Las trabajadoras sexuales están en la periferia de la vida social y económica en muchos países. Cada vez más, incluso los gobiernos miran a las trabajadoras sexuales como sujetos indignos de beneficios o protección legal. Sólo en la India hay 3 millones de profesionales del sexo, de los cuales se estima que el 40% son menores, según un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño de la India. Desde entonces no se han publicado más estadísticas oficiales sobre este sector de la población, y tanto la aceptación como el reconocimiento son una perspectiva lejana en los países en desarrollo.

Algunas jurisdicciones han despenalizado las actividades relacionadas con la prostitución, entre ellas Nueva Zelanda, partes de Australia, Alemania, los Países Bajos y partes de los Estados Unidos. Sin embargo, aunque la India ha legalizado el trabajo sexual, aún quedan problemas por resolver. Ya sea legal, ilegal o alegal, las prostitutas en Lima ,en Pekín, en Nairobi, en Estocolmo… en cualquier lugar del mundo, existen, y mirar hacia otro lado es negarles sus derechos como personas. El debate debe abrirse, y ellas deben ser la principal voz a tener en cuenta en dicho debate.

¿Hasta dónde podemos llegar en la legalización del trabajo sexual?

El limitado alcance de la educación sexual en las escuelas deja claro que el sexo se considera un tabú en muchos países. Y, en un contexto social y cultural que hace del sexo un tabú, legalizar el trabajo sexual es casi blasfemo. Ese tabú se nutre, además, de la homofobia y transfobia persistentes. Por ejemplo, existen muchos países en los que todavía es ilegal la homosexualidad, en otros, se pretende despenalizar, aunque está costando, como en la India. En ese país pesar del rico legado histórico de emancipación y potenciación de la mujer, que se remonta a la literatura budista antigua y medieval que celebraba a las prostitutas que se alzaban como monjes (Amrapali), la noción inherente que subyace al trabajo sexual inspira repugnancia y aborrecimiento generalizados.

La legalización del trabajo sexual en sí mismo sigue siendo un enigma. Por ejemplo, una opción para el trabajo sexual legalizado podría hacer uso de los centros de zonificación urbana donde la prostitución es permitida (aunque esta estrategia reportó resultados sombríos en Gran Bretaña). Alternativamente, las trabajadoras sexuales podrían obtener una licencia, pero esto podría promover la discriminación y los prejuicios sobre la base de la identidad e infringir la privacidad de las trabajadoras sexuales.

Por lo tanto, la legalización es polémica. Pero la única alternativa de la legalización puede ser la explotación.

¿Cómo restringen las leyes internacionales la legalización del trabajo sexual?

Las leyes y convenciones internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de 1979 ponen en peligro a las trabajadoras sexuales. El artículo 6 de la CEDAW exige a los Estados que tomen “todas las medidas apropiadas para suprimir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución de la mujer”. Esas medidas amenazan con leyes contraproducentes para reprimir la trata que podrían perjudicar gravemente a las trabajadoras del sexo.

Además, los programas de ayuda internacional como la Ley de Liderazgo contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria de los Estados Unidos condicionan la financiación a una promesa de oposición a la prostitución. Este condicionamiento restringe la capacidad de los beneficiarios de la ayuda para trazar sus propios cursos de legalización.

¿Es la hierba realmente más verde al otro lado de la legalización?

Ante el creciente apoyo a la legalización del trabajo sexual, los críticos se preocupan por la ignorancia de las verdaderas consecuencias de la legalización. Los estudios muestran que la mayoría de las trabajadoras del sexo entran en la prostitución por necesidad, no por elección personal. Podríamos preguntarnos si la continua criminalización que mantiene a las trabajadoras atrapadas es justificable, cuando en cambio podríamos centrarnos en ayudar a las trabajadoras del sexo a escapar de la prostitución. La licencia o algún otro certificado de trabajo sexual que se añade a su currículum sería convencionalmente considerado una posible mancha en su historial. Sin embargo, a esto cabe responder que muchos trabajos ingratos se ejercen por necesidad, y que aquí lo que cabe hacer es un trabajo pedagógico contra la hipocresía que penaliza social y moralmente a mujeres que prestan un servicio como cualquier otro, con unas condiciones pactadas y por un tiempo limitado. Deshacernos de términos localistas como ‘photokines’, que no son mas que no son más que otro modo de negar la realidad, así como los eufemismos como ‘kinesiólogas en Lima’ o ‘damas de compañía’ que se usa en más países, e incluso ‘cortesanas’, termino muy utilizado en Europa, podría ser un primer paso.

