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Se trata de una aplicación desarrollada en el Sistema de Información Sanitario para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios (Sispap), a través de la cual los agricultores podrán pedir la nacionalización de los productos, cancelar el servicio de inspección e imprimir los certificados a través de internet.

William René Gutiérrez, director de Técnica y Logística del ICA, indicó que el principal beneficio de este desarrollo es que antes los importadores tenían que ir en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera a cada oficina del Instituto para hacer la solicitud de inspección ante el funcionario de turno, ahora con la aplicación el importador puede, desde el Sistema de Información, hacer el pedido a través de medios electrónicos.

Añadió que hay otra ventaja “porque cuando el producto que va a importar y tiene unos requisitos sanitarios o fitosanitarios del país de origen, previamente él debió hacer una intención de importación, entonces, al hacer la solicitud simplemente cita dicho documento y automáticamente se carga la información”.

Así mismo, anteriormente el importador se tenía que acercar al banco y hacer el pago del trámite y luego llevarlo a la oficina del ICA. Ahora eso puede hacerlo vía electrónica, como si fuera otro servicio, a través de las entidades financieras.

Con la aplicación, además, se ahorrará el paso de la firma física por parte del funcionario del Instituto, en el lugar donde se hacía la importación, luego de hacer la inspección de la transacción internacional. Ahora este podrá presentar el proceso de manera digital, gracias a un método de firma digital como el implementado para los impuestos.

Finalmente, con esta herramienta el importador no necesita reclamar un documento físico con la legalización de la mercancía para llevarlo a la Dian, sino que simplemente el agricultor puede descargarlo e imprimirlo directamente del Sistema.

“Esto lo que hace es disminuir los tiempos y los costos a los importadores y a la vez nos da una mayor transparencia en todas las operaciones”, manifestó Gutiérrez, quien indicó que así se ahorrarán los costos de los tramitadores.

El ICA viene trabajando en sintonía con las políticas de Gobierno en Línea, en la creación de soluciones informáticas para facilitar el comercio en los procesos de importación y exportación de mercancías de origen agropecuario.

La situación además implicaría unos atrasos para las desgravaciones arancelarias y un freno a los exportadores.

La última equivocación del Gobierno se dio a conocer la semana pasada cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto que avalaba provisionalmente la aplicación del TLC entre la Unión Europea y Colombia.

El presidente Santos tenía la facultad para expedir el Decreto 1513, ya que el artículo 224 de la Constitución Política establece que el mandatario puede dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan. En este caso, acordado por el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Sin embargo, entre los argumentos de la Corte para dictar este fallo negativo está que “el Decreto 1513 de 2013 no satisface las condiciones previstas en el artículo 224 de la Carta Política”, porque en la OMC los tratados bilaterales o plurilaterales de comercio no hacen parte de su orden jurídico.

El salvavidas que el alto tribunal le botó al Gobierno, según Ricardo Duarte, experto en comercio exterior y partner de la firma Duarte García & Abogados, es la segunda decisión de este fallo: en seis meses comenzará a producir efectos la inexequibilidad el Decreto 1513.

Duarte, que fue viceministro de desarrollo empresarial del Ministerio de Comercio, asegura que esta situación representa un mal manejo jurídico en los acuerdos comerciales. “La inconstitucionalidad sé es o no sé es. El tiempo de seis meses es para evitar una vergüenza internacional”.

La Alianza del Pacífico fue declarada inexequible el 24 de abril de 2014 y el 8 de mayo sucedió con el decreto provisional de la Unión Europea. No había pasado un mes y la Corte volvió a fallar en contra de la política comercial del Gobierno.

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda y exministro de Comercio, asegura que estos fallos tienen dos hipótesis. La primera, “que hay un extremo formalismo en la Corte Constitucional”. O la segunda, “quizá hay descuidos imperdonables en los trámites de las leyes”. Para cualquiera que sea la teoría, Botero explica que esta situación no debería suceder con ningún acuerdo.

Para José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, la crisis está en que hacen falta asesores para estos trámites. “Fue precipitado aplicar este artículo 224 cuando no era aplicable. Está mal asesorado el Gobierno. Les ha faltado asesoría en materia constitucional, puede que estén bien en comercio pero en Constitución se nota que no”.

