Ingreso Básico Universal

Por Blanca Zuluaga

En una edición reciente de Foreign Affairs, Christopher Blattman y Paul Niehaus (Columbia University), dedican una columna a responder por qué otorgar transferencias en efectivo contribuye a aliviar la pobreza más que otros programas. Empiezan por resaltar el elevado costo de entregar ayudas en especie a los pobres, usando las donaciones de los países desarrollados. Más que el costo del overhead o gastos generales de los intermediarios, a los autores les preocupa el  elevado costo de hacer llegar a manos de los pobres los bienes que se supone les ayudará a mejorar sus condiciones económicas. Los programas contribuyen de hecho a reducir la incidencia de la pobreza, pero a costos innecesariamente elevados, como se ha podido corroborar haciendo seguimiento a algunas organizaciones de desarrollo que se han abierto al escrutinio: cada bien se entrega a un costo que puede ser mucho más del 100% de su valor en el mercado.

¿Porqué no entregar entonces el efectivo a la familia? Numerosos estudios recientes han mostrado que entregar el efectivo directamente a los pobres es también eficaz para reducir la pobreza y cuesta mucho menos que las ayudas en especie.

Según Blattman y Niehaus, los países desarrollados gastan alrededor de 180 billones de dólares en ayuda extranjera, pero los pobres reciben mucho menos de esa cantidad en efectivo. Sin embargo, las transferencias no condicionadas de dinero han probado ser mucho más efectivas que incluso programas de educación o de microcréditos. Los autores mencionan el ejemplo de la organización sin ánimo de lucro de la India llamada Spandana, quien a principios de 2005 realizó créditos de 250 dólares con bajas tasas de interés a cientos de mujeres en Hyderabad, India. Una evaluación adelantada por profesores de MIT encontró que el programa no tuvo efecto sobre la educación, salud, pobreza ni empoderamiento de la mujer, analizando un período de veinte años. El programa fue útil para que las familias pasaran el período de crisis, realizaran algunas mejoras de vivienda o adquirieran equipo agrícola, pero no tuvo ningún impacto duradero en el consumo o el ingreso.

Otro ejemplo es el de los programas de entrenamiento vocacional o empresarial. Los economistas McKenzie (Banco Mundial) y  Woodruff (Warwick) realizaron una revisión de varios experimentos aleatorios controlados y concluyeron que este tipo de programas tuvieron bajos efectos duraderos en las ventas o beneficios de los empresarios. Por el contrario, programas de capacitación acompañados de transferencias no condicionadas han mostrado tener mayor éxito en incrementar permanentemente el ingreso de los empresarios.

A pesar de la evidencia existente a favor de las transferencias no condicionadas,  aún existen muchas prevenciones acerca de este tipo de ayudas. Blattman y Niehaus mencionan que los contradictores  usan argumentos que no son respaldados por la evidencia empírica, tales como: “los hombres se beberán el dinero, los pobres diligentes pero con bajo nivel de educación tendrán problemas para tomar decisiones apropiadas y que estas ayudas convierten a la gente en Estado-dependientes” (traducción libre).

Si aceptamos, de acuerdo a la evidencia, que los pobres sufren esta condición por falta de recursos y oportunidades más que por falta de iniciativa, podríamos fácilmente aceptar la conveniencia de las transferencias no condicionadas: cada individuo sabe mejor que cualquier otro cuáles son sus necesidades y, una vez cuente con los recursos, puede implementar las estrategias que requiera para mejorar su situación.

Por supuesto, hay que ser realistas. No podemos afirmar que las transferencias no condicionadas son la panacea y que erradicarán la pobreza mundial. La evidencia aún no nos permite ir tan lejos. Pero como dice Blattman, la evidencia sí nos permite afirmar que probablemente “este tipo de programas apesten menos que el resto de programas anti-pobreza” (traducción propia).

Por: Blanca Zuluaga

La más reciente editorial del NewsFlash del Basic Income Earth Network (BIEN), hace referencia a un estudio realizado por  Christopher Blattman (Columbia University), Nathan Fiala (DIW Berlin) y Sebastian Martinez (BID). El documento se titula “Credit Constraints, Occupational Choice, and the Process of Development: Long Run Evidence from Cash Transfers in Uganda”. Los autores encuentran, a partir de un experimento en Uganda, que una transferencia monetaria a los individuos incrementa tanto el nivel de empleo como los salarios. Este resultado es bastante atractivo, teniendo en cuenta que una de las principales críticas a las transferencias incondicionales como el ingreso básico universal, proviene de su potencial impacto negativo en los incentivos de la oferta laboral para trabajar.