Una segunda preocupación se centra en el riesgo de que la legalización pueda aumentar la trata de personas. Una mayor legitimidad del trabajo sexual podría impulsar la economía de ese sector, pero las trabajadoras sexuales probablemente no se beneficiarían de tal crecimiento. La mayoría de las redes de tráfico sexual operan en una economía sumergida, y los beneficios se concentran más allá del alcance de las trabajadoras sexuales. Debemos ser conscientes de que la legalización por sí sola no transferiría por sí misma los beneficios a los alcances más bajos. Aunque es cierto que la legalización ofrece una mayor protección a quienes deciden por voluntad propia, ejercer este trabajo.

Por último, el trabajo sexual sigue siendo un sector bastante desorganizado, con muchas mujeres operando desde sus casas. La legalización empujaría a muchas trabajadoras al exterior, y pronto se produciría un mayor estigma. Algunos vecinos podrían prohibir a las trabajadoras sexuales que vivan cerca. Aquellas trabajadoras sexuales demasiado reticentes para presentarse también serían excluidas de las protecciones del derecho laboral bajo un esquema de legalización. Nuevamente, nos topamos ante un problema de doble moral e hipocresía, que debería contemplarse desde el trabajo legislador, para de ese modo asegurar los derechos de todas las partes implicadas.

Es importante escuchar las voces que provienen de esta comunidad, en forma de sindicatos como la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) de España o la campaña DecrimNow en Gran Bretaña. La legalización del trabajo sexual es más que un mero debate legal y afecta a la salud de las trabajadoras sexuales. En este momento, la legalización quizás requiere el surgimiento de un consenso en la comunidad más que un dictado gubernamental. Dentro del feminismo el debate está encendido entre abolicionistas y regulacionistas. Sea como sea, es importante que exista, que sea sosegado y que se plantee en base al beneficio de las implicadas y de la sociedad en su conjunto.

Si hay un tema controvertido en internet es el de la “piratería” de contenidos, que genera un enfrentamiento entre los intereses de la industria y los usuarios. Incluso el uso de la palabra ‘piratería’ para definir el hecho de compartir material audiovisual entre usuarios se encuentra en entredicho. Muchos apuestan más por términos como acceso libre, intercambio, actividades extramercado, etc. Indudablemente la palabra piratería fue introducida por las industrias creativas (cine, música y libros) como forma de llamar a los usuarios que descargaban de internet contenidos protegidos por copyright, y también para hacer alusión a los servidores que permitían a los usuarios a compartir su contenido con otros usuarios en redes P2P, peer to peer (como por ejemplo Elite Torrent) lo que significa de igual a igual, siendo partícipes de uno de los principios básicos de internet. 

Desde el inicio el enfoque ha sido perjudicial para ambas partes implicadas. Se ha convertido a la tecnología en problema moral, lanzando un mensaje muy agresivo por parte de muchos actores que están implicados como parte interesada, por lo que nunca ha habido un debate objetivo, sino que se ha sido claramente tendencioso al asegurar de forma absoluta tanto desde los medios de comunicación como desde la política que está mal descargar gratuitamente contenidos protegidos por copyright. 

De este modo se ha dividido a la sociedad entre buenos y malos sin matices y sin queres comprender los entresijos que supone todo cambio. De esta forma se tensó el hilo, polarizando posiciones, mientras la industria instaba a los Gobiernos a hacer campañas apelando a la moral, los internautas acusaban a las gestoras de derechos de usureros y de intromisión en la vida privada, y a los políticos que legislaban en cualquier sentido que no fuera el de permitir la libre descarga sin restricciones de estar al servicio de las grandes corporaciones. Descargar contenido audiovisual en plataformas como Elitetorrent se había convertido en un acto de resistencia ante aquellos que te obligaban a pagar un cánon por el hecho de comprar un DVD vírgen, asumiendo el ‘delito’ antes de haberlo cometido. 

