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En el año 2018, se contó con la participación de trece estudiantes del consultorio jurídico como miembros activos, dos estudiantes de la Maestría en Derecho Modalidad Investigación de la Universidad Icesi, quienes apoyaron en distintos momentos el trabajo de la clínica jurídica, así como once estudiantes voluntarios del pregrado en Derecho. En el año se trabajó, en términos generales, en el análisis crítico de la política de vivienda de interés prioritario de la ciudad de Cali, a partir de un estudio de caso del barrio Llano Verde en la comuna 15 de la ciudad. Igualmente, en la defensa de las garantías de las comunidades vulnerables, fundamentalmente, personas con discapacidad y población víctima del conflicto armado; lo anterior, a través del empoderamiento en distintos ámbitos, como en la asesoría en conformación de colectividades de interés público, veedurías ciudadanas, y en la interposición de las acciones administrativas y/o judiciales necesarias; todo con el fin de lograr la promoción, exigencia y/o concreción de los derechos de estos grupos poblacionales. También se trabajó, en alianza con el Pacto de Productividad, en la promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por otra parte, se analizaron los compromisos, avances y oportunidades de la implementación de los principios del Pacto Global suscrito por la Universidad Icesi en el año 2013. Por último, el Grupo de Acciones Públicas también desplegó las primeras acciones encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores. |
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Análisis crítico de la política de viviendaCon el propósito de generar soluciones a esta problemática, el GAPI en compañía de las personas directamente afectadas, han interpuesto 11 acciones de tutela, de las cuales 8 han tenido un fallo satisfactorio. A pesar del fallo satisfactorio el GAPI ha tenido que recurrir a interponer incidentes de desacato requiriendo el cumplimiento inmediato. En este marco, integrantes del GAPI presentaron una acción pública de inconstitucional en contra el parágrafo 3, artículo 1 de la ley 1114 de 2006 Acciones de tutela para la promoción de ajustes razonables en Llano Verde: desde el año 2015 hemos venido trabajando por la defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, en particular por su derecho a la vivienda digna. El enfoque del proyecto se direcciona al estudio específico del Barrio Llano Verde de la ciudad de Cali, pues se evidenció que este es un sector de la ciudad altamente vulnerable socioeconómicamente, en dicho barrio se encuentran ubicadas 4.319 viviendas que fueron otorgadas por el Gobierno Nacional en el marco del proyecto “Haciendo casas, cambiamos vidas”, estas unidades habitacionales no cuentan con ajustes razonables para población en condición de discapacidad, es decir, no cumplen los requisitos mínimos constitucionales y convencionales para ser tenidas en cuenta como viviendas dignas para quienes tienen una diversidad funcional. Para desarrollar el proyecto, se realizaron visitas de campo y entrevistas a diferentes grupos familiares, que pudieran dar cuenta de la problemática. Lo anterior ha permitido inculcar en los estudiantes de la clínica una visión más amplia acerca de las problemáticas sociales. En el marco de este proyecto, se presentó una ponencia el día 1 de noviembre de 2018 en el VIII Encuentro de Clínicas Jurídicas que tuvo lugar en la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá, donde dos de los abanderados del proyecto, expusieron el propósito y las acciones que ha tomado el GAPI en el caso Llano Verde, mencionando otros proyectos transversales que hemos venido apoyando en relación con el derecho a la vivienda digna, tales como la Acción Pública de Inconstitucionalidad por porcentaje de Viviendas de Interés Social con ajustes razonables, los Centros de Salud y Desarrollo Infantil sin culminar en el barrio y otros problemas que se presentan por la falta de participación de la administración en esta comunidad y en especial por las necesidades de la población con discapacidad en la ciudad de Cali. Acción Publica de Inconstitucionalidad Ley 1114 de 2006: Este proyecto comenzó en el año 2017 y someramente buscaba declarar la inconstitucionalidad, o bien la inconstitucionalidad parcial del artículo 1 parágrafo 3 de la ley 1114 de 2006 que destinaba un (1%) de las viviendas de interés social que construyera el Gobierno Nacional, adecuadas para las personas con discapacidad; sin tener en cuenta que, para aquel año, según el censo nacional, el porcentaje de personas con discapacidad era mucho mayor al (1%) de toda la población. Por tal motivo, el GAPI instauró la demanda de inconstitucionalidad en el año 2017 y al ser inadmitida se continuó consolidando argumentativamente para