Blattman postea en su blog: “Queridos gobiernos, ¿quieren ayudar a los pobres y transformar la economía? den el dinero a la gente”. Esta es una posición polémica que hace parte del debate acerca de la conveniencia de tener una institución pública encargada de manejar los recursos destinados al combate de la pobreza, versus la importancia de entregar directamente a los pobres los recursos, porque ellos mismos, más que los funcionarios públicos, saben cuál es la manera más expedita de salir de su situación, una vez cuentan con los ingresos monetarios que les permita tomar decisiones y actuar.

Los autores exploran un programa que consistió en otorgar aleatoriamente una transferencia relativamente incondicional en Uganda.  El gobierno dio 400 dólares por persona  a un grupo de 20 jóvenes en Uganda. Este monto equivale al ingreso anual per cápita en la zona rural del país. A los críticos de este tipo de programa les parecía escandaloso que se confiara en que un joven pobre gastaría de manera responsable este dinero. La metodología del estudio consistió en seguir alrededor de 2500 personas durante dos y cuatro años después de la transferencia.

Los resultados del experimento muestran que los beneficiarios de la transferencia incrementaron  en 17% las horas trabajadas; además, sus ingresos aumentaron alrededor del 50%, debido a que las actividades a que dedicaban las horas adicionales de trabajo eran de mayor retorno. Gracias a la transferencia, las personas pudieron invertir en capacitación o invertir tiempo en buscar mejores trabajos. Esto es algo que personas que se encuentran en la extrema pobreza no tienen tiempo de hacer, porque deben orientar sus esfuerzos a la sobrevivencia diaria.

Se encuentra en el estudio que los jóvenes que  mejoraron en mayor medida gracias a la transferencia, fueron aquellos en peores condiciones: quienes enfrentan las mayores restricciones de capital y de crédito (“The more tightly coiled the spring, the bigger the bounce on release”). Esto es cierto especialmente para las mujeres, para quienes el crédito es mucho más racionado que para el hombre. Por esta razón, el impacto positivo del programa es mucho mayor para las mujeres.

Se sigue acumulando evidencia del escaso sustento empírico que tienen quienes arguyen que las transferencias incondicionales solamente generan pobres perezosos. Una posibilidad rápida y efectiva para superar la trampa de la pobreza, es el acceso a medios monetarios que permitan al individuo mejorar sus capacidades de generación de ingreso propio.

Por: Blanca Zuluaga (Departamento de Economía, Universidad Icesi)

En el primer capítulo de su libro “Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange” , Nancy Fraser analiza detalladamente dos tipos de peticiones de justicia social comúnmente realizadas: las demandas por redistribución del ingreso o la riqueza – usualmente asociadas a la lucha de clases – y las políticas de reconocimiento – asociadas a la lucha por estatus -. La autora ofrece una nutrida argumentación para sustentar la idea de que la búsqueda de la justicia por la vía de la redistribución del ingreso o por la vía del reconocimiento de la identidad, no son caminos excluyentes como se sugiere con frecuencia en la literatura. Fraser defiende la idea de pensar la justicia desde un enfoque bi-dimensional. Esto significa que es relevante preguntarse cuáles son las reformas institucionales necesarias para remediar las injusticias de estatus y las de clase de manera simultánea. A partir de éste enfoque bi-dimensional, también resulta relevante preguntarse si lo que se requiere para corregir las injusticias son las políticas afirmativas – aquellas que buscan corregir resultados inequitativos sin transformar las estructuras sociales que las generan – o las políticas transformadoras – es decir, aquellas orientadas a modificar el sistema estructuralmente para cortar la raíz generadora de inequidades -.
Es en este punto donde Fraser emplea en el texto el ejemplo del Ingreso básico Universal – IBU. Una política de este tipo, según la autora, es simultáneamente afirmativa y transformadora, en la medida en que puede contribuir en el mediano y largo plazo al cambio de la relación de poderes en la sociedad. Estos cambios pueden presentarse, por ejemplo, en el mercado laboral y en la distribución de roles según género.
Respecto al efecto transformador en el mercado laboral, el IBU contribuye a reducir la brecha de poder entre los empleadores y la mano de obra, en la medida en que los trabajadores se encontrarían en una mejor posición a la hora de negociar sus condiciones de trabajo y su salario, sin que esté en juego la subsistencia. Fraser advierte que esto no necesariamente es cierto en una economía donde las instituciones laborales son tan débiles que el IBU, en vez de permitirle al trabajador una mejor posición en la negociación laboral, serviría como una excusa de los empleadores para reducir el salario de enganche – alegando que ya existe una transferencia que garantiza un mínimo estándar de vida, independientemente de la condición laboral -.
Por otro lado, en cuanto a la división de tareas por género, el IBU podría ser altamente transformador si está acompañado de políticas de cuidado infantil que permitan a la mujer decidir con mayor libertad sobre la distribución de su tiempo entre actividades domésticas y participación en el mercado laboral. Si éstas políticas de cuidado infantil de alta calidad no se promueven a la par con el IBU, este último podría convertirse, según la autora, en un incentivo a consolidar la “carrera de mamá”, reforzando en vez de transformar las estructuras de distribución de roles entre géneros.
En conclusión, el IBU puede considerarse una medida efectiva para reducir las injusticias originadas tanto por la inadecuada distribución de la riqueza, como por la falla en el reconocimiento de la identidad de ciertos grupos de población.

