Boletín de prensa #227

Columna de opinión de Inge Valencia y y Sabina Rasmussen, profesoras Departamento de Estudios Sociales, quienes escriben un artículo relacionado con los impactos socioambientales de la minería ilegal en el Chocó, publicada el pasado 25 de marzo, en el portal web La Silla Vacía. 

Entre dragas y aguas 

*Por: Inge Helena Valencia y Sabina Rasmussen, profesoras Departamento de Estudios Sociales, Universidad Icesi

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por el río Quito, para conocer los impactos de la minería ilegal. Recorrimos el río desde Quibdó hasta el corregimiento de Paimadó, poca distancia para el largo recorrido de este importante afluente del departamento del Chocó.

Decir que el río Quito es uno de los ríos más afectados por la minería mecanizada no es una novedad. Comunidades locales y organizaciones llevan alrededor de una década denunciando esta situación por diferentes medios.

Desde mediados de la década de los ochenta, la actividad minera mecanizada empezó a llegar de la mano de las retroexcavadoras y se ha ido intensificando con la presencia de grandes dragas y dragones.

Hoy, un recorrido por el río desde Quibdó ofrece algunos kilómetros de paisaje selvático en una de las más húmedas y pródigas regiones en variedad de especies animales y vegetales del mundo.

Sin embargo, un poco más adelante, el panorama es bastante desolador: ya no hay selva, solo arena y piedra, los cauces del río en algunos lugares han sido desviados, e incluso el caudal es tan bajo que el río no se puede navegar, las aguas están envenenadas por mercurio, hay especies que han disminuido, los peces han desaparecido y el agua y el aire están envenenados.  

Este recorrido entre Quibdó y Paimadó, se repite en varios lugares del país, y responde a ese boom minero que ha tenido el país en los últimos años, donde la minería mecanizada ilegal juega un papel estelar.

Algunas cifras reflejan lo grave de esta situación. Por ejemplo, entre 2005 y 2014 se entregaron más de 8.000 títulos mineros y, en este momento, hay más de 20.000 solicitudes en todo el país. Esto demuestra la importancia que tiene esta actividad para las economías legales e ilegales del país, y también la falta de control en el ordenamiento de esta actividad.

Según el censo sobre minería de aluvión realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito realizado en 2015, actualmente en el país existen casi 80.000 hectáreas que registran huella de exploración minera. El 80 por ciento de esa exploración se realiza en los departamentos de Chocó y Antioquía y solo el 15 por ciento tiene títulos legales.

Estas cifras son muy alarmantes porque en general estamos enfrentando un boom minero que genera importantes conflictos socioambientales, y que contribuye a recrudecer el conflicto armado, ya que, en muchos lugares del país, en particular de la región Pacífico, la minería va de la mano con la presencia de actores armados ilegales.

En el caso de la región Pacífico, durante muchos años la minería de barequeo fue una actividad asociada a formas de subsistencia de las poblaciones afrodescendientes. Hoy es común encontrar por varios ríos y lugares de la región la presencia de retroexcavadoras y dragones que poco a poco destrozan los cauces de las fuentes hídricas.

Es por eso que los líderes del Consejo Comunitario de Paimadó, Bernardino Mosquera, Valerio Andrade e Ingris Asprilla hablan de una “diferencia abismal” entre las prácticas mineras tradicionales y las actuales, que se ve por ejemplo en el tipo de maquinaria utilizada, donde ahora abundan dragas y retroexcavadoras de gran porte que generan grandes impactos ambientales.

También porque antes, la minería tradicional estaba asociada a procesos de subsistencia de comunidades que se basaban en la unidad familiar para la explotación. En la actualidad los enclaves extractivos mecanizados, contratan y tercerizan a personas de fuera de la región y muchas veces relacionada con actividades ilegales como la extorsión o la financiación de actividades criminales.

Dos situaciones se resaltan aquí. La primera es que la política rectora minera no es clara, y divide las actividades mineras entre las legales (las que tienen título y licencia ambiental) y las ilegales (aquellas que no cumplen con estos requisitos). Por lo que mucha de la minería artesanal asociada a formas tradicionales de subsistencia de poblaciones afrodescendientes por no hacer y tener estos procedimientos queda metida en este campo de lo ilegal.

