Por: Fernando Cruz Montoya, profesor de derecho tributario de la Universidad Icesi y Defensor regional del Contribuyente

El gobierno nacional a través de su Ministro de Hacienda y Crédito Público se ha dado a la tarea de presentar al Congreso de la República un proyecto de Reforma Estructural Tributaria, siendo una iniciativa de gran trascendencia económica para el país que desde el año 1986 (Ley 75 de 1986) no se daba. Por lo tanto, no obedece a un simple capricho de la rama ejecutiva sino al clamor general de las entidades especializadas en estas materias, dado que, habiéndose producido más de 11 reformas tributarias desde el año 1990, el sistema tributario se había convertido en una “colcha de retazos” que solo satisfacía la enorme brecha que existe de manera permanente entre los ingresos y los gastos del Estado llevando, con esto, a transigir los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad (Artículo 363 CN). Además, produciendo una constante vulneración de los derechos de los contribuyentes.

Por eso, y después de muchos estudios como los realizados por la Misión del Ingreso Público y por las entidades expertas en el tema, el gobierno nacional se ha dado a la no fácil y mas bien osada tarea de Reformar de manera sistemática e integral el Estatuto Tributario del país teniendo como objetivo simplificar su normatividad, el de lograr la defensa de la equidad, lo mismo que fomentar la competitiviad; es decir, promoviendo el crecimiento y el empleo formal; y, la estabilidad para defender la sostenibilidad fiscal y lograr un grado de inversión.

El proyecto de Reforma Estructural Tributaria se ha venido sensibilizando con los agentes de la economía, académicos y gremios de la producción, por ello, desde que se dio a conocer la propuesta de dicha Reforma hasta la fecha ya se ha producido varios ajustes. Es que tanto, para productores como consumidores es preocupante de cómo se afectará con la Reforma Estructural Tributaria, sus propios intereses.

Un ejemplo de ello, que se dio en la propuesta inicial de proyecto de Reforma, era gravar con IVA a los servicios de agua, energía y gas para los estratos socioeconómicos lo cual generaría un incremento de estos servicios en desmedro, especialmente, de las clases populares.

Lo anterior, también lo vemos reflejado con el reciente ajuste que el presidente Uribe hizo en la convención de ASOBANCARIA de considerar disminuir en un punto el impuesto a las transacciones financieras aliviando, parcialmente, el clamor que hacía los banqueros del país al solicitar el desmonte de dicho impuesto (por considerarlo un tributo regresivo) como lo contemplaba la presentación inicial del proyecto de Reforma Estructural Tributaria pero de manera gradual.

Los comentarios que acabamos de mencionar, evidencia la sensibilidad de recomponer el ordenamiento tributario del país produciéndose desde ya cambios sin haberse iniciado el respectivo estudio en las comisiones económicas del legislativo presagiando el gran debate que se surtirá en el Congreso de la República en los próximos 150 días sobre la Reforma Estructural Tributaria. Inclusive organizaciones políticas como Cambio Radical han presentado su propia propuesta. Por lo tanto, serán muchos los temas de controversia y de forcejeo entre las fuerzas sociales, económicas, políticas y académicas que, los legisladores como representantes del pueblo, deberán obrar a conciencia de la mano conjunta del ejecutivo para que las decisiones que se tomen sean del bien general.

Teniendo en cuenta que el proyecto de Reforma Estructural Tributaria tendrá un efecto fiscal neutro, es decir, no generaría nuevos ingresos si no más bien se compensarían unos impuestos con otros. Es importante entonces destacar que dicho proyecto legislativo se han introducidos cambios sustanciales interesantes como el hecho de pasar de 1.100 artículos desintegrados del actual Estatuto Tributario, a uno nuevo de 250 artículos integrados siendo un gran avance que facilitaría la vida de los contribuyentes. Por otro lado, se crearía la UVT (Unidad de Valor Tributario). Con respecto al impuesto a la Renta se bajaría gradualmente la tarifa actual del 38.5 al 34% para el 2007 del 33% al 2008 y del 32% a partir del 2009. Sobre el IVA se destaca la reducción de nueve a cuatro tarifas, así: 10% (Cubriendo el 70% de la canasta familiar); 16%, 20% y 25% y; habría devolución del IVA a la población de niveles 1 y 2 del Sisben con pago anual de $233.000. Con respecto al Gravamen a los Movimientos Financieros la tarifa podría bajar al 3 x 1000 y quedarían exentos los retiros en la cuentas de ahorro por movimientos mensuales no mayores a $2.856.000.oo.

