ARTÍCULOS

Organizaciones de sociedad civil. Pluralismo democrático

Civil society organizations. Democratic pluralism

Organizações da sociedade civil. Pluralismo Democrático

FARIDE CRESPO RAZEG, MSc.*; JUAN CAMILO BUITRAGO TRUJILLO, MSc**

* Profesora del Departamento de Gestión Organizacional, Universidad Icesi, Colombia. fcrazeg@gmail.com.

Autor para correspondencia. Dirigir a: Departamento de Gestión Organización, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Icesi, Calle 18 No. 122-135, Cali, Colombia

** Profesor del Departamento de Diseño, Universidad del Valle, Colombia juan.buitrago@correounivalle.edu.co.

Recibido: 17-may-11, corregido: 21-may-12 y aceptado: 10-ago-12
Clasificación JEL: N36, N96

RESUMEN

Dada la importancia de la participación democrática en la historia de Colombia ¿sería posible hablar de pluralismo democrático?. El objetivo central de este artículo es presentar las transformaciones en la conformación de organizaciones de sociedad civil, considerando los aspectos socioeconómicos y políticos, sufridos desde 1930 hasta finales del siglo XX en Colombia, que han cambiado las agendas de los gobiernos, transformando su perspectiva funcional. Estos hechos han sumido a la población en una desilusión institucional, suscitando la reflexión de sí se puede hablar de un ejercicio legítimo de reivindicación civil en Colombia. La discusión surge a partir de fuentes secundarias, teniendo en cuenta perspectivas de diferentes disciplinas sobre la historia del país, centrándose en las organizaciones de sociedad civil.

Palabras clave. Sociedad Civil en Colombia; Democracia en Colombia; Reivindicación Social en Colombia.

ABSTRACT

Given the importance of democratic participation in Colombian history, it is possible to speak of democratic pluralism in Colombia? The central objective of this article is to discuss the transformations that have occurred in the establishment of civil society organizations taking into consideration the socioeconomic and political events that took place from 1930 to the end of the twentieth century in this country which have not only changed the political agendas of Latin American countries, but also transformed their functional perspective. These events have plunged the population into institutional disillusionment, raising a reflection as to whether there is legitimate exercise of civil vindication in Colombia. This discussion arises from secondary sources, taking into account the perspectives of various disciplines about Colombian history and focusing on civil society organizations.

Keywords. Civil society in Colombia; democracy in Colombia; social vindication in Colombia.

RESUMO

Dada a importância da participação democrática na história da Colômbia, seria possível falar de pluralismo democrático? O objetivo central desse artigo é apresentar as transformações na conformação de organizações da sociedade civil, considerando os aspectos sócio econômicos e políticos, sofridos desde 1930 até ao final do século XX na Colômbia, que alteraram as agendas dos governos, transformando sua perspectiva funcional. Esses fatos têm mergulhado a população em uma desilusão institucional, suscitando a reflexão sobre se é possível falar de um exercício legítimo da reivindicação civil na Colômbia. A discussão surge a partir de fontes secundárias, tendo em conta as perspectivas de diferentes disciplinas sobre a história do país, centrando-se nas organizações da sociedade civil.

Palavras-chave. Sociedade Civil na Colômbia; Democracia na Colômbia; Reivindicação Social na Colômbia.

''el Estado es la expresión de la clase dominante
pero también el espacio político donde se
enfrentan, luchan, negocian y se concilian
los intereses de las clases, grupos de presión y
gremios de la sociedad'' (Kalmanovitz, 1943)

Transformaciones

En 1982 el anuncio de la interrupción del pago de la deuda externa por parte del Secretario de Hacienda mexicano, Jesús Silva Herzog, detona una crisis en los países latinoamericanos que, entre otras cosas, lleva a repensar el modelo desarrollista (cepalino para algunos) implementado hasta el momento en la región. Esta decisión fue imitada por otros países del sur del continente; los cuales empezaron a concebir e implementar nuevas estrategias, proyectos o planes para reemplazarlo. Varios acontecimientos, producidos gradualmente a lo largo de la historia de cada uno de los países latinoamericanos, suscitaron esta crisis; siendo un factor homogéneo la desilusión por los resultados de la implementación de las políticas de desarrollo, desde los años treinta del siglo XX.

El modelo implementado durante esta década estaba basado en la estrategia de industrialización y desarrollo, centrada en la expansión del mercado interno y el fomento de la producción de bienes industriales de consumo anteriormente importados¹, lo que implicaba un desmesurado proteccionismo (Sunkel, 1991). Para el caso colombiano la estrategía estuvo implementada bajo el nombre de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).

A partir de esto, la crisis de 1982 puso sobre la mesa las discusiones alrededor de las estrategias de desarrollo, las cuales estaban enmarcadas en tres corrientes. Por un lado, la crítica de izquierda, que consideraba que el papel del Estado debía ser más activo, con una fuerte orientación hacia la intervención. La segunda corriente o la opción de la derecha, auspiciaban experimentos socializantes, en países como Uruguay, Argentina o Chile. Por último, países como Brasil, México y Venezuela siguieron aplicando el llamado desarrollismo estructuralista pero introduciendo elementos nuevos, sobre todo en el sector externo; lo cual les permitió continuar, por algún tiempo, con el crecimiento económico a pesar de problemas como dependencia y polarización (Sunkel, 1991).

