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Martin Shkreli debe ser una de las personas más odiadas de los últimos tiempos. El New York Times lo llama “el niño malo de la industria farmacéutica”. En un artículo publicado en The Atlantic el pasado diciembre, Shkreli es retratado como “la perfecta y odiosa combinación de arrogancia, juventud y avaricia”. Hillary Clinton, en medio del fragor de su campaña, lo comparó con “la peor cita que pueda uno imaginarse”. ¿A qué se debe tanta animadversión en contra de Shkreli y su compañía, Turing Pharmaceuticals?

Todo comenzó a mediados del año pasado, cuando Turing compró Daraprim (pirimetamina), un medicamento usado para combatir la toxoplasmosis, una enfermedad que puede llegar a ser mortal en pacientes con inmunosupresión. Luego de hacerse con el medicamento, Shkreli incrementó el precio de US$13.50 por tableta a US$750. Nada más ni nada menos que un aumento del 5000%. Leyó bien: cinco mil por ciento. Las protestas de médicos y pacientes no se hicieron esperar; el costo prohibitivo de la droga pone en riesgo la vida de miles de personas que sufren VIH o que están siendo sometidas a quimioterapia. El escandaloso aumento, junto al comportamiento extravagante de Shkreli (quien, por poner un solo ejemplo, no dudó en pagar dos millones de dólares por un álbum inédito de Wu-Tang Clan, para luego archivarlo y así asegurarse de que nadie más lo oiga), llamó la atención de los medios y del Congreso norteamericano, a donde ya fue citado a dar explicaciones.

El periodista Adam Chandler busca resumir el caso Shkreli cuando afirma que las protestas se deben a que su trabajo como ejecutivo de una farmacéutica va en desmedro de sus propios clientes, es decir, aquellos más vulnerables en virtud de su enfermedad, y en buena parte de los casos, de la pobreza en que viven. Así pues, Shkreli no sería más que el rostro descarnado de todo lo que está mal con el “capitalismo salvaje”. Las cosas, sin embargo, son más complejas.

Shkreli disfruta la atención de los medios. Ha concedido numerosas entrevistas. La imagen que en ellas proyecta dista de la del monstruo avaricioso que la prensa y el gobierno han querido presentar. Por el contrario, Shkreli parece una persona extremadamente inteligente, que entiende como pocos los mecanismos de la industria farmacéutica, y por extensión, los del capitalismo del siglo XXI. Es más, hay en él un abierto desprecio por las farmacéuticas más reconocidas, a las que juzga de hipócritas, además de una extraña noción de altruismo, pues afirma que los precios elevados proveen los fondos necesarios para la investigación farmacéutica y el desarrollo de nuevas drogas que ayuden a un mayor número de pacientes. (Valga anotar que esta es una explicación usual entre los representantes de las farmacéuticas, pero la falta de transparencia en sus balances contables así imposible comprobar si esas ganancias son luego reinvertidas en investigación o en mercadeo y bonos estrafalarios).

Con todo, lo más alarmante de todo este drama es que el desorbitado aumento de precios del que Shkreli es apenas la cara más reconocible, no es ilegal. A pesar de que la patente de Daraprim expiró en la década de 1950, ningún laboratorio estadounidense se ha dado a la tarea de crear un genérico que compita en el mercado y lleve el precio a la baja. Ya que en Estados Unidos las regulaciones para aprobar un genérico son en extremo estrictas (aún a pesar de que ese mismo genérico haya sido probado y aprobado en otros países), y que el mercado potencial de la pirimetamina no es muy amplio, no es atractivo invertir en el desarrollo de un medicamento que no promete mayores ganancias. De modo que cuando Shkreli y Turing adquirieron Daraprim estaban en efecto haciéndose a un monopolio. Sin competencia y con un gobierno que no tiene cómo negociar con las farmacéuticas el precio de los medicamentos, un aumento del 5000% no solo es posible, sino que es legal.

Las consecuencias de esto son incómodas para aquellos que han insistido en ver en Shkreli los resultados nefastos del capitalismo neoliberal o “salvaje”. Y esto porque no es su avaricia ilimitada la que desemboca en medicamentos impagables, sino son las restricciones desmedidas de la U.S. Food and Drug Administration las que han impedido el desarrollo de genéricos y el establecimiento de la libre competencia que garantizaría precios más asequibles. En otras palabras, en esta línea de pensamiento la culpa no está del lado del libre mercado sino del de las trabas a la libre alquimia de la oferta y la demanda. En efecto, ya los defensores del libre mercado están usando este caso como ejemplo de los problemas que acarrean la regulación y la intervención en los mercados. Es más, se podría alegar que el caso Shkreli comprueba una vez más que un mercado libre nunca ha existido.