Por: Blanca Zuluaga (Publicado en Boletín POLIS #7)

Una de las objeciones más frecuentes a la implementación de una transferencia incondicional como el IBU, es que éste podría constituir un desincentivo a la fuerza laboral, en la medida en que algunas personas, sabiendo que tienen asegurado cierto nivel de subsistencia, optarían por el ocio en vez de ofrecer su fuerza de trabajo. ¿Está realmente bien fundamentado este temor? Existen razones para pensar que éste efecto, si existe, no sería muy significativo. En este apartado presentaré brevemente algunos elementos que podrían desarrollarse más extensamente con el fin de contra-argumentar el desincentivo laboral como crítica a la implementación del IBU.

Empecemos por recordar que, según la teoría económica sobre sustitución óptima entre trabajo y ocio, cuando un individuo observa que su salario por cada hora trabajada ha aumentado, experimenta los denominados efectos sustitución y renta. Por el efecto sustitución, dado que el costo de oportunidad del ocio es mayor después del incremento salarial, el individuo preferirá trabajar más. Por el contrario, el efecto renta implica que el individuo ahora tiene más ingreso con las mismas horas de trabajo, lo que le permitiría reducir la oferta laboral sin afectar su poder adquisitivo. Lo que suceda con el número horas de trabajo ofrecidas después del cambio, dependerá de cuál de los dos efectos predomine.

Analizando estos efectos a la luz del IBU,  tenemos que,  dado que la transferencia es incondicional – el beneficiario no deja de recibir el IBU si empieza a trabajar y percibe más allá de cierto nivel de ingreso -, no existiría un efecto sustitución ya que no habría variación en el costo de oportunidad del ocio (éste sigue siendo el salario), lo que anula una posible fuente de  desincentivo a la oferta laboral.

En cuanto al efecto renta, es cierto que el mayor ingreso a un nivel dado de horas trabajadas que el IBU implica, podría eventualmente reducir la oferta laboral. Sin embargo, tal como se plantea en Segal (2009),[1] el efecto renta sería mayor para quienes tienen más bajo costo de oportunidad del ocio, es decir, los trabajadores menos productivos. Entre más baja sea la proporción del IBU con respecto al salario total, menos probable es que se reduzcan las horas de trabajo deseadas. Lo anterior quiere decir que el efecto global sobre el aporte de los trabajadores a la producción total sería relativamente bajo.

Adicionalmente, es probable que en una etapa inicial de la implementación del IBU en Colombia, el monto apenas alcance los niveles necesarios para la subsistencia.[2] Y la realidad nos muestra que las personas no solo desean subsistir, sino que también esperan satisfacer otros gustos y preferencias que van más allá de las necesidades básicas. La satisfacción de las preferencias de gasto de los individuos estaría lejos de alcanzarse con una restricción presupuestaria limitada exclusivamente al IBU.

Otra razón por la que el IBU no implicaría necesariamente un desincentivo a la oferta laboral, es que las personas desean consumir tanto o más que sus pares. El consumo tiene un componente de señalización y estatus (Verpoorten (2009)). Dado que el IBU es universal, y que  todas las personas tendrían mayor capacidad de consumo, el consumo relativo no variaría, por lo cual las personas necesitarían adquirir mayores ingresos (trabajando, por ejemplo) si quieren diferenciarse. Este factor se complementa con el hecho de que los deseos y aspiraciones se ajustan. Cuando las personas alcanzan cierto nivel de satisfacción con una determinada canasta de bienes, las aspiraciones no son estáticas sino que los individuos van a desear incluir otros bienes y servicios en su canasta de consumo para satisfacerse. Dada la dinámica de las aspiraciones, contar con una transferencia incondicional no va a implicar necesariamente que el individuo limite su consumo a lo que sea posible adquirir a través del IBU.

Por el contrario, no es difícil pensar que con la implementación del IBU aumentarían los incentivos para trabajar, puesto que las personas tendrían cierto nivel de capital con el cual contar a la hora de pensar en un negocio. Además, la productividad de la fuerza laboral aumentaría, pues la probabilidad de desnutrición y ausentismo escolar se reduciría.