Ahora bien, una de las soluciones frente a los problemas relacionados con las políticas económicas y sociales, implementadas en el marco del modelo desarrollista, fue la del financiamiento externo acentuado en la década de los setenta; que condujo a ponerle fin al problema de iliquidez y, por ende, a las preocupaciones sobre el desarrollo. Sin tener en cuenta que esta decisión implicaba el alejamiento de la idea de autosostenimiento y, a su vez, creaba dependencia territorial, siendo un retroceso en el proceso modernizador (Germani, 1971).

De este modo, el creer tener el crecimiento económico asegurado (pues además en estos años algunos de estos países progresaron considerablemente²) dio paso a dos nuevas preocupaciones: la estabilidad y la eficiencia. Dejando de lado la planeación e implementación de estrategias a largo plazo que permitieran aprovechar racionalmente los recursos externos que estaban llegando; además, la ortodoxia neoliberal estaba cobrando fuerza (Sunkel, 1991). Contrario a lo anterior, el propósito de programas económicos de países como Argentina y Chile, por ejemplo, fue reconstruir el mercado de capitales y disciplinar los productos nacionales mediante la eficiencia para la competencia externa (Cavarozzi, 1995).

Entre los años 1979 y 1982, la nueva recesión mundial, por la segunda crisis de petróleo, aunado a los cambios en la política de los Estados Unidos, provoca tres hechos funestos para la economía de los países latinoamericanos: el aumento considerable de las tasas de interés, la contracción del comercio internacional y el deterioro de la relación de intercambio comercial. Acontecimientos que conllevan a la crisis de la deuda externa, a partir de lo cual ajustaron y reestructuraron las políticas económicas en los países latinoamericanos³, como respuesta a esta crisis. Es en este punto donde el Estado mexicano anuncia la mencionada decisión de no seguir pagando la deuda externa.

1 El poder en medio de la crisis

Durante estos años no sólo las transformaciones económicas fueron protagonistas, la crisis estaba enmarcaba en varias esferas de la sociedad. Tanto la crisis de poder y los cambios que sugería la esfera estatal, como la impotencia de los gobiernos frente al devenir de la deuda; según Weffort (1995), pueden ser considerados indicadores de la crisis del Estado que se vivió en ese momento. Desde la década del treinta, buena parte de los países de América Latina promovían el proceso de construcción de un Estado nacional dirigido a la industrialización y a la integración social⁴. Contrario a los resultados esperados a lo largo de este proceso, la deuda había llevado a muchos de estos países rumbo a la desindustrialización y a la desintegración, ''hoy por lo que parece, [los países latinoamericanos] se encaminan a su destrucción'' (Weffort, 1995, p. 425).

Teniendo en cuenta las particularidades de cada país, la crisis fue general; siendo los itinerarios políticos una de las características más importante, donde la inestabilidad y la militarización política fueron fenómenos presentes en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay⁵; pero no en extremo ajenas, en casos como el mexicano o el colombiano, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) adoptó en México políticas orientadas a neutralizar demandas sociales, que podrían señalarse como similares al caso del Frente Nacional colombiano⁶. Igualmente, los gobiernos militares del cono sur, en la década del setenta, implementaron políticas de apertura comercial y antiinflacionaria con el ánimo de transformar la matriz prevaleciente desde los años treinta (Cavarozzi, 1995), que tampoco resultaban ajenas a las estrategias de los gobiernos colombianos de Pastrana y López en la misma época.

Así, el principio de la problemática, el mencionado anuncio de no pago de la deuda externa por parte del gobierno mexicano, fue una consecuencia de diferentes hechos acumulados a lo largo de varias décadas y, que además tuvo efectos; donde la renuencia al pago no es solo un hecho que rompe con lo establecido sino un efecto de varias causas y el detonante de diversos procesos de transformación en cada uno de los países latinoamericanos.

En este sentido, Cavarozzi (1995) presenta cinco fenómenos que marcan el derrumbe de los mecanismos o modelos constituidos a partir de la década de los treinta hasta mediados de la década de los noventa en la región. Siendo el primer fenómeno la doble crisis, caracterizada por haberse intensificado la crisis fiscal del Estado, que a su vez generó el deterioro de la calidad de los servicios públicos y la reducción de la inversión pública, mientras el déficit de la balanza de pagos se convertía en fenómeno crónico. Las variaciones en el comportamiento de las empresas privadas, fue el otro fenómeno de la época, reduciendo los niveles de inversión al interior de los países, expandiendo la economía informal e incrementando la fuga de capitales. Una tercera tendencia fue el incremento de la desorganización económica por el aumento de la inflación. La desvinculación parcial de las economías latinoamericanas del sistema internacional, bien por su incapacidad para soportar los costos del mercado, bien por el reemplazo artificial, de no pocos, de los bienes primarios que, a pesar de un tímido esfuerzo por la diversificación de las exportaciones, aún caracterizaban la dinámica del mercado exterior de la región, fue un cuarto fenómeno. Y por último con sus respectivas variaciones, la desintegración y la consiguiente desaparición de los actores colectivos que habían surgido hasta los años ochentas⁷.

