“El crecimiento económico por sí solo no es suficiente para reducir la desigualdad y la pobreza en América Latina y el Caribe”, esta es una de las consignas de trabajo del PNUD que resulta muy pertinente para el caso Colombiano. Nuestro país sigue ubicándose como uno de los más desiguales del mundo debido, entre otros factores,  a una inequitativa distribución de la riqueza que se traduce en que cerca de 15 millones de habitantes viven en la pobreza o en la pobreza extrema; es decir, con menos de 4USD al día; 17.5 millones en situación de vulnerabilidad y solo 13.7 millones hacen parte de la clase media[1]. Las desigualdades se traducen en falta de acceso o acceso deficitario al sistema de seguridad social en salud y pensiones; a la administración de justicia, al sistema educativo; a oportunidades laborales con garantías plenas o a servicio públicos básicos. Las barreras que impiden el goce efectivo de los derechos asociados a estos sistemas, se profundizan cuando se trata de poblaciones vulnerables o que históricamente han sido marginadas de los espacios de toma de decisiones como las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores entre otros.

Lo que está en juego en estas situaciones de desequilibrio es el ejercicio de derechos fundamentales y de derechos sociales que deben ser garantizados por los Estados. En nuestro caso, se trata de derechos consagrados en la Constitución de 1991 y en tratados de derechos humanos vinculantes para el Estado Colombiano. En esta medida, la exigibilidad de estos derechos a través de las herramientas que proporciona el Derechos es una de las formas en las que los ciudadanos podemos combatir las brechas de desigualdad y participar en la construcción de un país más justo.

Bajo esta premisa, en el año 2008 por iniciativa de la profesora Diana Quintero y con el apoyo de Paula Cerón, se da inicio al Grupo de Acciones Públicas de Icesi o GAPI que es la clínica jurídica de derechos humanos e interés público de la Universidad Icesi. Se trata de un proyecto que busca  implementar y consolidar el modelo de educación legal experiencial en la Universidad Icesi y de esta forma, complementar las alternativas de práctica que el Programa de Derecho ofrece a sus estudiantes. Dicho modelo pedagógico arribó al país desde los Estados Unidos en la década de los 90, y fueron la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario las primeras en contar con un espacio de “Clínica Jurídica”[2]. Particularmente, las clínicas jurídicas enfocan su trabajo en la defensa de los derechos humanos y el interés público usando herramientas como el litigio estratégico, el cabildeo y la pedagogía en derechos para atacar problemas estructurales que amenazan el goce de los derechos humanos y la consolidación de la democracia y el Estado social.

El GAPI fue la primera clínica universitaria en derechos humanos del Valle del Cauca dedicada a promover el derecho a la salud y la inclusión social de sujetos y grupos en situación de vulnerabilidad como víctimas del conflicto armado; personas en riesgo ambiental; adultos mayores; población con discapacidad; niños, niñas y adolescentes. Hoy día, las Facultades de derecho de las universidades San Buenaventura y Javeriana también cuentan con este espacio. La labor del GAPI se ha materializado a través de capacitación en derechos y mecanismos de participación ciudadana con el fin de empoderar a las comunidades, así como en actividades de litigio estratégico con las cuales se pretende afectar positivamente el ejercicio de derechos de estas poblaciones.

El GAPI ha tratado de incidir en temas de interés nacional y locales. En los primeros, desde sus inicios docentes y estudiantes han trabajado para producir documentos de apoyo en  procesos que han terminado con decisiones importantes de la Corte Constitucional en temas como: la protección del régimen patrimonial de las parejas de la comunidad LGBTI; el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 sobre el derecho a la salud en Colombia; y el seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 sobre la situación de cosas inconstitucional ocasionada por el desplazamiento forzado. Recientemente, el Grupo ha producido informes sobre la atención diferencial de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, (2014) presentado ante el Comité de la ONU de la Convención de los Derechos del Niño, y sobre el derecho de acceso a agua potable (2015) para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el ámbito local, dentro de la línea de litigio estratégico, nuestro caso emblemático es la acción popular para la recuperación de la quebrada Guarrús que atraviesa varios barrios de la Comuna 20 (comúnmente identificada como Siloé). Este trabajo ha sido posible gracias a la participación de los líderes comunitarios de la zona que han sido claves para propiciar espacios de capacitación en temas medio ambientales y de participación ciudadana. A finales del año 2011, el GAPI presentó la acción popular para la protección del recurso hídrico representado por la quebrada Guarrús. Dicha acción judicial fue conocida y fallada, a principios de 2015, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, entidad que reconoció la afectación causada al medio ambiente por la omisión de las autoridades locales, esto es Alcaldía de Cali, EMCALI y la CVC. Actualmente, este caso se encuentra en conocimiento del Consejo de Estado en segunda instancia.

El GAPI tiene como objetivo contribuir con estas acciones a la defensa de los derechos de poblaciones vulnerables ampliando así sus posibilidades para que ejerzan ciudadanías plenas. Así, comunidades, estudiantes de derecho, algunos practicantes de los programas de Antropología, Psicología, Ciencia política y Sociología y los docentes del programa de Derecho vinculados al Grupo[3], dan su aporte para la materialización de las aspiraciones de la Constitución de 1991, a través de la cual los colombianos imaginamos un país más justo, solidario y en paz. Elementos necesarios para superar la desigualdad y la pobreza.

[1] http://www.masqueingreso.org/mapa-del-bienestar/

[2] La doctrina especializada sobre el tema asigna el nombre de “Clínica Jurídica”, debido a que se equipara con la rotación en clínicas y hospitales que los estudiantes de medicina deben hacer en su último año de la carrera con el fin de apropiarse del conocimiento a través de la práctica con pacientes reales.

[3] A lo largo de estos siete años han sido asesores del Grupo Álvaro Henao, Carol Palau, Diana Quintero, Gabriela Recalde, Juan Fernando Urriago, Paula Cerón, Sara Ordoñez y Santiago Toro.