interponerla de nuevo en el segundo semestre de 2018. Esta acción fue admitida en el mes de enero del año 2019. Las actividades que se realizaron por parte de los miembros activos del GAPI, fueron principalmente investigativas, en cuanto a identificar cuál era la mejor ruta por medio de la cual se pudiese declarar la inconstitucionalidad, o bien la constitucionalidad parcial de la Ley 1114 de 2006, en donde grosso modo se establece que en los proyectos que desarrolle el gobierno nacional en viviendas de interés social, deberá destinar un uno por ciento (1%) de viviendas adecuadas para las personas con discapacidad. Esto se desarrolló con el apoyo y la colaboración del asesor Fabio Obando. En el mes de julio del 2019, la Corte Constitucional mediante sentencia C-327 de 2017 decidió declarar la constitucionalidad condicionada de la disposición demandada con el fin que se entendiese que el 1% fijado en la Ley se debía entender como el mínimo de viviendas de interés social a las cuales debe realizársele ajustes razonables para la población con discapacidad que pueda resultar beneficiaria de los proyectos. Lo cual se configura en un avance en la protección de esta población alcanzada a través de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el GAPI. • Video - Entrevista Arq. Juan Camilo Quintero. • Noticia - El GAPI busca adecuación de viviendas de interés social para personas con discapacidad • Noticia - Por unas viviendas sin barreras • Noticia - Casas para pobres acogerán población discapacitada Todos contra el Bullying: Protección de Derechos Humanos
Con este proyecto se busca incentivar a la población estudiantil, administrativa académica y familiar sobre cómo abordar los eventos en que se presente bullying tanto dentro de la institución educativa como en el entorno familiar con el fin de concientizar el debido proceso y ruta de atención correspondiente para la protección de los Derechos Humanos de los menores; lo anterior, a través de una cartilla en la cual se evidencie la ruta de atención que cada parte puede llevar a cabo con el fin de trabajar en contra del Bullying. Cartilla Ciudadanía Activa y protección de Derechos
La cartilla Ciudadanía Activa y protección de Derechos, nace como un proyecto propuesto por el estudiante Manuel Alejandro Guevara Bocanegra, miembro activo del GAPI, quien participó del programa escuela de incidencia de la Fundación Chilena Ciudadano Inteligente, organización que aporto el presupuesto para el desarrollo del proyecto. El proyecto identifica la ausencia de conocimiento por parte de los ciudadanos de sus derechos, como también el poco manejo de los mecanismos reconocidos por el Estado Colombiano para la protección de los derechos, los cuales pueden constituirse como una herramienta y un medio para interactuar con la administración pública y amparar derechos. Con la firme convicción que una ciudadanía activa es la que logra las transformaciones sociales, El Grupo de Acciones Públicas – GAPI – de la Universidad Icesi, la Corporación A&P ‘Acción y Participación’ y la Fundación Ciudadano Inteligente, han apostado por el fortalecimiento de las Competencias ciudadanas, el reconocimiento de los derechos y el empoderamiento respecto del uso de los mecanismos existentes en Colombia para la garantía y protección de los Derechos. La cartilla ha priorizado cuatro mecanismos, a saber; Derecho de Petición, Acción de Tutela, Acción de Grupo y Acción Popular. Los cuales, si bien son concebidos como mecanismos para la protección de Derechos, actualmente han logrado tener un impacto mayor en la sociedad, siendo herramientas útiles para la interacción Ciudadano-Estado. Así mismo, a través de estos se ha permitido abordar necesidades sociales e impactar directamente a la sociedad; se debe resaltar que, en principio, tres de estos mecanismos no necesitan de apoderado judicial como requisito para ser usados. Petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Caso Masacre de Bojayá
El Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi (CEAF) por más de 10 años ha venido construyendo una relación cercana con la comunidad de Bellavista, Bojayá. Mediante numerosas visitas y trabajos de campo realizados, advirtió la necesidad de adelantar acciones judiciales en un escenario internacional, debido a la ausencia de medidas de protección y reparación íntegras y materiales por parte del Estado. El Grupo de Acciones Públicas de Icesi (GAPI), como parte de esta labor interdisciplinaria, aportó el componente jurídico necesario para la protección de los derechos de las víctimas de la Masacre de Bojayá. Así las cosas, GAPI se propuso realizar un litigio estratégico sometiendo el caso ante el SIDH, mediante la presentación de una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dado que la Masacre de Bojayá es un caso emblemático, esta