En realidad, la piratería afecta más a las formas de comercialización de contenidos que a la moral. Dicho de otro modo, se trata de un problema comercial y no ideológico. Internet ha supuesto un revulsivo para las industrias creativas. Lo hemos podido comprobar en la música, en la televisión y en general, en todos los contenidos audiovisuales. Ha cambiado por completo los hábitos de los consumidores. Pero como bien han demostrado las plataformas de VoD, video on demand, como Netflix o HBO, el problema nunca fue que los usuarios fuesen unos piratas que no deseaban pagar por los contenidos, el problema era de un modelo obsoleto por sí mismo, que necesitaba ya de un cambio de paradigma. En otras palabras, si el problema es comercial, las soluciones deberían plantearse con este enfoque por parte de la industria.

La piratería no ha sido ni puede ser un problema moral porque no hubo ni hay consenso social para que así sea. Además, nos encontramos ante la inutilidad de elaborar leyes que difícilmente pueden ser aplicables. La gente descarga y comparte música, libros y películas simplemente porque pueden hacerlo. En plataformas como Elitetorrent es posible encontrar material audiovisual que otros usuarios han puesto libremente para ello. Y aún así, está demostrado que esos mismo usuarios son los que pagan una suscripción a Netflix o unas entradas para el último estreno de Disney Pixar.

Por otro lado, es normal que la industria ofrezca una resistencia al cambio. De hecho es comprensible dentro del marco de la necesidad de reajustes en las cadenas de valor y la desaparición, en algunas ocasiones, de algunos intermediarios. Pero empeñarse en centrar la discusión de la industria en la piratería no es más que una distracción de los verdaderos problemas a los que se enfrenta: la reconversión obligada por los nuevos modelos de consumo de contenidos. Por suerte la vía de esa reconversión ya se ha abierto, y parece que la acogida ha sido buena. Sin embargo, los efectos perniciosos de algunas leyes creadas a la sombra del dedo acusador de la piratería, permanecen.

Intentar detener a los usuarios de internet a la hora de compartir todo tipo de archivos, es intentar ir en contra de la esencia de internet mismo, es no querer siquiera comprender en qué consiste ni para qué se inventó la red, pués fue precisamente para ese fin: compartir. Tratar de retroceder en el tiempo, en vez de buscar nuevas formas creativas de explorar una nueva tecnología, demuestra cuán apesebrados estaban los magnates de las industrias culturales. Tan sólo los que han sido capaces de adaptarse y reinventarse han podido capear el temporal. Razón tenían quienes no hace tanto decían que no se podían poner puertas al campo.

También es cierto que los argumentos falaces de parte de algunos usuarios no han propiciado el entendimiento. Algunos usuarios argumentan que la cultura debe ser libre y por ello justifican las descargas gratuitas de contenidos protegidos. La cultura puede ser libre, lo que no significa que haya de ser gratis (aunque en inglés se confunda el término al utilizar una misma palabra: free). Al hablar de libertad en la cultura estamos hablando de que no debe haber censura, no del derecho de descargar cualquier contenido sin tener que pagar precio alguno. De hecho, el tema de la censura y la cultura de la cancelación dan para otro escrito. Los creadores merecen una justa retribución por su trabajo. Los creadores.

Por eso también es peligroso el argumento de la “muerte de la cultura” a manos de la piratería, como si el negocio cultural fuera el garante final de la creación cultural. En todo caso estará acabando con quienes se han apoderado las empresas culturales en nombre de la cultura y no con el hecho cultural, que es inherente al ser humano. La creatividad cultural está por encima del negocio. El debate sobre si lo que se nos está vendiendo, o subvencionando, como cultura, lo es realmente, está abierto. Puede que la población esté dejando morir un tipo de cultura que ya no interesa. Y de hecho hay una cultura agonizante, dependiente de las subvenciones, que tala vez hubiese muerto ya, incluso sin la necesidad de la intervención de internet.

Todos estos temas deberían haberse puesto en la palestra, para un debate sosegado y sin crispaciones, antes de que las leyes y los dedos acusadores hicieran pagar a los ciudadanos de a pie por una industria que tenía los días contados. Pero no se hizo. De este modo no nos debemos de extrañar cuando se enarbola la bandera pirata como la única y verdadera bandera de la libertad.