El documento “Efectos del Covid-19 y el paro nacional en la violencia de Cali” analiza cómo la pandemia y la coyuntura del Paro Nacional de 2021 influyeron en las dinámicas de violencia letal y no letal en la ciudad, con énfasis en dos barrios vulnerables del oriente de Cali. El estudio se desarrolla a partir de una metodología mixta que combina análisis estadístico, trabajo de campo, entrevistas y reconstrucción de historias de vida, lo que permite comprender la violencia más allá de las cifras de homicidio, e incorpora dimensiones sociales, familiares y territoriales.
El informe parte del reconocimiento de Cali como una de las ciudades con mayores tasas de homicidio del país, fenómeno históricamente asociado al narcotráfico, la presencia de economías ilegales y profundas brechas sociales. Estas dinámicas se concentran territorialmente en sectores del oriente de la ciudad, caracterizados por pobreza, informalidad, exclusión social y una fuerte presencia de bandas criminales y pandillas, que disputan el control territorial como medio para garantizar rentas ilegales, especialmente del microtráfico.
Durante el confinamiento estricto por Covid-19 en 2020, se registró una reducción significativa de los homicidios en la ciudad, explicada principalmente por la disminución de la movilidad y de los encuentros violentos entre jóvenes vinculados a pandillas rivales. Sin embargo, esta reducción fue temporal. Con los procesos de reapertura y apertura económica, la violencia retomó e incluso superó sus niveles habituales, debido a la reactivación de disputas territoriales y a la recomposición de las estructuras criminales que habían perdido control durante el aislamiento.
El documento muestra que el Paro Nacional de 2021 tuvo un impacto particular en el aumento de la violencia homicida, con incrementos superiores al 60% frente al promedio normal. En este periodo confluyeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del Estado, tensiones sociales acumuladas, crisis económica y una mayor instrumentalización de jóvenes por parte de actores criminales. En los barrios analizados, las bandas aprovecharon el contexto de desorden y debilitamiento institucional para expandir su control territorial, reclutar jóvenes y fortalecer economías ilegales.
Asimismo, el estudio evidencia que durante el confinamiento se intensificaron otras formas de violencia, especialmente la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales y la violencia basada en género, afectando de manera particular a mujeres, niños y adolescentes. Estas violencias estructurales se convierten en factores de riesgo que incrementan la probabilidad de vinculación de los jóvenes a dinámicas criminales, al tiempo que perpetúan ciclos de violencia intergeneracional.
En términos territoriales, el análisis comparado de los barrios A y B muestra diferencias en la organización del crimen, pero una constante: el control territorial como principal detonante de la violencia homicida. Mientras en un barrio predominan disputas más organizadas entre pocas bandas, en el otro la violencia es más desordenada, con múltiples actores y una alta participación de menores de edad, lo que genera escenarios de mayor inestabilidad y letalidad.
Finalmente, el documento concluye que ni la pandemia ni el Paro Nacional crearon nuevas violencias, sino que profundizaron problemas estructurales preexistentes, como la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades laborales y la debilidad de las respuestas institucionales. En este sentido, se plantea la necesidad de políticas públicas integrales con enfoque territorial, que combinen seguridad, prevención social de la violencia, atención en salud mental, fortalecimiento comunitario y generación de oportunidades para los jóvenes, como condiciones indispensables para romper los ciclos de violencia en Cali.