Sobre las consecuencias éticas del carácter ilusorio del libre mercado volveré en otra columna. Me interesa otra cuestión. Si partimos de que Shkreli no parece estar haciendo nada ilegal pues tan solo está jugando con las lógicas mismas del mercado farmacéutico, tal y como la legislación norteamericano lo ha modelado, esto es, aun suponiendo que las acciones de Shkreli estén dentro de la ley, debemos preguntar si es justo aumentar el precio de un medicamento en un 5000% simplemente por falta de competencia. En otras palabras, ¿hay mercancías cuyo precio no debería ser determinado por oferta y demanda? Aún más, ¿existen mercancías a las que no es justo asignarles un precio sin que por ello dejen de ser mercancías? Quizá en el caso que nos ocupa el problema no es la regulación en sí misma, sino los modos particulares en que está afectando a los usuarios del mercado farmacéutico estadounidense. Independientemente de si consideramos el acceso a medicamentos un derecho, lo que podemos concluir del escándalo Shkreli es que lo legal no siempre es justo.

La ley no siempre asegura la justicia. Incluso cuando actúa con imparcialidad. Cuando se trata de la justicia, la ley no es condición necesaria ni suficiente. Al verse enfrentado por los políticos que lo habían citado al Congreso a dar explicaciones, Shkreli se limitó a sonreír con sorna y no responder a ninguna pregunta so pretexto de no autoincriminarse. Ante el mutismo de Shkreli, los congresistas apelaron a su sentido de compasión para con los pacientes que requieren Daraprim para sobrevivir. Shkreli se mantuvo impávido. Tras abandonar el recinto, escribió en Twitter: “difícil aceptar que estos imbéciles representan nuestro pueblo ante el gobierno”. Tal vez Shkreli no está tan equivocado, ¿pues no es ingenuo apelar a la compasión y la empatía cuando la sociedad misma no fomenta tales valores? Si la valía de una persona depende casi exclusivamente de su éxito económico, Shkreli no es tanto un monstruo como un ciudadano excelente de tal sociedad. Solo está actuando como se le enseñó a actuar. Más que un reflejo de un sistema económico abstracto, Shkreli refleja todo aquello que una sociedad considera valioso y deseable.

El sentido de justicia ha de inculcarse; la ley no siempre puede corregir los defectos de sus ciudadanos. La justicia no se le puede delegar en su totalidad al sistema legislativo pues ésta es también una virtud, un rasgo del carácter individual. De ahí que la pregunta por aquello que es justo y aquello que no lo es, sea una pregunta impostergable. De ella depende nuestra capacidad de imaginar futuros menos injustos y más aptos para el florecimiento de la vida buena que soñaron los primeros pensadores de este, el mundo que nos tocó en suerte habitar.

Para el autor de esta columna, quien creció y vivió en la Unión Soviética, el centenario de la Revolución de octubre de 1917 sirve no solo como una oportunidad para  recordar la participación obligatoria en las manifestaciones en la plaza central de su ciudad natal cada 7 de noviembre, a veces bajo las condiciones extremas del duro invierno siberiano, sino, también, para reflexionar acerca de qué legado dejó  la Revolución para mis contemporáneos en Rusia y en el exterior. Y mientras leo los numerosos artículos, columnas de opinión, informes acerca del centenario, y cada  nueva publicación conmemorativa se hace más claro para mí que hay un tema que  brilla por su ausencia en estos escritos: ¿qué pasó con el intento de los bolcheviques y, luego, del Estado soviético de formar un nuevo tipo de hombre, distinto a todos los hombres de las épocas anteriores? 

 El hombre cuyos valores morales,  al ser tan diferentes  a los de los hombres de los países capitalistas,  le permitirían al pueblo soviético construir una sociedad verdaderamente superior y, eventualmente, llegar a vivir en el comunismo.  ¿Será que los vientos de cambio que soplaron, al comienzo de la década del noventa del siglo pasado, no dejaron ni un solo rastro de estos hombres constructores del comunismo? ¿O será que tales hombres existían solo en los panfletos de la propaganda producida por el Comité Central del Partido comunista?  