Otro aspecto favorable del IBU respecto al mercado laboral, tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad de negociación salarial por parte de los trabajadores. Cuando la subsistencia no está en juego, los salarios sí pueden ser considerados como el resultado de la justa negociación entre oferentes y demandantes de trabajo. El alto número de desempleados y la actual tendencia en los procesos productivos a reducir la mano de obra empleada y aumentar el capital,[3] deterioran considerablemente el poder de negociación de los trabajadores.  Con el IBU, las personas tendrían más posibilidades de negarse a realizar un trabajo que vulnere su dignidad.

Un ejemplo empírico que puede tomarse como contra-evidencia de los supuestos efectos negativos del IBU sobre la fuerza laboral es el de Alaska, donde la población económicamente activa no se ha reducido a causa de la transferencia incondicional a la que todos los residentes tienen derecho desde hace más de dos décadas. En todo caso, si ampliáramos el concepto de trabajo, reconociendo que no solo debemos llamar así a la actividad remunerada sino también a cierto tipo de ocupaciones con altos beneficios a nivel familiar y/o social, pero sin remuneración, la existencia de un IBU implicaría incluso una disminución de la población desempleada ejerciendo presión en el mercado laboral.

Bibliografía

Segal, P. (2009). Resource Rents, Redistribution, and Halving Global Poverty: The Resource Dividend. Oxford Institute for Energy Studies.

Van Parijs, Ph. (1996). Libertad real para todos. Editorial Paidós, Barcelona.

Verpoorten, M. (2008). Conflict and survival: an analysis of shocks, coping strategies and economic mobility in Rwanda, 1990-2002. Doctoral Dissertation Catholic University of Leuven.

Por: Rafael Silva. Profesor del departamento de Estudios Políticos, Universidad Icesi.

Problema central

Phillipe Van Parijs se plantea el siguiente problema en torno a la relación entre el IBU y el trabajo: ¿la maximización del IBU sujeta a ciertas constricciones puede presentar un sesgo favorable a los holgazanes, que decidan pasar el tiempo libre divirtiéndose y a expensas de quienes se esfuerzan en trabajar seriamente?

Estas son las variantes del problema

1. ¿Al optar por un IBU máximo no se está ofreciendo el mejor de los mundos posibles a los holgazanes y el peor para los “trabajadores compulsivos”? ¿Es esto justo?

2. Como en el primer Rawls, ¿al maximizar el ingreso y el bienestar de los peor situados no se produce una situación óptima para los amantes del tiempo libre y el descanso?, ¿al modo de una consecuencia indeseada del segundo principio de la justicia de Rawls?

3. ¿Optar por la maximización de un IBU sostenible puede implicar una tasa de imposición bastante más baja sobre todo lo donado o legado en una sociedad?

4. ¿Un IBU justificado de esa manera no resulta ser espantosamente bajo?

5. ¿Cuál es la manera legítima de maximizar el IBU de forma sostenible, sin tener que recurrir a la imposición a las transferencias de riqueza?

6. ¿El supuesto de la escasez de empleo es un argumento válido para proponer que es legítimo para establecerle impuestos con el fin de lograr la maximización del IBU sostenible? ¿No se podrían considerar alternativas como la reducción de la jornada laboral, los subsidios al empleo o las ayudas a los desempleados no voluntarios?

7. ¿Solamente a los ingresos salariales se les puede poner impuestos de manera legítima? ¿Y qué pasa con los trabajadores autónomos y con los ingresos del capital?

8. ¿En el supuesto de que no todos los trabajadores tengan habilidades idénticas o idénticas capacidades para adquirir esas habilidades, se sigue justificando la imposición del impuesto al trabajo? De ser así: ¿no conduce eso a un resultado contradictorio  con la compensación bastante más estricta que aparecía justificada por el criterio de diversidad no dominada?

Contextualización del problema

Mediante el criterio de evaluación de “diversidad no dominada” Van Parijs sugiere cómo distinguir a aquellos individuos que necesitan una compensación complementaria al IBU y aquellos que no. El criterio de diversidad no dominada sugiere que “La dotación interna de X domina a la dotación interna de Z si y solamente si toda persona dada su concepción de buena vida, prefiere la dotación de X a la de Z”. Las condiciones para el test de la diversidad no dominada, es que las preferencias sean genuinas y que generalmente sean accesibles*/. Van Parijs encuentra este criterio cómo eficaz para delimitar a aquellos individuos con dotaciones internas “normales”, de aquellos individuos que presentan ciertas discapacidades que ameritan compensación. Por tanto, Van Parijs establece dos caminos de redistribución de recursos, el primero dirigido a través del principio de “diversidad no dominada”, y el segundo la aplicación de una política de implementación de un IBU.