Además de estos fenómenos y de problemas presentes en la mayoría de los países como: el subempleo, el desempleo, la marginalidad social, la caída de los ingresos, el deterioro de la calidad de vida, la destrucción del medio ambiente, entre otros (Weffort, 1995). Es necesario sumarle la generación de nuevos hechos como el narcotráfico, fenómeno que ha hecho presencia en países como Colombia, Perú y Bolivia; al igual que la emigración, camino escogido por personas que participaron en los procesos revolucionarios de los países latinoamericanos o miembros de la sociedad que buscaban mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias en otros países.

Siendo esta crisis el detonador para el cambio en la cultura política; propiciando, en el terreno de la libertad, el inicio del proceso democratizador; abriéndo un nuevo campo de disputas; pretendiendo reconquistar la viabilidad nacional, que de la mano del reinicio del desarrollo económico, está relacionado con la integración regional (Weffort, 1995). Algunos de los factores causales de la demanda democrática fueron los procesos de urbanización e industrialización, la modernización del agro, la expansión y laicización de sistemas educativos, la revolución en materia de medios de información y de comunicación y, la constitución y difusión de diversas organizaciones (Sunkel, 1991).

2 ¿Democracia?

Al acercarse al concepto de democracía es importante la distinción de tres perspectivas: la democracia como ideal (utópica) y como sistema de gobierno actual; el respeto de la base del significado histórico teniendo presente la existencia de cambios o transformaciones importantes y, la necesidad de desarrollar indicadores o características que permiten distinguir en la realidad actual una democracia de una no democracia.

hace falta un idealtipo sobre cuya base decidir si, y en qué medida, un sistema político en el mundo real posee atributos del tipo duro... [pero además esta definición de tipo duro desarrolla una segunda función] para muchos de nosotros es un ideal, una meta, un estándar que consideramos deseable... [haciendo uso de éste se puede] juzgar la medida en que un sistema de gobierno concreto [...] acerca o carece de un ideal [y] conocer en qué medida en un sistema existente falta el ideal, dado que ninguno lo realiza jamás por completo, puede ayudarnos a determinar los cambios que se pueden y se deben hacer para llevar al sistema de gobierno más cerca del ideal. (Dahl, 2003, p. 15–16).

Ahora bien, la democracia tiene como requisito fundamental la igualdad política, tener un grupo de personas unidas con sentido de igualdad para la determinación de las políticas de asociación; sin dejar de lado los otros cinco requisitos: igualdad en las oportunidades de participación; igualdad en el peso del voto; igualdad en la obtención de información para comprender políticas y consecuencias de las mismas y, controlar el orden del día (Dahl, 2003). Así, el desarrollo de instituciones políticas esenciales para la democracia son constituidas desde el siglo XVIII, las cuales propician la participación en la vida política, la protección del derecho a la libre expresión y asociación, lo que Dahl (1989) denomina 'pluralismo'; donde además están enmarcadas las prácticas que protegen la institución.

Es en el sentido de las características de cambio social, expuestas para Latinoamérica en general, desde donde Weffort (1995) propone que la consolidación de la democracia depende tanto del impulso otorgado a la cultura política democrática, como de la importancia que adquiere el cumplimiento de los indicadores para determinar en concreto la democracia: la eficacia para resolver los problemas socioeconómicos, la fragilidad de los avances o posibles retrocesos democráticos alcanzados, los diferentes caminos posibles de la democracia para la construcción de la sociedad y, por último, los gobiernos autoritarios, los cuales a pesar del número de luchas democráticas de las últimas décadas en América Latina no han sido suficientes para dejarlos de lado completamente. Este tipo de gobiernos han provocado el rechazo de las sociedades, bien sea por miedo o por conformismo, frente a la conformación de organizaciones pluralistas; que generarían dinámicas democráticas, donde cada uno de los miembros de la sociedad logren ser representados en la estructura Estatal, en la toma de decisiones políticas, económicas o sociales.

Así, los conceptos de libre asociación o de pluralismo organizativo, introducen el tema de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), las cuales han tenido que ver, en algunas ocasiones con mayor ímpetu, en las transformaciones de los países latinoamericanos. Relación entendida de forma bidireccional, dado que los cambios socioeconómicos y políticos también han impactado en estas organizaciones bien sea transformándolas, acabándolas o creándolas.

A partir de la imposibilidad de los gobiernos de los países latinoamericanos para resolver los crecientes problemas, la población se repliega de la política, deshilachando las redes que pueden servir como escenario para la negociación y resolución de intereses; deshaciendo las redes privadas y públicas que servían para articular negociaciones en torno a cuestiones económicas centrales (Cavarozzi, 1995). En este contexto, adquiere importancia la construcción de un nuevo orden legítimo donde pueda ser producido el crecimiento de la base democrática que impulsa la modernización, aunque también supone un exacerbado corporativismo en el cual los intereses individuales (colectivos 'insulares') pretenden unívocamente su supervivencia (Weffort, 1995). Recordando a Dahl (2003): un pluralismo organizativo.

La influencia de la expansión de la sociedad civil estuvo presente en

Fenómenos sociales y político-culturales más difusos, como la modernización y la secularización de espacios privados como los de la familia, la escuela y el lugar de trabajo. Estos últimos procesos se desarrollaron bajo el ojo vigilante del Estado [lo cual provocó] el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones de trabajadores, pobres urbanos y, en menor medida, los campesinos, como el surgimiento de movimientos sociales que, más tarde, declinaron inevitablemente (Cavarozzi, 1995, p. 470–471).