petición permite no sólo la promoción de los derechos de las víctimas, sino que, además, insta al Estado colombiano al cumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía y respeto. Inclusión laboral de población con discapacidad, en alianza con el Pacto de ProductividadEl proyecto de inclusión laboral – Pacto de productividad se centra en darle la posibilidad a los estudiantes de participar en una interacción directa con el programa Pacto de Productividad dirigido a promover el conocimiento en materia de inclusión laboral de población con discapacidad. En este sentido, se realizó un convenio con la Fundación Corona (socio fundador), con el fin de establecer bases de cooperación en el campo académico e investigativo en el tema de inclusión laboral de población con discapacidad. En especial:
En este marco, se firmó un convenio con la Fundación corona en representación del programa de pacto de productividad, la cual busca la creación de contenido dirigido a empresarios acerca de los beneficios de contratar población con discapacidad, la generación de artículos técnicos y académicos acerca de la inclusión laboral de población con discapacidad, la cual está dirigiendo la estudiante de Maestría en Derecho en modalidad de investigación: Juliana Guerrero Morales. Atención a población migranteEl GAPI busca generar acciones jurídicas, académicas y educativas a favor del proyecto entre ACNUR y la Corporación Opción Legal para la Población con Necesidad de Protección Internacional con el fin de dar atención, asesoría y acompañamiento jurídico a ésta población con el objetivo de mitigar las acciones u omisiones del Estado colombiano en la ciudad de Santiago de Cali Con este fin, se suscribió un convenio con la Corporación Opción Legal y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR para implementar, a través de su Consultorio Jurídico y del Grupo de Acciones Públicas de Icesi -GAPIun proyecto de asistencia legal y orientación jurídica gratuita a población con necesidad de protección internacional. En este marco, se han elaborado distintas brigadas de atención a población venezolana, así como diseño de infografías sobre sus derechos, con lo cual se busca, dar una orientación jurídica sobre las distintas rutas o formas en las cuales puedes tomar para enfrentar los problemas de salud, educación, nacionalidad, entre otros, que peudan enfrentar. Actividades en formación y debate para la promoción de derechosEl GAPI promueve debates de interés público, mediante foros de discusión en temas de interés público: manejo de antenas y salud pública en Cali, derechos de consumidores y usuarios de servicios públicos domiciliarios, derecho a la salud mental de comunidades vulnerables, derechos de personas en situación de discapacidad y población desplazada. Estas actividades se han realizado en colaboración con entidades públicas y privadas como la Personería Municipal y la Alcaldía de Cali, la Sociedad de Mejoras Públicas, El Centro de Atención Psicológica de Icesi, CAPSI, entre otros. Se ha capacitado a profesores y estudiantes de colegios de Cali, a Jueces de Paz, a funcionarios públicos del Municipio, a miembros de mesas de participación de víctimas y a miembros de fundaciones y organizaciones sociales en mecanismos de participación ciudadana, derechos sexuales y reproductivos, competencias legales y derechos de la población con discapacidad. |
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Inclusión de la población con discapacidad y sus ayudas terapéuticasEl GAPI promueve Acciones encaminadas a generar una reducción de barreras a las personas con discapacidad mediante el reconocimiento de sus tratamientos terapéuticos, incluso a través de la animal, dentro la interacción social y espacial. En este marco, se realizaron actividades investigativas con el fin de realizar una Acción Pública de Inconstitucionalidad (API) en contra del artículo 117, Parágrafo 1 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana por cuanto contraría la Constitución Política en sus artículos 1,2, 13 y 47, así como los artículos 9, numeral 1 literal A, y 20 literal B, de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. En el mes de junio de 2019 fue radicada la API, porque – en términos generales – se encontró que la disposición citada limita el acceso a lugares públicos, abiertos al público y edificaciones públicas de personas con discapacidad o con alguna patología que requiera el acompañamiento de un perro de asistencia, distinto al perro guía. La demanda fue admitida el 02 de agosto de 2019 notificado mediante estados el 06 de agosto de 2019 por parte de la Corte Constitucional. Por lo que, como clínica jurídica nos encontramos realizando litigio estratégico que tiene como finalidad visibilizar el tratamiento desigual que genera la norma a una población específica.