El principio de “diversidad no dominada” puede ser una constricción necesaria para que la maximización del IBU no presente sesgos a favor de ciertos o determinados intereses, sobre todo cuando la maximización del IBU implica la distribución de bienes externos, de “activos”. Ese principio parece estar en la vorágine de un problema de honda preocupación en el pensamiento liberal: ¿cuál puede ser la distribución justa del trabajo?, ¿cuál es el criterio para determinar quién ha de trabajar y quién no?, o, aún más, ¿cuál es el trabajo debido para determinado individuo?

Obviamente esta cuestión puede ser pensada en divergentes circunstancia, que en términos de la modelación de un criterio prescriptivo de justicia implica echar mano de supuestos con el fin de inferir consecuencias lógicas posibles. Dos alternativas hipotéticas se plante Van Parijs ante la dificultad del asunto: a) ¿cómo ha de ser la distribución justa del trabajo y de sus beneficios en una supuesta situación de igual de capacidades de los individuos de una sociedad auténticamente liberal?, b) ¿cómo ha de ser la distribución justa del trabajo y de sus beneficios en una supuesta situación de desigualdad de capacidades de los individuos de una sociedad auténticamente liberal?

El punto de discusión de Van Parijs tiene que ver con la manera como la tradición liberal ha asumido este debate y las distintas respuestas que ha elaborado al respecto. Ese es su punto de quiebre con la tradición liberal misma. Pero ese punto de quiebre tiene que ver con unas preguntas orientadoras de su pensamiento: ¿qué es un liberalismo auténtico?, ¿cómo entiende un liberal auténtico el trabajo?, ¿cómo lo distribuiría?, ¿cuál sería la concepción adecuada de entenderlo para ser consecuente con la idea de la libertad real?

*/Ackerman cree que solo hay dos lecturas posibles a partir de este criterio. O bien una persona X domina (en dotaciones internas (capacidades, talentos) a una persona Y, y por tanto la persona Y puede exigir algún tipo de compensación; o por el contrario no existe dominancia de ningún sujeto no dejando margen para ningún tipo de compensaciones (Ackerman 1993). De aquí que una sociedad es injusta (diversidad dominada) cuando un individuo prefiere la dotación total (interna y externa) de otro. Por el contrario en una situación de diversidad no dominada, ninguno preferiría la dotación total de otro individuo.

Por: Blanca Zuluaga, Departamento de Economía Universidad Icesi

El país atraviesa por un período que muchos califican como de bonanza minero energética. En efecto, los recursos que por concepto de regalías reciben las regiones productoras, equivalentes a 46,6 billones de pesos en los últimos 10 años, se  duplicarán en la próxima década. Sin embargo, no se puede calificar como bonanza un fenómeno que no necesariamente beneficiará a una parte considerable de la población.

La experiencia en Colombia es que los departamentos que más reciben regalías, aún tienen un elevado porcentaje de su población con necesidades básicas insatisfechas. El elevado crecimiento del Producto Interno Bruto en algunas de estas regiones, no ha sido acompañado de mejoramientos considerables en el nivel de calidad de vida de sus habitantes. El sistema actual de repartición de las regalías entre los departamentos del país, presenta profundas inequidades que justifican el proyecto de reforma a las regalías que actualmente se discute en el congreso. La reforma propone una fórmula diferente de distribución de las regalías, que permite a las regiones no productoras disfrutar de un mayor porcentaje de los recursos, apoyándose en la idea de que los recursos de la tierra pertenecen al Estado Colombiano y no solamente a los territorios productores. Aunque la reforma que se discute representa un avance en la lucha contra el saqueo a las regalías que se ha presentado durante años en Colombia, no hay garantías para asegurar que una vez los recursos sean distribuidos más equitativamente entre los departamentos, dichos recursos lleguen a todos los habitantes de las regiones, contribuyendo significativamente al mejoramiento de su nivel de vida.

Existe otra alternativa para la distribución de los recursos provenientes de la minería que solamente se ha discutido en el ámbito académico: un dividendo universal o ingreso básico universal distribuido entre todos los habitantes del país sin ningún tipo de condicionamiento (Vea por ejemplo, Paul Segal (2009). “Resource Rents, Redistribution, and Halving Global Poverty: The Resource Dividend”. Departamento de Economía, Universidad de Oxford). Dado que los recursos naturales pertenecen al país, son propiedad de todos los colombianos, un criterio adecuado para su distribución justa es repartirlos de forma igualitaria entre todos los individuos de la sociedad. Una vez se ha pagado a quienes contribuyeron en la explotación de los recursos, no hay algún individuo o grupo de individuos que tenga un derecho moral especial sobre las rentas que quedan. Por tanto es justo una distribución igualitaria entre todos los dueños de las rentas: los colombianos. Los recursos mineros deben destinarse a aumentar el bienestar de la población, y el sistema actual de repartición de regalías desvía una buena proporción de los recursos a la corrupción y el saqueo. Una forma de evitarlo es reconocer y hacer efectivo el derecho de todos los miembros de la sociedad a una parte de esos recursos.