Por supuesto, en un escrito como este no es posible analizar satisfactoriamente todas las dimensiones del fenómeno en cuestión. Por esta razón, considero que mi tarea debe ser distinta. En primer lugar, me gustaría describir cómo la ética soviética fue percibida por la gente común en la URSS.  Lo haré  con base en mi experiencia personal. Luego, quiero compartir mi opinión acerca de los cambios que han ocurrido en el periodo post-soviético. Como no vivo en Rusia hace mucho tiempo, lo haré desde mis conversaciones con mis amigos y colegas, así como desde las observaciones durante mis visitas a este país.

Desde muy temprano los niños soviéticos crecieron con la idea de que la Revolución es una línea que separa drásticamente un “antes” y un “después”, el cambio que hace distinguir entre lo que era la Rusia zarista y lo que nació en octubre de 1917 como el primer país soviético. En éste último, se decía,  todo era diferente, incluyendo los aspectos en torno a los principios morales que gobiernan la conducta de una persona y sus relaciones con el entorno político, económico, social y cultural.

En la época del “socialismo desarrollado”, declarada por Leonid Brezhnev en 1977, o sea sesenta años después de la Revolución, los niños entre los 7 y 9 años deberían estar en las filas de los Pequeños de Octubre. No se trataba de ningún organismo estatal formal sino, más bien, de una forma de comenzar a enseñar los principios éticos que supuestamente regían en la Unión Soviética. Por esta razón, no llevar en el uniforme del colegio  la imagen de Lenin (niño) –la insignia de los Pequeños de Octubre– era mal visto no solo por las autoridades sino, también, por la gente común.  

A primera vista, lo que les enseñaron a los pequeños no parecía diferenciarse tanto de lo que se enseñaba en  muchos otros países: amar a la Patria, a su familia, no mentir, ayudar a los mayores de edad, ser estudioso , ser respetuoso de los demás sin reparar en su condición étnica. Incluso se enseñaba la igualdad los géneros. Al mismo tiempo, cada colegio contaba con los retratos de los “héroes pequeños”. Uno de ellos era Pavlik Morózov quien, en 1934, denunció a su padre ante las autoridades por “engañar al poder soviético” y, luego, fue asesinado por sus familiares. El mensaje pudo ser leído de la siguiente manera: a diferencia con la Rusia zarista que representaba el padre de Pavlik, los intereses del Estado en la Unión Soviética son superiores a la lealtad familiar, lo que implica estar dispuesto a un sacrificio personal en razón a  los intereses del poder soviético.

Considero que para mí –y para muchos de mis contemporáneos– la historia de Pavlik Morozov fue precisamente aquel momento cuando comenzamos a cuestionar, aunque de manera quizás más intuitiva queconscientemente, algunas de las enseñanzas de los profesores de nuestros colegios: el valor de la familia inequívocamente parecía más alto que lo del poder soviético. Hay que tener en cuenta que, en ese entonces, con la excepción de los héroes glorificados como Pavlik, no conocíamos otros casos similares, sobre todo en la época del gran terror de Stalin, cuando –para salvar sus vidas– los hijos tenían que rechazar a sus padres declarados enemigos del pueblo. Nuestros padres prefirieron no hablar del asunto, mucho menos los profesores en los colegios.

Más adelante, las dudas crecieron. El Estado y el Partido comunista continuaban dibujando al hombre soviético cómo alguien que estaba dispuesto a sacrificar sus intereses personales y los intereses de la familia en nombre de toda la sociedad, con alto sentido del colectivismo y la asistencia mutua de camaradas, trabajo concienzudo para un futuro mejor y modestia en su vida personal. Las novelas y las películas del corriente, “realismo socialista”, fueron destinadas a fortalecer esta imagen.  Pero ya en la década del ochenta las personas soviéticas reales no pudieron ser más opuestas a este ideal.  El sistema de “blat” que facilitaba la corrupción en todas las esferas de la vida cotidiana de los ciudadanos soviéticos, los privilegios de los funcionarios del Partido, el creciente enriquecimiento ilícito de una buena parte de las elites soviéticas, habían contribuido en el refuerzo de lo que los soviéticos llegaron a llamar una “doble moral”: en  círculos estrechos de personas con ideas afines o en el seno familiar más íntimo   se valoraban unas cosas, mientras que en los espacios públicos se exaltaban  otras. No es de extrañar que para Francis Fukuyama este escenario fuera una de las evidencias claves para apoyar su tesis sobre el fin de la historia.