El exmagistrado asegura que esta situación no afecta la imagen internacional del país pero sí deja entrever cómo se están haciendo las cosas internamente. “Los TLC tienen que tramitarse en el orden interno, en otros países como en Estados Unidos el TLC con Colombia se demoró bastante en aprobarse y no afectó a la imagen, en lo que sí se afecta es en cómo el Gobierno tramita sus cosas”.

La Corte estudió el Decreto luego de que llegara una demanda en la que se cuestionaba que el documento desconocía los requisitos establecidos en el artículo 224. El demandante, Luis Guillermo Albán, asegura que el segundo requisito no se cumple porque “no fue celebrado ni en la sede de la OMC situada en Ginebra, Suiza, ni en el marco de una conferencia o convención auspiciada por la Organización para el efecto”.

La respuesta del Gobierno es que la Corporación no compartió los fundamentos que ellos habían planteado. La viceministra de Comercio Exterior, Claudia Candela, afirma que se trató de un error de fondo y que el Gobierno lamenta la decisión. No obstante, Candela dice que esperaría que la ley aprobatoria del acuerdo esté casi por salir y sería para finales de junio, pero que es la Corporación la que define el tiempo. “La Unión Europea ya nos preguntó qué significa este fallo y que si los seis meses son suficientes”.

Por ahora, habrá que esperar a que la Corte en este tiempo dicte el fallo definitivo de la ley aprobatoria del TLC con la Unión Europea para que la situación de libre comercio con el bloque de países quede clara. Si pasa más tiempo del efecto, el TLC no podría aplicarse.

Este obstáculo significa una mala jugada para los empresarios. “Ellos planifican su gestión comercial de acuerdo con la entrada en vigencia del TLC, aquí están jugando con los empresarios”, agrega Duarte.

El caso de la Alianza del Pacífico

La situación jurídica con la Alianza del Pacífico es crítica. La Corte decidió tumbar la ley por temas de forma. Al documento que se les presentó le hacía falta dos hojas en las que se encontraban dos artículos, lo que implicó la inconstitucionalidad.

Botero asegura que con este acuerdo “estamos en el limbo y que toca volver a empezar el trámite de arriba abajo”; es decir, pasar por los cuatro debates tradicionales tanto en Senado como en Cámara, y volver a tramitarlo en la Corte.

Que la Alianza deba tramitarse otra vez en Congreso implica que la desgravación arancelaria podría no estar lista para 2015 como lo había estimado el ministro de Comercio, Santiago Rojas, porque ahora está en manos de los congresistas darle celeridad o no a este Acuerdo.

TLC con Corea también está en veremos

El próximo 28 de mayo hay un nuevo debate para aprobar en la Comisión Segunda de la Cámara el TLC con Corea del Sur. Sin embargo, de posponerse esta discusión por tercera vez, por tiempos legislativos no habría más espacio para debatirse porque el 20 de junio es la fecha límite para tramitar leyes en el Congreso.

Como ya lo había anticipado LR, el proyecto de ley que aprobaría el acuerdo con el país asiático no podría estar otro periodo en debate porque ya cumplió dos años dentro de la legislatura. El primer periodo se dio entre primer semestre de 2013, luego cumplió su segundo año que finaliza este 20 de julio. Por consiguiente, si no se aprueba el 28 de mayo el trabajo que se llevó a cabo en estos dos años no valdría y tendría que tramitarse otra vez en Senado y Cámara. Expertos dudan que se apruebe por la situación electoral.

Las Opiniones:

José Gregorio Hernández

Exmagistrado de la Corte Constitucional

“Fue precipitado aplicar el artículo 224 de la Constitución, cuando no era aplicable. Está mal asesorado el Gobierno, les ha faltado una consultoría en materia constitucional”.

Claudia Candela

Viceministra de Comercio Exterior

“No hay error de forma sino de fondo, la Corte no comparte los fundamentos del Gobierno. Lamentamos mucho la decisión. La Unión Europea ya nos preguntó esto qué significa”.