Es claro que quien realice la explotación, tiene derecho a apropiarse de una parte del resultado de la produción, pero dados los elevados márgenes de ganancia de la actividad minera, el gobierno colombiano estaría en la capacidad de aumentar considerablemente el porcentaje de regalías exigido actualmente a las empresas explotadoras. Los que se oponen a aumentar el monto de las regalías, alegan pérdida de competitividad y desincentivo a los inversionistas. Estos temores son infundados, primero porque las empresas explotadoras no tienen tanta capacidad de movilidad, pues deben permanecer donde existan recursos, los cuales son limitados en el mundo. Segundo, porque ya se ha demostrado con las regalías del petróleo, que aún aumentándolas considerablemente, muchos inversionistas estarían dispuestos a entrar a ese lucrativo negocio.

Existe una oportunidad de oro (y de petróleo, niquel, ferroníquel, esmeraldas, carbón, coltán entre otros) para Colombia de asignar adecuadamente los recursos que provienen de la riqueza natural del suelo. Un dividendo universal garantizaría que todas las personas alcanzaran de manera directa los beneficios de la bonanza.

Por: Camila Pacheco, Economista Universidad Icesi. 

Según el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, “toda persona es libre de escoger profesión u oficio”. Ante este enunciado, una persona del común podría pensar que en nuestro país todos los ciudadanos se desempeñan en el oficio de su agrado y que tienen plena libertad en el proceso de decisión de escogerlo. Sin embargo, el escenario real es bastante diferente. Lamentablemente, la sola elaboración de leyes o artículos en la constitución del Estado está muy lejos de ser suficiente para garantizar el verdadero acceso a tener un trabajo digno, justo y libremente escogido.

 En un país donde casi la mitad de su población es pobre y el desempleo nacional alcanza el 10.8% (DANE, Octubre 2010), tener libertad para escoger un oficio es una verdadera utopía. En un gran número de casos, las condiciones precarias de vida de las personas las llevan a aceptar un empleo como su único camino para sobrevivir. La sociedad a la que pertenecen les cierra el camino de las oportunidades y los limita a aceptar un empleo que no sólo no les gusta, sino que en muchos casos va en contra de su propio desarrollo como seres humanos. Así, esta decisión tan importante en la vida de toda persona carece de libertad pues es únicamente generada por la urgencia de satisfacer necesidades básicas como el alimento, la vivienda o la salud.  

El concepto de “Libertad Real” de Phillip Van Parijs lleva esta discusión un paso más adelante. En su libro “Libertad Real para Todos”, el filósofo belga señala la importancia de brindar medios para la libertad, más que limitarse a definir los derechos que tienen los seres humanos. El autor señala puntualmente: “Se es realmente libre, en oposición precisamente a ser formalmente libre, en la medida en que se poseen los medios, no sólo el derecho, para hacer cualquier cosa que uno pudiera querer hacer” (Van Parijs, Phillip. Libertad Real para Todos. Editorial Paidós. Pág. 53).

 Cuando no están establecidas las condiciones básicas de vida para una persona, automáticamente se define su situación en el mercado laboral. Su alto nivel de necesidades insatisfechas la lleva a presentarse en este mercado con un bajo poder de negociación ante un posible empleador, lo que la despoja de su liberad  para escoger una actividad que verdaderamente aporte a su desarrollo personal y vaya acorde con sus gustos y expectativas de vida.

 A partir del reconocimiento de la necesidad de libertad real para acceder a un empleo digno y por ende a tener calidad de vida, se hace obligatoria la creación de nuevos propuestas de desarrollo social que puedan replantear las actuales relaciones asimétricas en el mercado laboral y extrapolarlas a la vida humana en general. Como una opción de cambio para este estatus quo surge la  propuesta de la aplicación de un Ingreso Básico Universal (IBU), una idea bastante simple que en un principio puede parecer difícil de llevar a la práctica, pero que si se estudia detalladamente se puede convertir en una excelente opción de progreso en la construcción de una sociedad más justa, digna y libre. 

 El gran impacto del IBU en el mercado laboral es el hecho de que brinda a las personas los medios para satisfacer las necesidades que cada una considere como básicas o más importantes para su desarrollo personal. De esta manera, permite que la búsqueda de empleo no sea una necesidad de mera supervivencia para las personas, sino que sea una decisión tomada desde una posición mucho más digna y libre.