Resumiendo, el proyecto de Reforma Estructural Tributaria tendrá muchas posiciones contrapuestas queriendo señalar algunas de ellas como: Lo que tiene que ver con la aplicación de un nuevo sistema fiscal pero, por otro lado, la obligación de tener en cuenta parámetros internacionales tributarios en épocas de globalización. Así también, tendrá gran discusión el incremento súbito de las tarifas del IVA del 0% y 2% al 10% y de los que están hoy del 10% al 16%, especialmente, lo que recae sobre los productos de la canasta familiar. Lo mismo, la eliminación de la exención del 25% a rentas laborales; quedando abolidas las deducciones en retefuente por créditos hipotecarios, cuentas de ahorros AFC, planes de salud y educación. No en vano ha señalado una de las agremiaciones más importantes del país como ACOPI, lo siguiente: “Gravar con IVA a la canasta familiar llevará a la pauperización a muchos hogares: La clase media será la más afectada porque la carga a los asalariados será más pesada”.

Si bien, la política fiscal debe mirarse con relación al contexto económico del país y posiblemente podría aplicarse otras medidas gubernamentales para compensar los desequilibrios que podría generar la eliminación de ciertas exenciones. No obstante, sería imperioso volver a revisar de manera mas detallada aquellos sectores afectados con la Reforma para determinar cuál es realmente su impacto en la inversión y al desarrollo económico y cultural colombiano para que no se vean perjudicados algunos sectores con el desmonte de los incentivos en renta e IVA establecidos desde 1983 para el sector editorial, las empresas de la cadena gráfica y las librerías; o, la posibilidad de acabar con la exención tributaria para inversiones nuevas en hotelería y de reducir de 30 a 10 años este beneficio para quienes ya las hicieron; o, el desmonte a los estímulos actualmente vigentes como los del ahorro para el fomento de la construcción (AFC), y la eliminación a la exención a los intereses por bonos hipotecarios y titularizaciones; así como los ingresos derivados de la financiación y construcción de VIS. Lo mismo, que la eliminación de las deducciones que hoy tiene derecho a efectuar los contribuyentes del impuesto de renta por las donaciones que hagan a entidades sin ánimo de lucro.

No me cabe la menor duda, el liderazgo del actual gobierno en lanzar sus “cartas sobre la mesa” en temas tan espinosos e impopulares como los tributarios. Lo mas fácil, para un gobierno sería “pasar de agache” y por eso creo en su buena intención para sus conciudadanos que conjuntamente con el nuevo Congreso tendrá la responsabilidad histórica para revisar, revisar y revisar con lujo de detalles las diferentes propuestas y mejores opciones sin lastimar la Hacienda Pública que cumple funciones del bien colectivo, señaladas en nuestra Constitución Política (Provisión de bienes y servicios, redistribución y estabilidad), pero sin “golpear” al pueblo colombiano. Es un equilibrio y un ejercicio financiero, económico, social y político que debe hacerse con sabiduría para lograr una justa y razonable medida. Usemos de la justicia divina para entender de la justicia de los hombres, pues, nuestro Superior premia al que protege a los pobres; y, de esta manera, se establezca en la conciencia de quienes tienen la conducción y el futuro de la vida de los colombianos una manera madura y civilizada para la construcción, entre todos, de un sistema tributario mucho mas justo, estable, eficiente y comprometido.