Sin embargo, recuerdo también que hasta los últimos años de la existencia de la URSS hubo un grupo de personas en la sociedad soviética llamados los “viejos bolcheviques”. Aunque originalmente el termino se usaba para denominar a los miembros del Partido que hicieron parte de los primeros comunistas rusos, antes de la revolución de 1917, más tarde, por los “viejos bolcheviques” se hacía referencia a todos los miembros del Partido cuya vida cotidiana, en gran parte, giraba en torno a los ideales del hombre soviético. Ellos gozaron de un gran respeto –aunque no siempre de aceptación– por la mayoría de los soviéticos y, con frecuencia, lideraron la lucha contra la corrupción en el Partido y, en la última instancia, contra la propagación de la “doble moral”.  Estas personas no tenían miedo de hablar en voz alta a las más encumbradas autoridades soviéticas.  

En la Rusia de hoy, ni las autoridades ni la mayoría de la gente común concuerdan acerca de cuáles eran los ideales de la Revolución de octubre de 1917. La narrativa oficial de los hechos, ocurridos hace 100 años, se centra no en los esfuerzos de educar al pueblo para crear un nuevo hombre, inspirado en los principios  de la libertad y la  igualdad, sino en el rol que jugaron los bolcheviques en la caída del Imperio ruso.  Según Vladimir Putin,  el regreso de “los valores tradicionales del mundo ruso” es la clave de la reconstrucción moral de la sociedad rusa en el siglo XXI.  Pero, ¿cuáles son estos valores? En uno de sus discursos, el presidente Putin explicó que se trata del reconocimiento de los intereses de la colectividad como superiores a los intereses individuales: «en Rusia el éxito individual no es suficiente para lograr un reconocimiento por los rusos, ni siquiera la autoestima»; «los ricos son felices en Rusia no porque son ricos, sino porque su contribución a la sociedad es reconocida por el pueblo», y «porque ellos defendieron los intereses de la patria y no traicionaron a Rusia». Para Vladimir Putin, en el mundo ruso, sus miembros están dispuestos al sacrificio por el bien de toda la comunidad. El líder ruso también subrayaba que la idea de sacrificio es una característica esencial de los rusos (Putin, 2014).

Llama la atención el hecho de que, en la descripción de Putin, sobre el mundo ruso, él apela a los valores que los bolcheviques consideraron cómo centrales en la formación de un nuevo nombre soviético. Para el autor de esta columna, esta es una de las evidencias clara de que, hoy día, el Estado ruso no intenta reconstruir los valores tradicionales rusos sino adaptar los principios de la ética soviética al nuevo contexto nacional ruso. Se trata de uno de los legados de  Octubre que sigue teniendo cierta incidencia en la vida cotidiana en este país.  En este sentido, no debe sorprender el hecho que las películas de mayor proyección en la televisión rusa, hoy en día, son las obras hechas en la Unión Soviética por los directores del realismo socialista.  

Al mismo tiempo, la Rusia actual se encuentra muy lejos del ser el ideal que describe Vladimir Putin. Cada vez hay mayor desigualdad, el estado de derecho está ausente y hay miedo de a las autoridades. Así que muchos rusos se sienten obligados a volver a la práctica de “doble moral”. El problema es que ya no están  los “viejos bolcheviques”, que en la época anterior eran capaces de llamar al pan, pan y al vino, vino. La hipocresía se transformó en una de las características más evidentes de la vida pública, y esto en un país que hace 100 años intentó  cambiar la conducta del ser humano.

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Putin, V. (2014). Respuestas a las preguntas de la línea directa en el Primer Canal de Televisión el 17 de abril de 2014. Publicado electrónicamente en http://www.kremlin.ru/news/20796, en ruso.

La administración de justicia colombiana no se ha caracterizado por ser “ejemplificante”. Por el contrario, los actores del campo jurídico nacional aprendemos a verla con desconfianza. Hablaremos en esta ocasión de tres debates recientes sobre la judicatura: (1) la congestión como problema para el desarrollo económico el país; (2) el activismo judicial como debate político; y (3) los recientes casos de corrupción judicial como muestras de lo que no es menos que una profunda crisis institucional. En este sentido, el más reciente escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Colombia se inscribe en una crisis de la judicatura más amplia. La idea es presentar un panorama de los debates actuales y conectarlos con la preocupación con la construcción de paz. 

