¿Incentivo para la calidad o para la desigualdad? Por: Beatriz Gallo Córdoba, Estudiante en práctica del CIENFI  de la Universidad Icesi El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución 7884 de 2011, permite un incremento especial en las tarifas de matrícula y pensiones que cobran los colegios privados, de acuerdo a su nivel de clasificación en las pruebas Saber 11 (Alto, Superior o Muy Superior).   Desde 1994, estas tarifas se fijan de acuerdo a la calidad de la educación ofrecida por estas instituciones. Así, la Ley 115 de 1994 clasifica las instituciones educativas privadas en regímenes (Controlado, de Libertad Vigilada o de Libertad regulada) dentro de los que se reglamentan los cobros que hacen los colegios a sus estudiantes. Mientras mejor sea la calidad, mayores son las tarifas que puede fijar el colegio.   La Resolución 7884 de 2011, por lo tanto, añade los resultados de la prueba SABER 11 como un factor diferenciador de tarifas, a los ya existentes y asociados al régimen de la institución educativa (Controlado, de Libertad Vigilada o de Libertad regulada), al cambio de régimen y a las certificaciones en calidad.   De esta manera, un colegio que alcance la clasificación MUY SUPERIOR podría aumentar el precio de su matrícula hasta en un 5.5% (si cuenta con una certificación en calidad. En caso de clasificarse como MUY SUPERIOR pero no contar con dicha certificación, el aumento es del 5%), mientras que si el colegio se clasifica como MUY BAJO (y, por lo tanto, en el régimen controlado) este aumento es sólo de hasta un 3%.   Por otro lado, de acuerdo al Banco Mundial, en Colombia para 2010, el 37.2% de la población fue clasificada como pobre y el ingreso per cápita mensual fue de $765,261.67 corrientes. Para ese mismo año, la tarifa máxima anual para estudiantes de primer grado de colegios bajo el régimen de libertad vigilada categoría V1, fijada por la Resolución 6404 de 2009, fue de $620,108, lo que representaba el 81% del ingreso per cápita mensual del país en esa 2010.     Ciertamente, con la Resolución 7884, el Ministerio de Educación Nacional busca “reconocer los esfuerzos de las instituciones educativas por brindar una educación de calidad a los niños y jóvenes en todo el país” (MEN, 20 de Septiembre de 2011). Sin embargo, en un país como Colombia, una medida como esta amplía la brecha de calidad de la educación asociada con el nivel de ingresos y, lo que es aun más grave, hace que un aumento en la calidad de la educación (suponiendo que esta es evaluada  adecuadamente por las pruebas Saber) implique un aumento directo en su precio, alejando todavía más a la población de bajos ingresos de la educación de mejor calidad. Entonces surge la pregunta: ¿prosperidad para todos significa educación de calidad a la que la mayoría de colombianos no puede acceder?