En este orden de ideas, las transformaciones de las OSC estuvieron enmarcadas en tres aspectos: cambios de actores, cambios en las demandas y cambios en los espacios de participación. Estas organizaciones no estaban limitadas a demandar sino que intervenían en problemas concretos como en temas medio ambientales con entidades como Greenpeace, además de la organización que tienen estos grupos; en otras palabras las nuevas formas de organizaciones de la sociedad civil, como son la filantropía estratégica, la intervención social o la responsabilidad social. Los temas a demandar cada vez son más diversos, van desde la defensa de género, animales, pasando por derechos humanos, medio ambiente, conflicto armado, entre otros⁸.

Además el cambio de los espacios donde se disputa la lucha son cada vez más diversos, pasando del más tradicional: la plaza pública, hasta el 'más abstracto': el cyber espacio. Haciendo demandas a nivel internacional, creando grandes redes donde no se limitan ni el hecho a denunciar, ni el lugar de origen del problema, ni los intereses de los actores que hacen parte del problema.

A partir de las transformaciones en los tres aspectos mencionados anteriormente: actores, demandas y espacios; se están consolidando precisamente las nuevas formas de organizaciones de la sociedad civil, lo cual implica un cambio en su participación; sin olvidar que estas transformaciones están vinculadas a las esferas del mercado y del Estado; lo cual generaría el llamado 'pluralismo organizativo', elemento principal propuesto por Dahl (2003) en el proceso democrático.

3 Colombia en relación con otros países latinoamericanos

En los últimos treinta años, Colombia ha sufrido cambios tanto a nivel socioeconómico como político. Entre estos, uno de los más importantes fue la apertura económica, que aunque desde 1974 se estaba implementando, con el gobierno de Gaviria fue un hecho cristalizado⁹. Su puesta en marcha estuvo acompañada por la política de competitividad, la reforma de seguridad social, la independencia de la política monetaria, el financiamiento del Estado, la descentralización y la reestructuración de aparato estatal (Bonilla, 2006).

Su aplicación, siguiendo entre otras cosas el modelo chileno, estaba presentada como la opción frente a las coyunturas ''la desaceleración industrial y las consecuencias de la crisis de 1982–1984 revelaron un diagnóstico conflictivo: falta de competitividad de las empresas colombianas por exceso de protección, mercado cautivo y altos costos de producción. A finales de los años ochentas la apertura era inaplazable y aumentaron las presiones, nacionales e internacionales, para llevarla a cabo'' (Bonilla, 2006, p. 424). En este sentido, el desempeño económico colombiano, entre las décadas del setenta y ochenta, sufrió una desaceleración industrial. Además apareció la corriente de comercio internacional en bienes de mayor complejidad tecnológica y servicios con valor agregado ''para las que el país estaba poco preparado, perdiendo competitividad en el mundo'' (Bonilla, 2006, p. 423).

En las décadas de los ochenta y noventa, algunas de las características de la economía colombiana fueron la tercerización de la misma y la cristalización de uno de los llamados nuevos problemas: el narcotráfico, que venía fortaleciéndose desde la década anterior, reforzado por la pasividad del Estado (Palacios, 1995). De tal manera que ''tres grandes ejes enmarcaron el proceso de reformas económicas: las políticas de internacionalización y mejora de la competitividad, el control de la inflación y, el ajuste a las estructuras de financiamiento público'' (Bonilla, 2006, p. 423).

Así, entrada la década de los noventa, habiendo recorrido con relativa fortuna el camino de la crisis económica de los años ochenta¹⁰ pero sumido en crisis de legitimidad y orden social en general, Colombia actualizó su apuesta por la estrategia del desarrollo concretando una apertura comercial, con todo el paquete de ajustes que requería el modelo neoliberal: disminución del tamaño del Estado, liberalización de la protección del mercado interno, reformas laborales, reformas en regímenes pensionales y de salud y, ajustes para reducir el déficit fiscal y la deuda pública.

Estos ajustes convertían a Colombia en un país que en treinta y cinco años paso de una postura pro-industrial a un país globalizado (Bonilla, 2006), caracterizado por la puesta en marcha de una reforma constitucional que habían comenzado algunos países de la región (particularmente Brasil en 1988), que como hecho pondría en relieve los acuerdos sociales, reconociendo la diversidad cultural en el territorio (libertad religiosa, pluralidad racial, entre otras). Lo anterior permitió, además, el tránsito de las diversas exigencias desde 1991 hasta la actualidad, a través de una plataforma desde la cual se reconoce la existencia de la diversidad, no sólo de intereses sino de mecanismos para su reivindicación social.

De las grandes reformas que han establecido los gobiernos colombianos desde 1990, los resultados obtenidos resultan ser desalentadores: ''[no se han cumplido] las expectativas de crecimiento y equidad; por el contrario, las tasas de crecimiento fueron inferiores al promedio histórico, la riqueza se concentró aún más y los indicadores sociales se deterioraron con la recesión de 1998–1999'' (Bonilla, 2006, p. 447). Se implementaron reformas que fueron consideradas como ajustes parciales y, que contribuyeron a mejorar los indicadores macroeconómicos, sin embargo, los gobiernos seguían en deuda en referencia a los asuntos sociales: precariedad en el empleo, reducción de las calidades pensiónales, limitación de la inversión social gracias a las reformas tributarias (Bonilla, 2006).