  1. La falta de eficiencia del sistema judicial colombiano impacta negativamente al desarrollo económico del país

Empezamos este milenio con cambios institucionales que buscaban, a través de la incorporación del sistema oral acusatorio, combatir la congestión y la mora judicial. La Corporación Financiera Internacional, a través del sistema de indicadores Doing Business, elaboró múltiples diagnósticos sobre el sistema judicial colombiano y la necesidad de reformarlo para consolidar el rule of law, proyecto que a su vez está relacionado con dos principios importantes: el desarrollo económico y la seguridad jurídica. El reporte 2016 sobre el Doing Business establece de manera clara que las economías mejor calificadas son “aquéllas donde los gobiernos han logrado promulgar normas que faciliten las interacciones en el mercado, sin obstaculizar de forma innecesaria el desarrollo del sector privado” (p. 10).

Según el citado reporte del Doing Business, en Colombia un trámite judicial de índole comercial se demora 1.346 días (para el año 2016). Pese a la particularidad de la medición, la visibilidad de este indicador ha hecho que tanto en los debates domésticos como en los debates internacionales Colombia tenga que sobrellevar un discurso alrededor de la congestión judicial como centro de la problemática de la Administración de Justicia. Por ello, el gobierno nacional ha diseñado numerosas propuestas de reforma a la justicia que tienen un impulso “privatizador”. En estas reformas, populares desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se entrega directamente la función jurisdiccional a particulares y funcionarios diferentes a los jueces (notarios, conciliadores, árbitros y abogados en ejercicio), con la correlativa descarga de las instituciones de justicia oficiales. Hemos tenido una década particularmente marcada por la justicia informal/privatizada: se creó la justicia de proximidad, las casas de justicia, los jueces de paz, los jueces comunitarios, y se fortalecieron los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos- MASC en las cámaras de comercio. Esto ha tenido un impacto importante en la manera en la que se percibe y entiende la justicia en Colombia dentro de la vida cotidiana de los ciudadanos “de a pie”.

Dado que la eficiencia se ha convertido en el centro de las discusiones de la justicia, el vínculo entre la operación del sistema judicial y el desarrollo económico ha sido constante. Un sistema con mora judicial alta, como el nuestro, no puede consolidar un proyecto serio de desarrollo, desde este ángulo, porque impide la fluidez de la economía. Es por esto que, hasta el Consejo Superior de la Judicatura, órgano de autogobierno de la Rama Judicial en Colombia, también ha organizado sus mediciones de gestión a partir del principio de eficiencia. El Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial –SIERJU–, creado con el propósito de soportar “el cumplimiento de, entre otros, los siguientes objetivos: el del control y seguimiento a la gestión de los despachos, el de la evaluación del desempeño de los servidores judiciales y, por supuesto, la necesidad de contar con información para la toma de decisiones por parte de la Sala Administrativa” (CSJ, 2011: 9), es un ejemplo de cómo estas preocupaciones por vínculo entre el desarrollo y la administración de justicia se han incorporado muy en la base de las prácticas judiciales. Todos los jueces ahora tienen indicadores de despeño fuertes y contratan o despiden personal con ese objetivo.  Pese a ello, el promedio de un proceso en la jurisdicción ordinaria sigue siendo, paradójicamente, de cinco años.

  1. El activismo político judicial impacta negativamente a la institucionalidad política del país

Mientras estamos acostumbrados a estos diagnósticos, la academia colombiana ha tenido, desde la creación de la Corte Constitucional, un especial apego por los debates sobre las altas cortes. Este ya no es un debate de gestión sino, si se quiere, del lugar institucional de la adjudicación dentro de un Estado liberal de derecho. Los debates académicos y políticos se han concentrado en mostrar, con avidez, cómo los jueces de las altas Cortes (cuya forma de selección varió tras el cambio Constitucional de 1991) tenían funciones “irregulares” en las que emitían fallos que tenían impactos de política pública. Los fallos económicos fueron los más nombrados en la década de los 90´ (como la inconstitucionalidad de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante- UPAC, por ejemplo), pero pronto los fallos sobre los derechos económicos y sociales concentraron la atención de la jurisprudencia comparada, al igual que la jurisprudencia de igualdad (matrimonio igualitario, derecho al aborto, adopción de parejas del mismo sexo). Sudáfrica, por ejemplo, ha citado varias veces la doctrina de la iusfundamentalidad del derecho a la salud, desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana en el 2008.