La segunda es que encontramos una importante proliferación de entables mineros en lugares donde hacen presencia actores armados ilegales, que ven en la minería una posibilidad de rentas para la financiación de sus actividades criminales. Recordemos que el gramo de oro hoy se vende a 180.000 pesos y en un mes un entable minero puede producir hasta 1 kilo mensual, lo que en cifras gruesas dejaría casi 200 millones mensuales por entable.

En el recorrido Quibdó- Paimadó que realizamos contamos más de 15 entables. Así que en un ejercicio simple de matemáticas tendríamos que en este sector la minería puede dejar más de tres mil millones de pesos al mes.

Además, es muy importante mencionar que, en muchos lugares del país, la disputa por los vacíos de poder dejados por las Farc, ha hecho que distintos grupos ilegales entren a controlar las rentas ilegales que se producen allí.

En la región del Pacífico, en medio del proceso de implementación de algunos de los programas ligados al acuerdo como los Pdets y los Pisdas, encontramos un importante aumento de cultivos de coca y de la realización de la minería ilegal debido a los innumerables ríos de la región.

En este escenario el departamento de Chocó, el Pacífico Nariñense o el Caucano, son territorios en disputa por los actores armados de cara a las importantes rentas ilegales que deja este lugar, como deja ver el mapa que representa la titulación minera y la presencia de los cultivos ilícitos de la región.

¿Cómo imaginar la vida de las comunidades del Chocó y del Pacífico sin sus ríos? El río ya no se puede usar para pescar, porque sus peces son cada vez más escasos y los que se encuentran, tienen todas las probabilidades de tener alto contenido de mercurio. Tampoco se puede usar como recreación, porque sus aguas contaminadas producen enfermedades de diverso tipo.

Por eso es que los actores locales, académicos, religiosos, líderes y lideresas, concuerdan en que, si bien los daños ambientales son muy graves y se ven, la destrucción del tejido social es una consecuencia aún peor. Además, muchos de quienes denuncian, reciben amenazas, en medio del recrudecimiento del conflicto, donde las rentas ilegales comienzan a hacer más difícil el pos acuerdo.

Frente a esta situación, en el caso particular de Chocó, aparece la Sentencia 622 de 2016 de la Corte Constitucional que le otorga derechos al río Atrato, para prevenir que no suceda con él, lo que ya sucedió con el rio Quito.

Frente a la tutela interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”,en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba), el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó (FISCH) y otros, la Corte reconoce al Río Atrato como un sujeto de derechos, “[…] lo que implica su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración.” (Sentencia T-622 de 2016, pg 140). Con ellos se busca realizar una intervención integral que apunte a “[…] la construcción de un Estado Social de Derecho en la región, donde se garanticen unas condiciones mínimas (o puntos de partida esenciales), que permitan el desarrollo de una vida digna, plena en el ejercicio de derechos y en condiciones de bienestar para todos los chocoanos.” (Sentencia t-622 de 2016, pg 145).

Esta sentencia a favor de las comunidades y del río es considerada por quienes la impulsaron como una oportunidad. Aunque se percibe también una distancia muy grande entre lo que enuncia la ley, y el panorama generalizado que han tenido que vivir muchas poblaciones en la región del Pacífico, la “ausencia” del Estado, la persistencia del conflicto armado y la degradación de su territorio.

Una recomendación importante aquí es que dentro de la implementación de los Planes de Desarrollo con enfoque territorial (Pdets), se le dé un espacio importante a programas que le apunten a abordar el fenómeno de la minería ilegal. También el punto 4, debe abordar la emergencia de estas economías ilegales ya que es indiscutible que la minería tiene que ver con falta de oportunidades y las disputa por el de control territorial por parte de actores armados ilegales que ven en la ella una forma de captar recursos y controlar los territorios.

Ver aquí el artículo en el sitio web: http://lasillavacia.com/silla-llena/red-pacifico/historia/entre-dragas-y-aguas-65221

Más informes: Inge Valencia, Jefe del Departamento De Estudios Sociales; Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.