 En síntesis, el IBU permite que la persona que está buscando trabajo se siente en la mesa de negociación con su empleador en potencia con una posición mucho más fuerte y con mejores argumentos. El saber que cuenta con un ingreso incondicional mes a mes hace que la persona tenga la libertad de presentar sus propios requerimientos y exigir que se le garanticen no sólo un salario justo, sino todas las condiciones de respeto, salud y seguridad social antes de aceptar un trabajo. Como bien lo expresa Jon Elster, teórico social y político noruego, “El resultado (de una negociación) favorece a la parte menos impaciente, que puede decir de manera creíble que no le importa esperar” (Elster, Jon. El cemento de la sociedad. Barcelona, 1991). Así, contando con esta renta básica los individuos consiguen una mayor libertad de elección respecto a su vida laboral y personal.

 Según Francisco Ramos, licenciado en Sociología y Derecho y miembro de la Junta Directiva de la Red Renta Básica, el IBU también permite que cada persona elija cómo quiere prestar su fuerza de trabajo: si quiere tener un empleo “tradicional” de tiempo completo o de medio tiempo, si prefiere un trabajo de tipo comunitario o social no mercantil, si quiere dedicar la mayoría de su tiempo a su desarrollo intelectual, entre otras posibilidades.

 Definitivamente vale la pena seguir analizando la viabilidad del proyecto IBU en la medida en que sea una forma de empezar a abrir el camino hacia una sociedad más justa y digna que defienda la calidad de vida de sus ciudadanos por encima de todo.

Por: Enrique Rodríguez (Jefe del departamento de Estudios Sociales)

Desde niños se nos enseña, a veces a través de dolorosos ejemplos, que si no se trabaja no habrá posibilidades reales de tener un futuro prometedor. “El que no trabaja no come” se nos sentencia de manera casi que inapelable, salvo por supuesto si pertenecemos a ese pequeño sector de la población que sabe, o cree saber, que tiene riqueza resistente al tiempo. Coloquialmente hablar de trabajar equivale a tener un empleo remunerado. Trabajar puede ser visto como una maldición, un modo de evidenciar la gracia divina o una vía de realización personal, pero se nos suele presentar como un destino inevitable y necesario.

Pero si así son las cosas, si vinimos al mundo a trabajar ¿Qué pasa con nuestras vidas si desaparece el trabajo? ¿Qué ocurre si no tenemos modo de encontrar una actividad que nos permita obtener un sustento económico?

Habrá que insistir en una cuestión, que trabajar y tener un empleo se usen como sinónimos coloquialmente, no quiere decir que necesariamente lo sean. Como bien se ha sabido, especialmente de parte de las mujeres, el trabajo es como la mugre, infinito. Resulta poco probable que en algún momento de nuestra historia humana no necesitemos realizar algún tipo de tarea, manual o no, pesada o no, que requiera nuestro esfuerzo, que demande de nuestro tiempo e ingenio, nuestro cuerpo. Lo que está poniéndose en cuestión, gracias a las transformaciones tecnológicas, culturales, políticas, a las teorías de la administración, a nuestra noción del tiempo,  es la posibilidad para todos los adultos, quiéranlo o no, de tener un empleo.

Un empleo representa un contrato entre dos partes que implica subordinación y autoridad, pago en dinero por la labor cumplida, que una de las partes sea dueña de los medios de producción, tiempos de trabajo y de descanso, etc. Un buen empleo era, y parece seguir siéndolo, aquel en el que además de conseguir dinero, podemos desarrollar destrezas que contribuyen a lo que somos como personas, a integrarnos a un grupo humano o existir en una trama más o menos compleja de relaciones de la cual somos uno de los nodos.

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Por: Edgar Benítez Salcedo (Profesor Departamento Estudios Políticos)

Algunos consideran que una propuesta como el IBU permite que la gente no vea tan limitada su vida por restricciones de dinero, que pueda ser más libre para elegir el hacer o tener cosas que valoran, en general, que sus perspectivas de vida no estén condicionadas por su situación económica. Estas razones les animan a adherirse a la propuesta del IBU porque tienen en su mente el “público correcto”: pobres, marginados, desempleados, etc. Sin embargo, el apoyo suele debilitarse cuando contemplan la posibilidad de que otro público también reciba el IBU: ¿por qué un “vago” ha de recibir el dinero del ingreso si no hace nada por superarse?, ¿qué estamos haciendo si le damos regularmente un ingreso básico a un alcohólico o a una drogadicta?, ¿acaso no terminaremos los demás (vg. trabajadores abstemios) patrocinando la pereza y el vicio de otros con nuestro propio esfuerzo?

Creo que este tipo de restricciones, moldeadas por nuestras intuiciones morales, pueden resultar tan fuertes como las limitaciones económicas o políticas para la implementación del IBU. Las políticas redistributivas no enfrentan exclusivamente problemas de orden técnico-económico, requieren también un amplio apoyo público que se basa en las creencias sociales sobre la deseabilidad de tales políticas. Por esto, quisiera destacar que un primer debate que suscita la propuesta del IBU tiene que ver con las consideraciones o intuiciones morales que pueden dificultar el apoyo a esta propuesta; se trata, en última instancia de enfrentar un cuestionamiento: ¿por qué hemos de apoyar una política que puede beneficiar a quienes creemos no se lo merecen?

