se encuentran en el Plan obligatorio de Salud POS. Por otra parte los afiliados al haber cotizando durante años dependerán de un comité tecno científico que avale o niegue la solicitud. Sin embargo, el gobierno pensando en las dificultades y demoras de dichos trámites, agrega en el decreto: el afiliado podrá cubrir parcial o totalmente sus gastos, los cuales deberían ser pagados por la EPS, por medio de sus pensiones,  cesantías  y hasta préstamos  bancarios.

Casos como el de  Natalia Carabalí quien lleva esperando siete meses un trasplante de médula ósea, sabe que si hay demoras en el tramite con llevaría  a que su anemia aplásica se convirtiera en leucemia, genera preocupaciones.

La niña de 9 años es solo uno de los casos que Funcacer atienden, nuevamente esta fundación se pronuncia y lanza un S.O.S por los niños con cáncer. “Se han Corregido temas como el de los medicamentos que no están incluidos en el POS, pero que un comité técnico desde Bogotá se el que autorice las formulas resulta inaceptable”. Para la directora de la fundación María Cecilia García, “la falta de acceso a medicamentos de alto costo es casi como aplicar la eutanasia pasiva para estos niños” ( El tiempo ,febrero 21  de 2010).

El gobierno nacional, con la expedición de los decretos con fuerza legislativa, está incurriendo en amenaza y vulneración a la vida de los colombianos (as). Y es que no se trata de opiniones políticas, como las que pueden tener lugar en torno a la reelección Presidencial – en que, naturalmente, existen bandos  opuestos, y cada cual es libre  de adoptar una  u otra posición-,sino de la salud y la vida de las personas , y es lo cierto que las enfermedades y la muerte no distinguen entre uribista  o antiuribistas. (Hernández G, 2010, El tiempo).

Hoy presenciamos una vulneración más a nuestro ideal de Estado Social y Democrático de derecho, que a través de los años y con mayor fuerza en los últimos dos periodos presidenciales se ha desmoronado por medio de hechos como los  falsos positivos , procesos de justicia y paz , donde las garantías son para los victimarios y no para las víctimas, desapariciones forzadas y ahora  el desmonte  a los mínimos derechos de seguridad  social , los cuales  han sido desplazados por un discurso de seguridad democrática, en donde  el Estado omite la protección de los ciudadanos.

Apropósito de  la anterior  afirmación:  El  16 y 17de  febrero se cumple 10 años de la masacre en El salado una aldea ubicada en los Montes de María , a 18  kilómetros del Carmen de Bolívar, en donde en 70  horas los paramilitares masacraron a 61  personas, un pueblo entero, violaron, empalaron a mujeres, degollaron hombres y ancianos, mientras  las fuerzas armada de Colombia vagaban por lugares cercanos en busca de guerrilleros. Hoy 10 años después  4.000 desplazados intenta volver  para reconstruir el salado, sin embargo se encuentran con reformas agrarias que incluyen el control de la tierra  por parte de grandes  inversionistas, la hectárea que valía 300.000 pesos hoy cuesta diez veces más. (Samper, D.  El tiempo).

¿Es acaso esté el Estado qué fomentamos en la Constitución de 1991, en donde el gobierno amenaza o vulnera con cada acto que realiza, el principio de la dignidad humana, el derecho a la vida, a la salud , derecho a la vivienda digna, a la libre expresión?

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“La propuesta parece desesperada. Tan desesperada, que resulta raro que a Uribe se le haya ocurrido en serio. Quizás detrás haya un intento por distraer la opinión pública de otros temas más importantes y más sensibles para el gobierno (los decretos sobre salud, por ejemplo)”[1] 

En las últimas declaraciones del presidente Álvaro Uribe, se ha planteado la posibilidad de fomentar un nuevo mecanismo para garantizar la seguridad democrática, esto es, a través de la recompensa por información, en este caso involucrando a estudiantes universitarios para que apoyen las políticas existentes, por medio del “sapeo”

Desde hace más de siete años, parte esencial de la Política de Seguridad Democrática ha sido ofrecer recompensas por colaboraciones efectivas con las autoridades. Ya se han entregado más de $30 mil millones por este tipo de ayudas.
Casos emblemáticos como el de la muerte del segundo al mando de las Farc, Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes; la de José Juvenal Velandia, ‘Iván Ríos’, en marzo de 2008; la captura, en enero del mismo año, de Gustavo Aníbal Giraldo, ‘Pablito’ (hoy prófugo), quien fuera el principal jefe militar del ELN, hacen parte de la lista de éxitos de esa política. Por estos casos, el Gobierno pagó cerca de $8.500 millones.

Sin embargo, la propuesta de incluir a mil estudiantes de Medellín como informantes de la Fuerza Pública, lanzada por el presidente Álvaro Uribe el  pasado martes  26 de enero, desató una fuerte controversia entre distintos sectores, que han argumentado que ese ‘remedio’ podría resultar peor que la enfermedad.[2]

 ¿Es acaso el mecanismo de sapeo la formula clave para contrarrestar la violencia que ocurre en ciudades como Medellín?