Estos problemas económicos no han estado desligados de problemas políticos como la agudización del conflicto armado y la violencia, además de la desintegración de los partidos políticos que ha llevado a la concentración del poder, al protagonismo de los gobiernos y a la alta figuración del presidente, por lo cual los últimos candidatos elegidos han sido vistos, como la esperanza de la unidad nacional (Restrepo, 2006), actualizando imaginarios de la historia, no tan reciente, del país¹¹.

La incredulidad de la población frente a la clase política (en un constante vaivén desde por lo menos el final del Frente Nacional¹²) y la renovada incapacidad, por parte de los gobiernos, para resolver los problemas relacionados con la opinión pública, hicieron que se respirara un cierto aire de caudillismo. Además de que se cociera la más variada gama de actores y de intereses reivindicatorios, en el fondo seguramente congregados por el interés abstracto de un ajuste económico-civil, que permitiera considerar la salida de la crisis social colombiana. Asimismo la visibilización progresiva de la imagen del enemigo (el conflicto armado), que parece haber contribuido de forma definitiva para que las movilizaciones sociales abandonaran las distinciones de clase, sectoriales y/o políticas, que desde los años treinta se cristalizaron como características de las posibilidades de reivindicación social, y que además venían transformándose en medio del desgaste del Frente Nacional.

Al ser electo como Presidente Andrés Pastrana en la última campaña política del siglo XX (específicamente en 1997), hubo un cambio en la imagen que tenía el gobierno y la actitud de la comunidad internacional hacia el país, ''el fortalecimiento militar auspiciado por el Plan Colombia, produjo una gran satisfacción inicial en el país, particularmente entre las élites empresariales y los jefes políticos'' (Restrepo, 2006, p. 39); lo que significó la internacionalización del conflicto armado y del problema del narcotrafico. Pero al finalizar su mandato, las conversaciones de paz con las FARC habían fracasado, imperando en el país un alto grado de violencia e inseguridad¹³.

Los escándalos de corrupción seguían siendo pan de cada día, la economía no lograba salir de la recesión y los índices de desempleo seguían elevándose. Así pues, tras la 'profunda desmoralización' social generada por Ernesto Samper y su administración (1994–1998), los colombianos que habían depositado sus esperanzas en Pastrana, frustrados una vez más se hundieron en un pesimismo aún más profundo (Restrepo, 2006).

Es en este momento cuando llega Uribe a 'salvar' al país con la Política de Seguridad Democrática, basada en el dibujo del enemigo común –la guerrilla de las FARC–, lo que sumado a la reducción del tamaño del Estado, por medio de la fusión y privatización, se convierte en la 'imposición' de un sentido de transparencia, mediante operaciones de complejo entendimiento para la opinión pública¹⁴.

En el tema de la Sociedad Civil colombiana, las transformaciones que ha sufrido van de la mano de las transformaciones políticas y económicas del mismo. Cambios observados en la generalidad citada en líneas anteriores, en los actores, las demandas y la distribución espacial de las luchas, además de la forma como estas se producen¹⁵; mientras los porcentajes de los grupos de actores que tenían mayor representatividad anteriormente han disminuido (Archila, 2006).

Las demandas de los actores no escapan de estos cambios. A diferencia de otros países latinoamericanos donde los movimientos de la Sociedad Civil se encaminaban hacia un solo objetivo, por ejemplo en el caso chileno estaban dirigidos a contrarrestar el régimen militar; en el caso colombiano los movimientos se orientaron a temas como: mejorar las condiciones de vida, demandas de igualdad política o sindicatos. Estos cambios generaron nuevas formas de acción: la legalización de algunos de los aspectos que demandan los movimientos sociales, la posibilidad de llegar a una concertación sobre las demandas y el paso que se produce entre la búsqueda de la igualdad de clase a ampliar la ciudadanía civil, política y social donde se incorpora la diferencia cultural. Por último, el espacio donde se están desarrollando las luchas ha cambiado; aunque algunos de estos siguen siendo espacios locales, también se observa una globalización en los intereses de las luchas (Archila, 2006).

Ahora bien, algunas de las nuevas tendencias presentes en los actuales movimientos sociales en el país son: el impacto de la globalización en las mismas, el conflicto armado, la interrelación entre las organizaciones de las sociedad civil y organizaciones políticas, además de la incursión de las demandas de las primeras en aspectos políticos; y las luchas de nuevos movimientos sociales y alianzas de los mismos para tener mayor poder de presión, en temas como el Tratado de Libre Comercio (TLC) o los planes de desarrollo locales y/o nacionales.

4 Para concluir

La historia de la sociedad civil de los países latinoamericanos presenta diferencias importantes: por ejemplo, la temprana constitución de organizaciones sociales en Chile, las cuales se dividían en dos vertientes, por un lado las organizaciones que abordaban la problemática de los sectores populares. Y, en otro sentido, las organizaciones asistenciales que eran gestionadas por la Iglesia Católica, constituidas desde 1850 pero consolidadas en 1973 momento del rompimiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad en el período de la dictadura de Augusto Pinochet. Así, la sociedad civil chilena estaba 'más consolidada' que la colombiana, a pesar que en el caso colombiano se puede hablar de organizaciones filantrópicas desde el tiempo de la colonia, en principio, relacionadas con la Iglesia Católica (Villar & Castro, 1998).

