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Luego de que el mandatario del vecino país dejara abierta la puerta al diálogo con el gobierno de Colombia para restablecer el flujo comercial entre las dos naciones, los empresarios locales no creen de mucho sus buenas intenciones.

Y es que la herida es profunda y millonaria. Los empresarios de Cúcuta, reconocen que a la fecha las pérdidas del comercio frente a ese país alcanzan los 500 millones de dólares.

“Las relaciones entre los dos países tuvieron que tocar fondo. Ahora debe haber una conciliación entre las partes para que se pueda pagar lo correspondiente al Cadivi”, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Luis Alfredo Quintero.

El directivo informó que la renovación del registro mercantil en la capital de Norte de Santander cayó 40 por ciento. “Eso quiere decir que de 100 empresas 40 no renovaron porque ven complicado el negocio en estos momentos”.

A pesar de la situación, los dirigentes registran con optimismo una eventual “reconciliación” entre los dos gobiernos.

“Los grandes damnificados son los empresarios de arcillas, carnes, confecciones y alimentos. Abrir el comercio con Venezuela significaría para los empresarios un alivio porque inmediatamente los exportadores recibirían esos dineros pendientes de recaudar que son, a su vez, para pagar a los operadores que les entregaron esos artículos para exportación”, informó Quintero.

El próximo domingo se cumplen siete meses de la congelación de la relación comercial con Colombia, ordenada por Chávez. Según el Presidente Uribe el “bloqueo comercial ha impedido ventas por cerca de cinco mil millones de dólares” una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que se trata de productos que en el proceso productivo generan miles de empleos.

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En los próximos años el puerto de Buenaventura no será el único sobre el Pacífico colombiano, otros dos proyectos compiten por el desarrollo portuario de la región: el de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, y Tribugá, sobre la costa chocoana.
 
Aunque de ambos proyectos se viene hablando hace más de 15 años, el de Bahía Málaga se comenzó a estudiar oficialmente en 2005 cuando el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, presentó ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) una recomendación para que se iniciaran los análisis en la zona.

“De las consultas efectuadas con especialistas nacionales e internacionales y con personas conocedoras a profundidad de la zona, se ha concluido que la Bahía reúne condiciones naturales inmejorables para dicho propósito, además de que las condiciones ambientales no le son adversas”, sostuvo la cartera en un acta de compromiso para la constitución de la sociedad que promovería y adelantaría las obras de construcción del puerto de aguas profundas de Málaga.

Sin embargo, esa posibilidad no depende ahora de esa cartera, la decisión final está en manos del Ministerio del Medio Ambiente, que en los próximos meses deberá decidir si Bahía Málaga es declarada zona protegida, por su condición de santuario natural que cada año recibe a centenares de ballenas que migran hasta allí con fines reproductivos, de descanso y crianza.

El debate en torno a la posible ejecución de este proyecto se ha movido entre quienes defienden la viabilidad de la iniciativa y la importancia para el desarrollo de la región, y quienes creen que el paso de grandes embarcaciones por la zona afectaría a las ballenas.

Por ejemplo, la World Wildlife Fund (WWF), organización protectora de la vida salvaje, ha dicho que este es un “megaproyecto al cual es indispensable prestarle atención, pues podría desencadenar consecuencias irreversibles sobre la biodiversidad y las comunidades que habitan en la Bahía”.

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Los negociadores del bloque europeo confían en que la ronda se extienda unos días y creen que el acuerdo se lograría ya.

La Comisión Europea (CE) mostró su optimismo ante la posibilidad de cerrar un acuerdo comercial con Colombia y Perú durante la ronda de negociaciones que celebran esta semana en Bruselas, aunque los asuntos que quedan por concluir son “los más difíciles”.

Fuentes comunitarias aseguraron que las negociaciones de la IX ronda, que está previsto que concluya hoy, podrían prolongarse durante el fin de semana si así se logra cerrar un buen acuerdo para todas las partes, que ya sólo deben trabajar en el “3 ó 5 por ciento” del tratado que queda por resolver. Señalaron que las 13 mesas de trabajo están cerradas y ahora se debate a nivel de jefes negociadores.

Desde hoy participan en las reuniones los ministros de Comercio de Colombia, Luis Guillermo Plata, y de Perú, Martín Pérez, para dar un último impulso político al proceso. Según las fuentes, los andinos piden mejoras para el acceso de productos agrícolas al mercado europeo como banano, azúcar, ron, arroz y carne de ave y de vacuno.

Colombia intenta conseguir una oferta más interesante para sus exportaciones de banano que el acuerdo cerrado en diciembre en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el cual el arancel se rebajará de los 176 euros por tonelada actuales a 114 euros en 8 años.
La UE aceptará la “influencia” de ese acuerdo en las negociaciones con los andinos, admitieron fuentes europeas. Colombia también confía en mejorar el cupo de exportación de 62.000 toneladas de azúcar sin gravámenes ofrecido por la UE. Perú espera en concreto que el acuerdo tenga en cuenta para establecer las reglas de origen de los productos pesqueros 200 millas de mar peruano.

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El nuevo presidente de Naturgas, gremio que agrupa a los productores y distribuidores de gas, Eduardo Pizano, dijo en diálogo con la LA REPUBLICA, que existen carencias regulatorias que afectan el desarrollo del sector.

Lo anterior teniendo en cuenta que se prevé la necesidad de construir más gasoductos en el país.

¿Cuáles son los principales problemas del sector?

Le falta una columna vertebral. A veces, dependiendo de las circunstancias, se toman decisiones de corto plazo que pueden ser benéficas en el momento, pero a futuro le pueden producir problemas al sector. Todas las expansiones que hacen las empresas se hacen por endeudamiento. Por esto, queremos normas estables y reglas claras que permitan darle viabilidad a los proyectos. Creo que se le hizo un daño a la industria al priorizar el servicio a los vehículos. Sin embargo, también hay que ser claro en que a los taxistas no se les dijo que el gas era un servicio interrumpible. Obviamente uno entiende que el Gobierno no le puede decir a 200 mil taxistas que si utilizan gasolina ganarán 20.000 pesos, cuando usando gas recibían 40.000 pesos.

¿Esta situación dificulta el desarrollo de proyectos?

Uno no puede pedirle a una compañía que realice una inversión a 20 años y que en un año le cambien las reglas de juego en los temas regulatorios básicos del sector. En este sentido, hay carencias para poder garantizar que el sector se podrá expandir. Me preocupa que por la premura de que se va a acabar el Gobierno, hay que producir normas. Se debe pensar en cómo desarrollar una política gasífera de largo plazo.

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