La bonanza minero energética y el IBU

Por: Blanca Zuluaga, Departamento de Economía Universidad Icesi

El país atraviesa por un período que muchos califican como de bonanza minero energética. En efecto, los recursos que por concepto de regalías reciben las regiones productoras, equivalentes a 46,6 billones de pesos en los últimos 10 años, se  duplicarán en la próxima década. Sin embargo, no se puede calificar como bonanza un fenómeno que no necesariamente beneficiará a una parte considerable de la población.

La experiencia en Colombia es que los departamentos que más reciben regalías, aún tienen un elevado porcentaje de su población con necesidades básicas insatisfechas. El elevado crecimiento del Producto Interno Bruto en algunas de estas regiones, no ha sido acompañado de mejoramientos considerables en el nivel de calidad de vida de sus habitantes. El sistema actual de repartición de las regalías entre los departamentos del país, presenta profundas inequidades que justifican el proyecto de reforma a las regalías que actualmente se discute en el congreso. La reforma propone una fórmula diferente de distribución de las regalías, que permite a las regiones no productoras disfrutar de un mayor porcentaje de los recursos, apoyándose en la idea de que los recursos de la tierra pertenecen al Estado Colombiano y no solamente a los territorios productores. Aunque la reforma que se discute representa un avance en la lucha contra el saqueo a las regalías que se ha presentado durante años en Colombia, no hay garantías para asegurar que una vez los recursos sean distribuidos más equitativamente entre los departamentos, dichos recursos lleguen a todos los habitantes de las regiones, contribuyendo significativamente al mejoramiento de su nivel de vida.

Existe otra alternativa para la distribución de los recursos provenientes de la minería que solamente se ha discutido en el ámbito académico: un dividendo universal o ingreso básico universal distribuido entre todos los habitantes del país sin ningún tipo de condicionamiento (Vea por ejemplo, Paul Segal (2009). “Resource Rents, Redistribution, and Halving Global Poverty: The Resource Dividend”. Departamento de Economía, Universidad de Oxford). Dado que los recursos naturales pertenecen al país, son propiedad de todos los colombianos, un criterio adecuado para su distribución justa es repartirlos de forma igualitaria entre todos los individuos de la sociedad. Una vez se ha pagado a quienes contribuyeron en la explotación de los recursos, no hay algún individuo o grupo de individuos que tenga un derecho moral especial sobre las rentas que quedan. Por tanto es justo una distribución igualitaria entre todos los dueños de las rentas: los colombianos. Los recursos mineros deben destinarse a aumentar el bienestar de la población, y el sistema actual de repartición de regalías desvía una buena proporción de los recursos a la corrupción y el saqueo. Una forma de evitarlo es reconocer y hacer efectivo el derecho de todos los miembros de la sociedad a una parte de esos recursos.

Es claro que quien realice la explotación, tiene derecho a apropiarse de una parte del resultado de la produción, pero dados los elevados márgenes de ganancia de la actividad minera, el gobierno colombiano estaría en la capacidad de aumentar considerablemente el porcentaje de regalías exigido actualmente a las empresas explotadoras. Los que se oponen a aumentar el monto de las regalías, alegan pérdida de competitividad y desincentivo a los inversionistas. Estos temores son infundados, primero porque las empresas explotadoras no tienen tanta capacidad de movilidad, pues deben permanecer donde existan recursos, los cuales son limitados en el mundo. Segundo, porque ya se ha demostrado con las regalías del petróleo, que aún aumentándolas considerablemente, muchos inversionistas estarían dispuestos a entrar a ese lucrativo negocio.

Existe una oportunidad de oro (y de petróleo, niquel, ferroníquel, esmeraldas, carbón, coltán entre otros) para Colombia de asignar adecuadamente los recursos que provienen de la riqueza natural del suelo. Un dividendo universal garantizaría que todas las personas alcanzaran de manera directa los beneficios de la bonanza.

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