Boletín de prensa #026
El grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi – GAPI, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 1114 de 2006, con la finalidad de garantizar el acceso equitativo a una vivienda digna y con ajustes razonables en materia de movilidad a personas con discapacidad que aspiran a ser beneficiarias de la política de viviendas de interés social.
La demanda busca que la Corte declare la constitucionalidad condicionada de la citada disposición normativa para ampliar la destinación de viviendas de interés social adaptadas, que actualmente exige un porcentaje correspondiente al 1% del total de las viviendas construidas, para que se abarque a la totalidad de las personas con discapacidad que aspiren y hayan sido reconocidas como beneficiarias de estos proyectos.
Como primer paso, se logró que la Corte Constitucional admitiera la demanda presentada por el GAPI el pasado 18 de diciembre de 2018. Cabe anotar que el juicio de constitucionalidad que en la actualidad adelanta la Corte, permite que los ciudadanos o instituciones interesadas en presenten un concepto al respecto, a través de un escrito donde se plasme la opinión al tribunal a más tardar este 4 de febrero.
La acción pública de inconstitucionalidad nace del acompañamiento jurídico y trabajo con comunidades vulnerables que el GAPI viene desarrollando desde hace 4 años en el barrio Llano Verde, en especial, con familias conformadas con al menos un integrante que presenta algún tipo de discapacidad en materia de movilidad. Ese acompañamiento permitió identificar barreras físicas y arquitectónicas presentes en estos hogares e iniciar acciones para la protección de sus derechos, tales como acciones de tutela, la mayoría de ellas con decisiones favorables hasta la fecha, mediante las cuales el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali ha ordenado a entidades como el Municipio, de Cali, FONVIVIENDA y constructoras privadas, adecuar algunas de las viviendas de tal manera que respondan a ajustes razonables en materia de movilidad y sobre todo a los estándares de vivienda digna, de conformidad con la Constitución Política y los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia.
Para el profesor Illera, la demanda instaurada “busca una mayor inclusión de las personas con discapacidad, específicamente en el acceso a viviendas dignas. El ajuste de la disposición normativa demandada, obligaría al gobierno a ajustar la política de construcción de viviendas de interés social, con ajustes razonables para las personas que presentan discapacidades relacionadas con la movilidad o que influyan en la misma, de acuerdo con la población real que necesita de dichos ajustes en cada caso (previo censo) concreto y no a partir de un porcentaje fijo e inamovible que no se corresponde con la población beneficiaria de la política de vivienda subsidiada”.
Más información: Jorge Illera Cajiao, Director del grupo de Acciones Públicas – GAPI, Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