Labores de Secretaría Técnica y Asesoría JurídicaSe han realizado en forma sistemática, labores de secretaría técnica y asesoría jurídica encaminadas al apoyo en la constitución y sostenimiento de agrupaciones de ciudadanos como espacios de participación y constitución de comunidades civiles empoderadas, con el fin de fortalecer la incidencia de la población (sobre todo la vulnerable) en la estructuración de políticas públicas y en la destinación de recursos para la protección, promoción y materialización de sus propios derechos, los cuales en muchas ocasiones no son conocidos. Dicha asesoría, orientación y/o secretaría técnica ha sido para las siguientes agrupaciones: Fundación Pazos, Ajustes Razonables, Redisvalle, Fedisvalle, veedores del sistema salud para realizar informe sombra ante el CEDDIS y el comité departamental de discapacidad (que es un espacio de líderes representantes de personas con discapacidad y la Gobernación del Valle del Cauca). En términos generales, el GAPI les ha brindado apoyo en:
Frente al comité departamental de discapacidad, se suscribió un documento como asesoría jurídica, con destino al ministerio del interior, en cuanto a la pertinencia de la inclusión de miembros representantes de la sociedad civil adicionales a los mínimos estipulados por la Ley 1145 del 2007 dentro la instancia del comité, en razón a que esta inclusión es acorde con los postulados administrativos, legales y constitucionales. Pacto Global
El enfoque que el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi ha decidido darle al proyecto de Pacto Global, es el de servir de apoyo para la Universidad en cuanto al seguimiento de los compromisos adquiridos por hacer parte de Pacto Global. Este proyecto tiene por propósito rastrear los avances y las medidas adoptadas hasta el momento para el cumplimiento de los principios que integran y soportan a Pacto Global. Sin embargo, su principal enfoque consiste en identificar y desarrollar acciones enmarcadas bajo los lineamientos de la Política Universitaria de Igualdad de Trato, ratificada por la Junta Directiva de la Universidad Icesi mediante la Resolución No. 50 del 18 de mayo de 2016. Se trata entonces de encontrar y dar a conocer los escenarios en los que esta Política se ha materializado y de colaborar con el cumplimiento de la misma específicamente en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad que permanecen en la Universidad Icesi. Defensa y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentesA través de esta línea de trabajo, el GAPI ha desarrollado proyectos de investigación aplicada que tienen por objetivo visibilizar la situación de NNA en el Valle del Cauca en relación con sus derechos fundamentales. Por ejemplo, en enero de 2015 se presentó ante el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU en Ginebra un informe sobre la situación del acceso a salud mental y atención psicosocial a menores de edad víctimas del conflicto armado. Este informe fue acogido por el Comité e incluido en las recomendaciones finales formuladas al Estado Colombiano. Igualmente, desde 2015 el GAPI desarrolla la estrategia de educación en derechos sexuales y reproductivos “¡Saber te protege!”, cuyo propósito es la divulgación de los beneficios que el sistema de salud colombiano consagra para la garantía de la salud sexual y reproductiva en jóvenes y adolescentes. En el marco de esta estrategia se han desarrollado capacitaciones a jóvenes escolarizados y funcionarios de la Red de Salud de Ladera de Cali. Litigio estratégico por la recuperación de la quebrada Guarrús