Pero los debates relativos a libertades tampoco se han hecho esperar: varios partidos políticos denuncian, de manera frecuente, la cooptación de las funciones legislativas y el fuero democrático del legislador por la llamada “juristocracia”, categoría con la que se ha querido cobijar a los fenómenos de activismo judicial que intervienen en debates como el aborto, el matrimonio y la adopción homosexual, por ejemplo. A finales del año pasado presenciamos un nuevo escándalo del activismo judicial, en el que la Corte Constitucional modificaba el alcance de la Justicia Especial para la Paz- JEP, algo que se consideraba inamovible desde los acuerdos de la Habana, en algo que se ha considerado desde siempre (además de contramayoritario), como una amenaza al equilibrio de poderes y el control de las cargas públicas.

Pero el peligroso activismo judicial no es dominio exclusivo del juez constitucional. El Consejo de Estado, por ejemplo, ha sido acusado también de activista al intervenir en actos de administración del Ejecutivo, que implicaban, por ejemplo, ordenar la anulación de contratos de recolección de basuras a la Alcaldía de Bogotá (en el 2012). La Corte Suprema de Justicia también ha sido acusada del mismo exceso de intervención cuando estabiliza doctrinas proteccionistas sobre el contrato de trabajo (2014). Desde varias miradas, los jueces en Colombia suelen tomar decisiones que afectan de manera polémica el presupuesto, las libertades ciudadanas e impactan negativamente a la institucionalidad política del país.

  1. ¿La corrupción judicial como reflejo de la progresiva ‘criminalización’ de la justicia colombiana?

En el último lustre los debates frente a la justicia en Colombia cambiaron otra vez. Esta vez los actores seguían siendo, como en los debates políticos, los magistrados de las altas Cortes. Pese a ello, las discusiones ya no hablaban de su lentitud o su extremada discrecionalidad o agencia/injerencia en la participación de debates y decisiones públicas. Hablaban de tráfico de influencias, favorecimientos mutuos y afectaciones al erario público. Estos debates denunciaban entonces acciones sistemáticas de los jueces que, estando en el corazón de la institucionalidad, desplegaban conductas criminales; lo que a todas luces resulta paradójico si pensamos en que, desde la mirada de la literatura ortodoxa, las acciones criminales están fuera y no “adentro” del Estado. En los medios, este particular fenómeno se ha conocido con la etiqueta del “el cartel de las togas”.

El primer debate en salir a la luz fue el denominado “carrusel de las pensiones” que organizaba listas de candidatos a Magistrados para ser nombrados en propiedad dentro de sus cargos solo los años necesarios para pensionarse con un salario de esa jerarquía. Y es importante aquí mencionar que los Magistrados Colombianos tienen una de las mejores remuneraciones en la región (USD$10.000 por mes, con catorce salarios al año).  Aquí el modo de operación fue el conocido como “tu me nombras, yo te nombro”, en un carrusel que aseguraba altas pensiones para todos.

El segundo escándalo se desató en el 2015 cuando se hicieron públicas grabaciones del entonces Magistrado Jorge Pretelt, que vendía el sentido de sus fallos de tutela. Según información que entregaron medios como Semana.com y la sillavacia, Pretelt tenía toda una operación criminal en su despacho que, usando la alta discrecionalidad de su función, tenía muy poco control institucional y ciudadano. En el caso de Pretelt, la operación criminal empezaba desde la selección de los casos en la sala de reparto de tutela, donde estudiantes de derecho ad honorem eran usados para seleccionar expedientes puntuales en los que el magistrado ya había comprometido su decisión. Después de emitido el fallo, el pago de la “coima” podría presentarse en efectivo, en cuotas burocráticas o en influencias en fallos dentro de otras jurisdicciones. 

El último caso, muy relacionado con el anterior, involucra al más alto nivel del poder jurisdiccional: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este año un documento en el que se reproducen unas conversaciones grabadas por el equipo de inteligencia de la Fiscalía General de la Nación, que muestran cómo los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, de esta corporación, hacen transacciones económicas a cambio de variar los sentidos de los fallos y manipular las pruebas de los expedientes del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, vinculado con procesos de parapolítica. El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, agregó que se tratan de comunicaciones electrónicas y conversaciones entre Lyons y los abogados Luis Gustavo Moreno, exfiscal  anticorrupción, y Leonardo Luis Pinilla, conocido con el alias de Porcino. De nuevo, estas denuncias muestran lo que anunciaba antes: el incrustamiento de las acciones criminales en lugares capilares de la institucionalidad.

