Las trabajadoras sexuales están en la periferia de la vida social y económica en muchos países. Cada vez más, incluso los gobiernos miran a las trabajadoras sexuales como sujetos indignos de beneficios o protección legal. Sólo en la India hay 3 millones de profesionales del sexo, de los cuales se estima que el 40% son menores, según un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño de la India. Desde entonces no se han publicado más estadísticas oficiales sobre este sector de la población, y tanto la aceptación como el reconocimiento son una perspectiva lejana en los países en desarrollo.

Algunas jurisdicciones han despenalizado las actividades relacionadas con la prostitución, entre ellas Nueva Zelanda, partes de Australia, Alemania, los Países Bajos y partes de los Estados Unidos. Sin embargo, aunque la India ha legalizado el trabajo sexual, aún quedan problemas por resolver. Ya sea legal, ilegal o alegal, las prostitutas en Lima ,en Pekín, en Nairobi, en Estocolmo… en cualquier lugar del mundo, existen, y mirar hacia otro lado es negarles sus derechos como personas. El debate debe abrirse, y ellas deben ser la principal voz a tener en cuenta en dicho debate.

¿Hasta dónde podemos llegar en la legalización del trabajo sexual?

El limitado alcance de la educación sexual en las escuelas deja claro que el sexo se considera un tabú en muchos países. Y, en un contexto social y cultural que hace del sexo un tabú, legalizar el trabajo sexual es casi blasfemo. Ese tabú se nutre, además, de la homofobia y transfobia persistentes. Por ejemplo, existen muchos países en los que todavía es ilegal la homosexualidad, en otros, se pretende despenalizar, aunque está costando, como en la India. En ese país pesar del rico legado histórico de emancipación y potenciación de la mujer, que se remonta a la literatura budista antigua y medieval que celebraba a las prostitutas que se alzaban como monjes (Amrapali), la noción inherente que subyace al trabajo sexual inspira repugnancia y aborrecimiento generalizados.

La legalización del trabajo sexual en sí mismo sigue siendo un enigma. Por ejemplo, una opción para el trabajo sexual legalizado podría hacer uso de los centros de zonificación urbana donde la prostitución es permitida (aunque esta estrategia reportó resultados sombríos en Gran Bretaña). Alternativamente, las trabajadoras sexuales podrían obtener una licencia, pero esto podría promover la discriminación y los prejuicios sobre la base de la identidad e infringir la privacidad de las trabajadoras sexuales.

Por lo tanto, la legalización es polémica. Pero la única alternativa de la legalización puede ser la explotación.

¿Cómo restringen las leyes internacionales la legalización del trabajo sexual?

Las leyes y convenciones internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de 1979 ponen en peligro a las trabajadoras sexuales. El artículo 6 de la CEDAW exige a los Estados que tomen “todas las medidas apropiadas para suprimir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución de la mujer”. Esas medidas amenazan con leyes contraproducentes para reprimir la trata que podrían perjudicar gravemente a las trabajadoras del sexo.

Además, los programas de ayuda internacional como la Ley de Liderazgo contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria de los Estados Unidos condicionan la financiación a una promesa de oposición a la prostitución. Este condicionamiento restringe la capacidad de los beneficiarios de la ayuda para trazar sus propios cursos de legalización.

¿Es la hierba realmente más verde al otro lado de la legalización?

Ante el creciente apoyo a la legalización del trabajo sexual, los críticos se preocupan por la ignorancia de las verdaderas consecuencias de la legalización. Los estudios muestran que la mayoría de las trabajadoras del sexo entran en la prostitución por necesidad, no por elección personal. Podríamos preguntarnos si la continua criminalización que mantiene a las trabajadoras atrapadas es justificable, cuando en cambio podríamos centrarnos en ayudar a las trabajadoras del sexo a escapar de la prostitución. La licencia o algún otro certificado de trabajo sexual que se añade a su currículum sería convencionalmente considerado una posible mancha en su historial. Sin embargo, a esto cabe responder que muchos trabajos ingratos se ejercen por necesidad, y que aquí lo que cabe hacer es un trabajo pedagógico contra la hipocresía que penaliza social y moralmente a mujeres que prestan un servicio como cualquier otro, con unas condiciones pactadas y por un tiempo limitado. Deshacernos de términos localistas como ‘photokines’, que no son mas que no son más que otro modo de negar la realidad, así como los eufemismos como ‘kinesiólogas en Lima’ o ‘damas de compañía’ que se usa en más países, e incluso ‘cortesanas’, termino muy utilizado en Europa, podría ser un primer paso.

Una segunda preocupación se centra en el riesgo de que la legalización pueda aumentar la trata de personas. Una mayor legitimidad del trabajo sexual podría impulsar la economía de ese sector, pero las trabajadoras sexuales probablemente no se beneficiarían de tal crecimiento. La mayoría de las redes de tráfico sexual operan en una economía sumergida, y los beneficios se concentran más allá del alcance de las trabajadoras sexuales. Debemos ser conscientes de que la legalización por sí sola no transferiría por sí misma los beneficios a los alcances más bajos. Aunque es cierto que la legalización ofrece una mayor protección a quienes deciden por voluntad propia, ejercer este trabajo.

Por último, el trabajo sexual sigue siendo un sector bastante desorganizado, con muchas mujeres operando desde sus casas. La legalización empujaría a muchas trabajadoras al exterior, y pronto se produciría un mayor estigma. Algunos vecinos podrían prohibir a las trabajadoras sexuales que vivan cerca. Aquellas trabajadoras sexuales demasiado reticentes para presentarse también serían excluidas de las protecciones del derecho laboral bajo un esquema de legalización. Nuevamente, nos topamos ante un problema de doble moral e hipocresía, que debería contemplarse desde el trabajo legislador, para de ese modo asegurar los derechos de todas las partes implicadas.

Es importante escuchar las voces que provienen de esta comunidad, en forma de sindicatos como la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) de España o la campaña DecrimNow en Gran Bretaña. La legalización del trabajo sexual es más que un mero debate legal y afecta a la salud de las trabajadoras sexuales. En este momento, la legalización quizás requiere el surgimiento de un consenso en la comunidad más que un dictado gubernamental. Dentro del feminismo el debate está encendido entre abolicionistas y regulacionistas. Sea como sea, es importante que exista, que sea sosegado y que se plantee en base al beneficio de las implicadas y de la sociedad en su conjunto.