Entre 2009 y 2011, se diseñó y presentó con población de ocho barrios de la comuna 20 de Cali una acción popular para la recuperación de la quebrada Guarrús, y la consiguiente protección del recurso hídrico de la ciudad. La acción tuvo como demandados al Municipio de Cali, a EMCALI y la CVC. En enero de 2015 el GAPI ganó el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia que reconoció la vulneración de los derechos colectivos al medio ambiente sano de los demandantes. El proceso se encuentra actualmente en trámite de segunda instancia ante el Consejo de Estado. Como resultado de este proceso la clínica se vinculó al trabajo interinstitucional de la Mesa de Agua del Municipio, bajo la coordinación de EMCALI, y a la iniciativa ciudadana liderada por el Colegio Ideas denominada Cali Ciudad de las Aguas. Actualmente, el GAPI continúa asesorando a esta comunidad y visibilizando el caso a través de sus redes sociales. Fortalecimiento de una cultura ambiental ciudadana en la cuenca media del río Cañaveralejo de Cali
Este es un proyecto de investigación aplicada con dos componentes: el pedagógico enfocado en la formación en derechos y participación ciudadana y el fortalecimiento de competencias para el cuidado del medio ambiente; y el jurídico referido a la interposición de una acción popular. En este momento el desarrollo de este proyecto está centrado en el trabajo con la comunidad del barrio Brisas de Mayo, perteneciente a la Comuna 20. Durante este semestre dentro del componente pedagógico se realizaron talleres con los miembros de la Junta de Acción Comunal y otros líderes del barrio. Inclusión social
Desde sus inicios el G11 adelantado proyectos de investigación aplicada que pretenden diagnosticar las principales barreras para el ejercicio de los derechos de poblaciones vulnerables. Entre las investigaciones adelantadas se encuentran: Veeduría de la actuación judicial adelantada a través de los consultorios jurídicos de Cali en el periodo: último trimestre 2009 y primer semestre 2010. El Grupo de Acciones Públicas de Icesi, decidió crear una veeduría ciudadana; cuyo objetivo principal era realizar un seguimiento al cumplimiento del debido proceso, y la tutela judicial efectiva en las actuaciones judiciales adelantadas por los consultorios jurídicos de la ciudad de Cali. Para cumplir con esto, se desarrolló un proyecto de investigación cuyas actividades centrales fueron: entrevistas a los asesores de los seis consultorios, revisión de expedientes de los procesos civiles, laborales y de familia, y entrevistas a diecisiete (17) jueces de las distintas especialidades. Se indagó acerca de la efectividad de los derechos de los usuarios de la justicia, los comportamientos de funcionarios judiciales y abogados y la gestión administrativa. A partir de esta información se realizaron importantes hallazgos sobre las principales falencias y fortalezas de la Rama Judicial respecto a la atención de la población que acude a los consultorios jurídicos, y se elaboró un documento con recomendaciones para la solución de las mismas. Situación de la población desplazada del Municipio de Santiago de Cali en materia de acceso a la salud, a la educación y a la vivienda: el caso de FUNDEMUD. A través de este proyecto se adelantó en 2010 el acompañamiento jurídico a los procesos de reclamación de derechos adelantados por FUNDEMUD, organización social sin ánimo de lucro, que aglutina aproximadamente a 180 núcleos familiares en situación de desplazamiento forzado, integrados por distintas razas, sin un mismo lugar de proveniencia, que habitan en el municipio de Santiago de Cali. Se diseñó un proyecto de investigación aplicada a través de dos fases. Una primera de caracterización socio-demográfica de las familias integrantes, en especial de la situación atinente a los derechos a la salud, la educación y la vivienda. La segunda fase consistió en el análisis de la situación real de esta población, frente a las disposiciones legales que consagran los deberes estatales con la población desplazada, en especial, la sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de seguimiento. |
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