¿Qué implicaciones tiene para la sociedad la estimulación de prácticas como la de los informantes?

¿Por qué fomentar esta actividad en las universidades?

Son algunas de las preguntas que ha generado la controvertida declaración hecha por el secretario de prensa de palacio en una estación de Medellín.

No obstante, desde la mira del defensor del pueblo de Medellín incentivar la participación de los estudiantes en redes de informantes sólo generaría una mayor conflicto.

En sus palabras, “Considerar la vinculación de estudiantes a las redes de informantes se corre el riesgo de que se abra un espacio de confrontación en los establecimientos universitarios y se generen mayores actos de violencia”, señaló Pérez.

 Conforme a lo anterior, se evidencia una distorsión entre los actuales acontecimientos y el objetivo que cumple la Política de Seguridad Democrática, como medio para es reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática.[3]

 

 

 

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[1]   Revista Semana “Estudiantes opinan sobre informantes en las universidades” Febrero 1 del 2010

[2]  El País, “Recompensas, una estrategia tan polémica como efectiva” Febrero 1 del 2010

[3] Política de defensa y seguridad democrática

presidencia de la república  ministerio de defensa nacional república de Colombia. 2003

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En los últimos días, las pantallas de los televisores, las noticias en la radio, las imágenes en los periódicos nos presentan el trágico y devastador terremoto que terminó con la vida de 112.250 personas[1].

 

La situación es muy lamentable, no obstante organismos internacionales como la ONU (Organización de Naciones Unidas), OMS (Organización Mundial de Salud), se encuentran prestando sus ayudas para el desarrollo de atención y cuidado a los heridos y damnificados por el suceso. Igualmente, los países hermanos y vecinos así como la comunidad internacional ha levantado voces de apoyo tanto logístico, profesional como económico.

 

Sin embargo, al mismo tiempo que países como EE.UU, Francia, Brasil, Colombia, aúnan esfuerzos para apoyar con el rescate y reconstrucción de Haití, surge una inquietud en el ambiente. ¿Cuál es el papel que cumple el presidente de ese país actualmente? ¿Qué planes o medidas existen en Haití para enfrentar catástrofes como la que viven?

 

Antes de tratar de resolver las preguntas anteriormente formuladas, debemos entender un poco la historia de Haití, la cual nos puede dar luces sobre el actual contexto.

 

En 1804 Haití logra la independencia, siendo el primer país en Latinoamérica en declararla y el segundo del continente tras Estados Unidos.[2] No obstante, es hasta 1991 que Haití logra elegir democráticamente un presidente.

 

Tras más de un siglo entre dictaduras y autoritarismo, el 29 de marzo de 1987 se promulga su Constitución. Haití es una república presidencialista con un presidente elegido popularmente y una Asamblea Nacional. La constitución entró en vigor en 1987 y está basada en las constituciones de Estados Unidos y de Francia. Luego de haber sido suspendida por algunos años, fue reinstaurada por completo en 1994.[3]

Actualmente, el Gobierno está constituido por el Sistema Ejecutivo: Presidente, Primer Ministro y Gabinete; Sistema Legislativo: Cámara de Diputados y Senado; y Sistema Judicial: Corte Suprema y Juzgados Departamentales.

Si bien es un sistema similar a los existentes en América Latina, su situación política y dificultades de orden público han generado una inestabilidad social, económica y política que  se evidencia en la creación de la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití que ya ha realizado varias intervenciones  en los barios pobres de Puerto Príncipe.

En un escenario de inestabilidad política y social el terremoto ocurrido el 12 de enero del 2010, no sólo destruye Haití, también, fomenta nuevamente el desequilibrio político, la ausencia del jefe del Estado, la falta de coordinación de gobierno para la estabilización de Haití  y la corrupción, en un escenario apocalíptico, además evidencia un incremento en la violencia y conflictos de orden civil. Ejemplo de ello es la entrega de los alimentos,  los cuales  han suscitado caos y brotes de conflictos entre los sobrevivientes al sismo. No existen unas medidas gubernamentales ni un sistema que permita tratar de mantener un orden.

Son las organizaciones internacionales y las fuerzas militares norteamericanas quienes actualmente tratan de promover una organización y estabilidad al interior de la nación Haitiana.

La catástrofe ha permitido la cooperación internacional. Los ojos del mundo hoy observan al país más pobre de Latinoamérica, y encuentran no solo un pueblo devastado por una tragedia natural, sino un gobierno catalogado de corrupto en aparente proceso de reforma. Según el último informe, Transparencia Internacional ubica a Haití como el país más corrupto del mundo[4].

Dicho panorama genera una voz de alerta no solo en Puerto Príncipe, sino también en América latina y el Caribe, que pese a las diferencias geográficas y nacionales, poseen gobiernos con altos índices de corrupción que, posiblemente ante un siniestro de estas magnitudes, podrían no estar preparados para afrontarlo.

 

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[1] El Tiempo. Bogotá Enero 25 del 2010

[2]http://www.lapatriagrande.net/03_paises/haiti/haiti_historia.htm

[3] Ídem

[4] El país , Madrid diciembre 1 del 2006

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photo credit: Stvc

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