Acuerdo sobre justicia transicional abre la puerta a un orden político menos violento y más justo
Desde que arrancaron las negociaciones oficiales con las FARC hace casi tres años, el gobierno del presidente Santos ha reiterado una y otra vez que la meta del proceso es la terminación del conflicto armado con los insurgentes, no resolver todos los problemas de Colombia. Este mensaje ha sido acertado y prudente a la vez. No obstante, ahora, después de la reciente firma del preacuerdo sobre el muy espinoso tema de la justicia transicional, se hace evidente que hay mucho más en juego que el fin del conflicto con las FARC. Pareciera que por fin el “Barco Colombia” está tomando rumbo hacia un orden político menos violento y más justo. Los detractores del acuerdo -que curiosamente incluyen tanto al expresidente Álvaro Uribe como a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, acérrimos e intransigentes contrincantes en el pasado- salieron de una lamentándose que habrá impunidad para los líderes de las FARC y más violencia; en esencia, trataron de quitarle legitimidad al acuerdo. Nada más puede ser más lejos de la realidad. ¿Qué están diciendo los colombianos que han sido víctima de los abusos y de la violencia por parte de ambos lados, insurgencia y Estado? Hasta el momento, no se percibe que haya una reacción desconcertada de estos sectores de la sociedad que tendrían todo el derecho moral de decirle al gobierno y las FARC que por allí no va la cosa, que este acuerdo no es legítimo. Quizá una explicación sencilla de esta no protesta sea que el acuerdo, que de manera estratégica se relaciona con los otros acuerdos que ya se han firmado en La Habana, no es malo. Al contrario, es probablemente el mejor acuerdo que las partes -Gobierno y FARC- podrían haber negociado en las circunstancias muy complejas del conflicto colombiano. Pese a la confusión a la que pueda dar pie la similitud de las penas alternativas, cinco a ocho años de privación de libertad, el actual acuerdo sobre justicia transicional tiene muy poco o nada que ver con la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) del gobierno de Uribe. La diferencia más clara entre las dos concepciones de justicia transicional radica en el hecho que el anterior gobierno inicialmente buscó blindar a los paramilitares y ofrecerles impunidad a cambio de la desmovilización de sus estructuras armadas, más no de sus redes políticas y criminales. Cuando por varias razones ello resultó ser imposible, Uribe resolvió extraditar a casi todos los líderes paramilitares a Estados Unidos. Fueron despachados no por haber cometido crímenes atroces en Colombia sino porque Washington los quería ver detrás de las rejas por narcotraficantes. Con lo que se conoce, Santos no ha buscado que los crímenes atroces cometidos por las FARC queden en la impunidad. Lo que ha buscado es la resolución del conflicto armado por medio de la negociación política con la insurgencia -sin abandonar la obligación constitucional del Estado de velar por los derechos y la seguridad de los ciudadanos, espacialmente las víctimas del conflicto. Es un esfuerzo muy grande y también arriesgado, que necesariamente pasa por encontrar un balance entre los imperativos de la justicia y la paz. Maximalismos no ayudan en estas situaciones. Aunque hay asuntos de importancia que necesitarán de mucha atención para que el proceso no se desvirtúe, el acuerdo sobre justicia transicional da un tratamiento apropiado a este problema. Pone el énfasis en la satisfacción plena de los derechos de las víctimas y la consecución de la paz por medio de la justicia restaurativa y reparadora, no punitiva; da un tratamiento diferenciado al delito político y los “delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra”; y extiende la Jurisdicción Especial para la Paz a “todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado”. Este último punto es absolutamente clave. Refleja el reconocimiento por parte del Gobierno y de las FARC que existe una co-responsabilidad, que de lado y lado se han cometido crímenes durante el conflicto que deben ser investigados y sancionados en el marco de la Jurisdicción Especial (con un apoyo “minoritario” de parte de jueces extranjeros). Es más, abre la puerta a que Colombia inicie la transición de su orden híbrido actual, en el cual la legalidad comparte la cama con la ilegalidad y criminalidad, a un orden legal “puro” donde prevalece el estado de derecho y hay un control institucional efectivo sobre el ejercicio de la violencia; y donde los ciudadanos pueden gozar plenamente de sus derechos y libertades fundamentales.