  1. ¿Cómo abordar la profunda y multifacética crisis del sistema judicial colombiano?

El panorama es, entonces, oscuro para la justicia en Colombia. Hasta hoy, han existido dos enfoques para abordar la crisis. El primero está relacionado con la educación legal. Este argumento habla de cómo la educación legal se ha flexibilizado (en términos de los requisitos de egreso) y esa apertura ha ocasionado que existan muchas universidades con Facultades de derecho habilitadas para ofrecer el programa (más de 170 en el país) pero muy pocas de alta calidad. El derecho, en ese escenario, se ve como un oficio acrítico que produce meros operadores de la ley, carentes de las competencias críticas y analíticas para leer contextos institucionales complejos.

El segundo enfoque está relacionado con el diseño institucional. Según la Constitución de 1991, los magistrados de las altas cortes son nominados en ternas de distintos orígenes (una de las cámaras, la presidencia o el CSJ) y sometidas al debate democrático en el Congreso de la República. Esto, para algunos, ha acercado a la cúpula judicial peligrosamente a las dinámicas políticas, haciendo que los magistrados comprometan sus lealtades para ser elegidos o, de una manera distinta, sean fichas de los partidos dentro del juego político. Varias reformas institucionales se han discutido: establecer la colegiatura y endurecer los requisitos para las facultades de derecho; implementar los cargos judiciales vitalicios y el tribunal de aforados; reformar cuanto antes la Comisión de Acusaciones y el fuero de los magistrados, son algunas de ellas.

Por su parte, en un estudio sobre corrupción publicado hace poco por Fedesarrollo y adelantando por Dejusticia, se concluye que en Colombia hay dos clases de condiciones que favorecen y facilitan la corrupción judicial. Por un lado están las condiciones sociopolíticas y culturales de un Estado con debilidad institucional como el nuestro. A partir de estudios previos adelantados por Francisco Thoumi y por Mauricio García Villegas, Dejusticia afirma que en Colombia la debilidad del Estado ha dado paso a fenómenos como el clientelismo y el narcotráfico, que han terminado implantando en los colombianos aquello que Mauricio García ha denominado la cultura del incumplimiento de reglas.

Por otro lado, Colombia cuenta con ciertas condiciones institucionales que facilitan la reproducción de la corrupción. Para describir estas condiciones, Dejusticia, en el estudio ya citado, recurre a la idea inicialmente planteada por Robert Klitgaard. Él considera que la corrupción florece cuando alguien tiene poder de monopolio sobre una determinada decisión (M), tiene discrecionalidad para decidir (D), y en donde la rendición de cuentas y la transparencia (accountability) (A) son débiles. A estas condiciones, que Klitgaard resume en la fórmula C= M (Monopilio) + (D) Discrecionalidad- (A) Accountability, Dejusticia agrega además la existencia de una baja probabilidad de detección y/o penalización de las conductas corruptas (S= sanción), resultando finalmente con la siguiente ecuación: C=M+D-A-S.

Es un panorama bastante negro. Este análisis de Dejusticia muestra cómo los tres debates sobre la justicia que aquí comento se articulan en la producción que contextos institucionales débiles y fértiles para las transacciones que categorizamos como “corruptas”. La mora judicial nos habla de contextos juridificados en exceso, donde la justicia no alcanza para resolver las confrontaciones sociales. El debate del activismo nos muestra cómo la discrecionalidad es una parte importante de la adjudicación y cómo la distinción entre las funciones del Estado clásico (legislación/adjudicación/administración) están lejos de ser nítidas en Colombia, justamente porque el judicial aquí se mueve entre la necesidad de ser suficientemente “independiente” pero necesariamente “controlado”. Finalmente, los debates sobre la cúpula judicial y sus reformas hacen evidente el problema de escrutinio público que tenemos sobre las decisiones y actuaciones judiciales, en sentido amplio.

Colombia atraviesa por una coyuntura especial que busca construir una institucionalidad para la paz. Ya les contábamos cómo apenas en noviembre del año pasado la Corte Constitucional intervino, de manera drástica, en el alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), limitando, por ejemplo, su competencia frente a empresarios financiadores del conflicto.  La pregunta que queda abierta con esto es: ¿cómo la administración de justicia puede responder a ese reto de gran envergadura?