Para el caso colombiano ''La privatización clientelista, paramilitar y guerrillera del Estado, sumada al crecimiento de la violencia y la inseguridad, ha sumido a muchos colombianos en una creciente desconfianza frente a las instituciones políticas y en particular, frente a los partidos y el Congreso'' (Restrepo, 2006, p. 48). Esa desconfianza es una de las características que presenta el Informe de Desarrollo Humano en Chile (de la Maza, 2003); con la pequeña diferencia que Colombia sigue esperando el 'neomesías' que venga a cambiar la situación socioeconómica y política del país, mientras que Chile se muestra como uno de los países 'más desarrollados' de Latinoamérica.

En México, a la luz del ejercicio de endosamiento de las responsabilidades del Estado (señalado también en el caso colombiano en relación con salud, educación y, en general, con el mercado laboral), practicado a partir de los ajustes implantados por cuenta de la crisis de la deuda, el abanico de intereses de los diversos grupos de la sociedad fueron resueltos de forma 'personalizada' entre los actores y los cuerpos institucionales del Estado, minando las posibilidades de organización colectiva y recordando la idea de la Nueva Edad Media de Eco (2004), actualizada en las ideas de Cavarozzi (1995).

Tal vez es por esto que los intereses en torno a la calidad de vida se convierten en el eje fundamental sobre el cual se deconstruyen los antiguos intereses colectivos en el país centro americano, volcando las preocupaciones y, en ese camino, los proyectos reivindicatorios sobre los asuntos de la vida cotidiana (preservación de centros históricos, preocupación por seguridad pública, lucha contra la contaminación ambiental, lucha contra la corrupción, etc.), desideologizando las estructuras de los años anteriores¹⁶, y concentrándolas en problemas concretos.

Esta autonomía política de las organizaciones sociales, posiblemente, se alineó más con la idea de ampliación democrática que motivó, durante las décadas de los sesenta y los setenta, varias de las dinámicas de los movimientos sociales en los países del Estado de Bienestar. Relacionandose estrechamente con las dinámicas reivindicatorias de la Sociedad Civil colombiana que encuentra en el interés común por la resolución política del conflicto armado (por citar un ejemplo), una base en la que es integrada la diversidad de los actores sociales¹⁷.

En la región, las antiguas organizaciones de la sociedad civil, provenientes de diversos lugares y adscripciones¹⁸, se ven inmersas en un proceso de transformación, bien por la opresión de la que fueron objeto, bien por 'el desaparecimiento del enemigo' que las originó¹⁹, bien por la 'simple' transformación de las demandas y el aprovechamiento de oportunidades electorales. De cualquier manera, evidenciando las variaciones en las motivaciones en un proceso que parece indicar una necesidad por ajustarse a las nuevas coyunturas. A partir de estas ideas ¿podría pensarse que en realidad las nuevas formas de organizaciones de sociedad civil reúnen las características del pluralismo organizativo o asociativo que plantea Robert Dahl (2003), como indicadores imprescindibles de la democracia? o ¿simplemente están ejecutando acciones de intervención y/o denuncias encaminadas a favorecer a una élite económica y/o política? ¿Puede hablarse de una Colombia, un Chile o un México, para ser más general, de una América Latina democrática?

NOTAS

1 Esta estrategia estaba encaminada al desarrollo del autosostenimiento de los territorios, una de las características importantes en el proceso modernizador de los países (Ansaldi, 1992).

2 Según informes de agencias gubernamentales, entre 1970 y 1975 Colombia presenta un crecimiento positivo en la balanza comercial, mostrando entre otras cosas un aumento de las exportaciones de casi un 6%, acompañado de una disminución de las importaciones de prácticamente la misma cifra porcentual (Proexpo, 1976).

3 Para ejemplificar su contraparte, es decir, los causantes de la crisis en los países suramericanos, es posible recordar que desde la década de los sesenta se estaba haciendo notar 'la incapacidad de crédito' de estos países. El congreso colombiano le recuerda a Lleras Restrepo en el marco de su política de creación de empleo que no puede endeudarse de la forma como lo pretende, aprobándole pedir solamente la mitad del dinero pretendido ''En cuanto a los créditos externos, el gobierno obtiene de los organismos internacionales los préstamos solicitados para 1971, pero tropieza con la oposición del Congreso que, en diciembre de 1970, no autoriza al gobierno a prestar sino 450 millones, en vez de los 900 deseados'' (Pécaut, 1987, p. 138).

4 ''entre el campo y la ciudad, entre la costa y la 'sierra', entre la industria y la agricultura, etc.'' (Weffort, 1995, p. 425). En el caso colombiano, la reforma de López Pumarejo de 1936 con respecto al giro en la concepción de la sociedad en general, el 'nuevo lugar' de la iglesia en las relaciones políticas, pero sobre todo el papel del estado como mediador de los conflictos obrero patronales, son indicios de las nuevas apuestas del país.

5 Es importante destacar que en los dos últimos, históricamente se habían respetado las normas y las prácticas democráticas.