Esta inquietud suele aparecer frecuentemente en los comentarios que hacen los estudiantes en clase. Su preocupación consiste en que el dinero que reciben las personas sea merecido, es decir, o que la gente realmente lo necesite; o simplemente, que sea bien empleado (vg. para emprender una microempresa y generar empleos). El problema está en que esta preocupación no asume el IBU como un derecho, sino más bien como una remuneración debido a la condición de marginalidad o pobreza  (un tipo de asistencialismo estatal) o como un incentivo para generar agentes productivos (un tipo de subsidio condicionado). Ocurre que ninguno de estos casos refleja la intuición que subyace a la idea de un derecho en una democracia constitucional: su carácter de incondicionalidad. Ningún derecho es adjudicado por mérito, ni condicionado por los resultados que genere su portador.   

Es decir, pocos dudan que los fumadores atentan contra su salud (y la salud de los demás) pero esto no hace legítimo el que un sistema de salud los excluya cuando requieren un tratamiento para terapias respiratorias. O que el derecho a la educación esté limitado a quienes puedan aprovecharlo y ser “productivos”. Así, pensamos que aunque un niño tenga serias deficiencias cognitivas, tiene derecho a una educación pública adecuada para él, aunque no pueda llegar a ser un trabajador “productivo”. Para decirlo de otra forma, en un Estado Social de Derecho los derechos económicos o sociales no se ganan, ni se obtienen por méritos. Por ello, si el IBU es una expresión de este tipo de derechos, ¿qué lugar tiene pensar que quienes lo reciben deben cumplir con ciertas cualidades morales o que deban asegurar un cierto tipo de “buen” aprovechamiento?

La propuesta del IBU surge a partir de asumir la libertad real para todos como un atributo deseable de la sociedad, puesto que ser REALMENTE libre, a diferencia de ser FORMALMENTE libre, requiere la disponibilidad de los medios para llevar la vida que se desea, independientemente de los vínculos laborales  y del nivel de ingreso. En otras palabras, ser realmente libre implica que la gente pueda pensar en su plan de vida sin angustias por la subsistencia. Una distinción fundamental entre el IBU y un subsidio estatal, es que el primero no es una ayuda que el gobierno otorga a ciertos beneficiarios, sino un DERECHO de todas las personas a una parte de los recursos de la nación.

El IBU es superior los subsidios focalizados al menos por la siguientes razones, i) evita amenazar la subsistencia de las personas en peor situación mientras se realiza la selección de beneficiarios ii) Los subsidios pueden generar la trampa del desempleo,  cuando los más desaventajados no perciben diferencia entre la ayuda y el salario de un empleo sobre el que además existe incertidumbre, iii) el IBU no se puede utilizar como fuente de clientela política o coacción electoral, como es usual en Colombia y otros países con los programas de subsidio.

Tal como lo señala Phillippe Van Parijs en su libro “Libertad real para todos”, la sostenibilidad de la propuesta, en el sentido de no poner en peligro los recursos de futuras generaciones,  requiere una serie de acciones tales como el diseño de un sistema tributario óptimo, prevenir el efecto demográfico que podría generar un ingreso básico garantizado, y mantener la productividad laboral creciente a través del progreso tecnológico y la acumulación de capital fijo y humano. El fin último de garantizar la sostenibilidad es procurar el máximo ingreso básico posible para la presente generación, y al menos el mismo nivel para la siguiente generación.

El IBU puede financiarse de fuentes diversas,  entre ellas las regalías por los recursos naturales, los ingresos tributarios, recorte de gastos en asistencia social que ya no serían necesarios, reasignación de gastos cuya justificación ha sido la generación de empleo y que no han funcionado, ingresos de las empresas del Estado y el dinero incautado por actividades ilegales, mientras éstas existan.

Pero, ¿es viable pensar en esta propuesta en un contexto tan complejo como el de Colombia?  Si. Pensar siempre es viable.  Debemos empezar a analizar y dar respuesta a las dificultades que una medida como esta tendría para su implementación. Debemos hacer un censo de las fuentes de riquezas del país, plantear  un sistema tributario más progresivo y replantear algunas destinaciones de gasto público y de las utilidades de las empresas del Estado para que sean una fuente de financiación. Se requiere, más que buenas intenciones, un trabajo riguroso, que tenga en cuenta las restricciones que la realidad económica y política del país plantean, pero que sea suficientemente creativo para sortear estas restricciones.