Por: Juan Pablo Milanese | Director de Ciencia Política de la Universidad Icesi.

Estamos a pocas semanas de las elecciones destinadas a optar por la futura composición de los ejecutivos y legislativos locales y regionales. En este escenario, volvemos a encontrar una multiplicidad de débiles partidos, efímeros movimientos y candidatos, sin filiación política aparente, compitiendo por los cargos vacantes. Esto, de por sí, no debería implicar nada sorprendente, sin embargo, representa un riesgo para el buen desempeño de la democracia. Intentaré explicar por qué, evidenciando qué hace que los partidos políticos sean indispensables para el funcionamiento de los regímenes democráticos.

El análisis no se asentará en premisas morales, sino en un razonamiento técnico basado en dos elementos: la necesidad de accountability y de gobernabilidad. El primero de los conceptos puede ser entendido como rendición de cuentas, el segundo, es un atributo propio de un sistema político en el que sus instituciones gubernamentales actúan de forma eficaz y considerada legítima por los ciudadanos. Esto permite el ejercicio de la voluntad política del ejecutivo mediante la aceptación popular y bajo el estricto control del legislativo.

La preocupación por la democracia de la Constitución de 1991 abrió la posibilidad de que nuevos actores saltaran a jugar en la arena política, con la sana intención de terminar con la lógica de un bipartidismo burocratizado. Sin embargo, el resultado no esperado fue una atomización capaz de transformar en inviable el funcionamiento de cualquier sistema político. ¿Por qué? En primer lugar porque hace mucho más compleja la relación entre el ejecutivo y el legislativo. No solamente impacta sobre el control político que un poder puede ejercer sobre el otro sino, además, sobre el proceso de toma de decisiones que se torna mucho más costoso. En segundo lugar, también se complica la posibilidad de control ciudadano, ya que es mucho más sencillo realizarlo sobre el comportamiento de una bancada partidaria que sobre un conjunto de legisladores con comportamientos políticos erráticos y oscilantes.

Tanto la Reforma Política de 2003 como la Ley de Bancadas dieron un paso importante para un necesario reforzamiento de los partidos, partiendo de la necesidad de un efecto reductor de su número. Sin embargo, todavía subsiste un conjunto de importantes obstáculos para alcanzar un sistema de partidos fuerte (sin volver al burocratizado de décadas anteriores) el principal es el voto preferente. Con agrupaciones tradicionalmente indisciplinadas, la presencia de ese voto las debilita aun más, trasformándolas en meras etiquetas. Esto hace que a la competencia partidaria debamos sumarle la intrapartidaria, con candidatos de las mismas fuerzas políticas criticándose y contradiciéndose mutuamente, generando un escenario muy confuso para el electorado. Además, cláusulas como ésta hacen que el control de gastos de campaña sea extraordinariamente más complejo, para no decir imposible, ya que no es lo mismo ejercerlo sobre un grupo de partidos, que sobre “innumerables” candidatos.

Adicionalmente, es imperioso impulsar iniciativas como el robustecimiento de las aún laxas reglas para la fundación de partidos o el endurecimiento de los umbrales que permiten acceder a la competencia por la repartición de curules. La respuesta a este planteamiento podría ser que el sistema político colombiano no está en condiciones de enfrentar, en el corto plazo, un cambio tan brusco. Sin embargo, no buscar incentivos para terminar con la fragmentación significa el sostenimiento de un esquema que no hará más que mantener situaciones de crisis de gobernabilidad y de escasez de control político como ha sucedido durante los último s años en Cali, entre otros lugares.