6 Lleras Restrepo reprimió con frecuencia (varias de ellas de forma violenta) las diferentes expresiones de descontento social. Por ejemplo, militarizó en un par de ocasiones la ciudad universitaria en Bogotá de cuyas confrontaciones se registrarían algunos muertos. Guardando las proporciones, esto mismo sucedía por la época (1968) en México en la recordada masacre de Tlatelolco.

7 Para ilustrarlo se usará un hecho 'temprano' en el caso colombiano: Como se ha indicado en un aparte anterior, el primer gobierno de López Pumarejo (1934–1938), se convierte en 'mediador' e incluso 'promotor' de los movimientos populares colombianos. Con el fin de la segunda guerra, y mayormente concentrado en la atracción del gran capital, el segundo gobierno de López (1942–1946), no sólo desconoce dicho tipo de mediación, sino que incluso la reprime, como resultó ser el caso de quien lo reemplazó el último año de su mandato, el también liberal Alberto Lleras Camargo, siendo ''la posición de Lleras Camargo de enfrentar a los sindicatos y de buscar la colaboración de los dirigentes conservadores, expresaba esa voluntad de deslinde con los obreros y ese ánimo de basar el gobierno en elementos de poder ligados a la industria y a las altas esferas'' (Tirado, 1987, p. 172).

8 A la luz de dicha conciencia frente a la participación social, y a pesar de sus contradictores, algunas explicaciones sobre el origen y el sentido de las profesiones en el siglo XX están relacionadas con la creación de una nueva clase media que procura el ascenso social y la autonomía laboral, haciendo pensar que éstas, las profesiones, pueden ser consideradas dentro de este gran marco de referencia de las OSC, como un sistema que replica intereses de participación y a su manera, reivindicación social. Andrew Abbott, aunque refiriéndolo en otra dirección, le llamará jurisdicción (Abbott, 1988).

9 Es importante señalar que los cambios pretendidos por la clase dirigente del país desde mediados del siglo XIX, han buscado a su manera y guardando las proporciones, la apertura de los mercados. Un caso importante resulta ser el promovido por José Hilario López (1849–1853), o mucho más recientemente, la participación del país en ALALC y la Comunidad Andina durante los sesentas.

10 ''La economía colombiana atravesó con bastante fortuna las turbulentas aguas de la década de 1980; su tasa de crecimiento fue el doble de la chilena, su grado de endeudamiento relativamente bajo y la distribución del ingreso no empeoró, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de los países del continente'' (Cavarozzi, 1995, p. 475).

11 Uno de esos casos puede ser el mismo Enrique Olaya Herrera, que a pesar de la coyuntura sucedida en la elección del candidato conservador para las elecciones de 1930 (''Al desmoronamiento final del régimen [de la hegemonía conservadora] contribuyó la actitud vacilante del Arzobispo de Bogotá para escoger candidato conservador'' (Tirado, 1987, p. 140)), es visto por las circunstancias sociales de la década de los veintes (huelgas y paros de movimientos obreros, para los cuales la hegemonía hacía notorio el desgaste de su agenda), como el representante del cambio, como la esperanza de unidad nacional, no muy lejano a la figura de López Pumarejo, Gaitán e incluso, a su manera, Rojas Pinilla.

12 Aunque muy seguramente promovida por la victoria de Misael Pastrana frente a Gustavo Rojas, quien representaba en una suerte de coalición social (ANAPO) a quienes sentían no tener participación en el pacto liberal-conservador (Bushnell, 1994).

13 El gobierno de Belisario Betancur (1982–1986), intentando autonomía política, parece interesado en gobernar a la luz de la opinión pública. Parece haberlo logrado, hasta que hechos notorios como la toma del palacio de justicia por parte del M19, construyen a su lado pequeños malestares que parecen maniatarlo. No es ajeno a su manera Virgilio Barco (1986–1990), ni su llamado 'sanedrín', ni 'la explosión' de la guerra entre carteles del narcotráfico que intentó administrar en los últimos meses de su mandato.

14 Se reducen carteras, se fusionan despachos ''sin embargo no se toca el ministerio de relaciones exteriores, lugar en el que aparentemente se pagan favores políticos, con las prácticas clientelistas de antaño'' (Bonilla, 2006, p. 444), haciendo visible un propósito de fusión-reducción selectivo, si se tiene en cuenta varios de los nombramientos en su interior (algunos de ellos, implicados en complicados hechos de corrupción).

15 En medio de las transformaciones del Estado, los gobiernos colombianos posteriores a los años noventa (en especial Gaviria, Pastrana y Uribe) como la mayoría de sus vecinos, disminuyen su tamaño, 'endosando' las que fueron sus responsabilidades sociales en años anteriores. Esto, como coyuntura, en función del recrudecimiento del conflicto armado (guerrillero, paramilitar y del narcotráfico), moviliza los intereses de buena parte de los ciudadanos sin distinciones de clase o ideología política, pues, como en varios lugares de América Latina, les reúne por intereses temáticos ''Ambos [Andrés Pastrana y Álvaro Uribe] coinciden en un descuido de lo social, por privilegiar el tema de la guerra, al combinar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la negociación con algunos de los actores armados [...] la continuidad en la desatención de lo social'' (Archila, 2006, p. 271).

16 ''estas asociaciones [refiriéndose a los movimientos de clase] eran no voluntarias, no plurales, cumplían funciones políticas, y no eran democráticas en su funcionamiento interno. La misma caracterización era válida para las asociaciones empresariales y para las profesionales. No existía la sociedad civil ni como institución ni como movimiento'' (Olvera, 2003, p. 67).

17 La expuesta transición parece concretarse en los años noventas mediante diversos movimientos de la sociedad civil mexicana cristalizados en ONG, la Alianza Cívica, el Barzon y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que movilizan dentro de la generalidad de las características expuestas hace unas líneas, diferentes intereses con los que cierta parte de la sociedad se siente identificado y sobre todo motivado a movilizarse. Sus intenciones, en diferente grado, coinciden con la idea de pretender impactar 'la agenda pública' mexicana.

18 En Brasil, Perú y México por ejemplo, las iniciativas impulsadas por la Iglesia Católica, algunas de ellas, en función de las interpretaciones del Concilio Vaticano II y la Teología de la Liberación en los años sesentas, otras, intercediendo entre las poblaciones vulnerables y las clases acomodadas en cierto estilo de filantropía, pero también las agrupaciones revolucionarias como el movimiento estudiantil mexicano de los años setentas y grupos de pequeños y medianos empresarios campesinos, entre otros.

19 En Argentina, el Movimiento de Derechos Humanos (MDH) surge en 1975 como movimiento investigador y denunciante de las violaciones a los Derechos Humanos practicados por la dictadura. Una vez instaurado el gobierno democrático, el MDH se difumina por perder de vista el adversario contra el cual cobraba sentido su existencia, la acechanza del enemigo (Manheim, 1987) y, en este proceso pierde el interés y el apoyo de la comunidad internacional frente a la causa antidemocrática que estaba encarnada en las dictaduras. Por su parte, en el imaginario argentino, luego del restablecimiento, este movimiento no se relaciona con el ensanchamiento democrático, sino con un obstáculo, referido principalmente al aumento de la delincuencia en el sentido de protecciones judiciales, y a la asociación de este con discursos subversivos antigubernamentales; en suma, entrada la democracia en Argentina, el MDH se ve en la necesidad de transformarse, frente a los nuevos retos político-sociales del país.

Referencias Bibliográficas

Abbott, A. (1988). The System of Professions. London: The University of Chicago Press.

Ansaldi, W. (1992). De Historia y de Sociología: la metáfora de la tortilla. In J. R. Jorrat, & R. Sautu, Después de Germani. Exploraciones sobre la estructura social de la Argentina (pp. 64–78). Buenos Aires: Paidós.

Archila, M. (2006). Los movimientos sociales en la encrucijada de comienzos del siglo XXI. En B.F. Leal (Ed.), En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI (pp. 261–290). Bogotá: Norma.

Bonilla, R. (2006). La reforma económica: una apertura concentradora En B.F. Leal (Ed.), En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI (pp. 261–290). Bogotá: Norma.

Bushnell, D. (1994). Colombia una nación a pesar de sí misma. Bogotá: Planeta.

Cavarozzi, M. (1995). Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina. En J.L. Reyna (Ed.), América Latina a fines de siglo. México: Fondo de Cultura Económica.

Dahl, R. (1989). La Poliarquia: participación y oposición. Madrid: Tecnos.

Dahl, R. (2003). Entrevista sobre el pluralismo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

de la Maza, G. (2003). Sociedad Civil y Democracia en Chile. En A. Panfichi, Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América Latina (pp. 211–240). México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Eco, U. (2004). La Nueva Edad Media. Madrid. Alianza Editorial.

Germani, G. (1971). Sociología de la Modernización. Estudios teoricos, metodológicos y aplicados a America Latina. Buenos Aires: Editorial Paidos.

Kalmanovitz, S. (1943). La Gran Recesión. En S. Kalmanovitz, Economía y Nación: una breve historia de Colombia (pp. 401–445). Bogotá: Siglo XXI Editores.

Manheim, K. (1987). Ideología y utopía. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Olvera, A. J. (2003). Las Tendencias Generales de Desarrollo de la Sociedad Civil en México. En A. J. Olvera, Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América Latina: México (pp. 42– 70). México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Palacios, M. (1995). Entre la Legitimidad y la Violencia: Colombia 1875–1994. Bogotá: Norma.

Pécaut, D. (1987). Crónica de dos décadas de política colombiana 1968–1988. Bogotá: Siglo XXI.

Proexpo, I. (1976). Evolución del sector externo y política de comercio exterior de Colombia. En Proexpo, Algunos aspectos sobre economía colombiana (pp. 25–47). Bogotá: Proexpo.

Restrepo, L. A. (2006). ¿Hacia el reino de los "caudillos ilustrados"? Los gobiernos colombianos como actores políticos. En F. Leal Buitrago, En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Sunkel, O. (1991). Del Desarrollo hacia Adentro al Desarrollo desde Dentro. Revista Mexicana de Sociología, 3–42.

Tirado, A. (1987). Colombia: Siglo y medio de bipartidismo. En M. Arrubla, Colombia: Hoy (pp. 102–185). Bogotá: Siglo XXI.

Villar, R., & Castro, B. (1998). Historia de las Entidades sin Ánimo de Lucro en Colombia (Borrador). Bogotá: Auspiciado por el Departamento Nacional de Planeación.

Weffort, F. (1995). La América Equivocada. Apuntes sobre la democracia y la modernidad en la crisis de América Latina. En J. L. Reyna, América Latina a Fines de Siglo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.