Por: Jennifer Guerrero

Cali y Medellín, dos de las principales ciudades de Colombia; son, al mismo tiempo, unas de las más afectadas por las dinámicas de violencia, crímen y narcotráfico. La economía ilegal del narcotráfico, por medio de las redes de crímen organizado, logró dominar diversos sectores de la sociedad debido a las necesidades que creaba y suplía. La carencia de instituciones fuertes por parte del Estado también tuvo su cuenta dentro de esta cruenta historia. Al ser incapaz de cumplir con sus deberes como institución reguladora de lo social, permitió que otro tipo de actores pasaran a ocupar su lugar y, de alguna manera, cumplieran con sus funciones. De esta manera, las instituciones criminales, no sólo mediante violencia e intimidación, sino también a través de la inyección de capitales, terminaron por calar dentro de las estructuras sociales de estas dos ciudades.

De acuerdo con lo que formula Gustavo Duncan en el libro Oligopolio de Coerción, debido a las variedad de instituciones legales e ilegales, el Estado y las organizaciones criminales, de manera simultánea, reclaman el ejercicio de autoridad sobre las poblaciones preféricas. Teniendo esto en mente, podríamos decir que, en el caso colombiano, la visión clásica de Estado que da Weber no se cumple. Acá el monopolio de la violencia no se encuentra de forma exclusiva en manos del Estado debido a que el costo es muy alto para la ineficiencia con el que éste trabaja. Lo que resulta de esto es que, muchas veces, su función termina siendo ejercida por otro tipo de organizaciones que, en la mayoría de casos, son de caracter ilegal; aunque mantienen cierta cercanía con algunas ramas del gobierno central y local; el cual, por lo general, está compuesto de las élites económicas y políticas.

El narcotráfico, a través de la regulación social, convierte el poder económico en poder político. La distribución de recursos y capital a todos los eslavones de la cadena de producción y comercialización le permitió ejercer poder sobre los deiferentes sectores de la socidad. Con el acceso a nuevos tipos de mercado la población cambia sus dinámicas de consumo, generando así nuevas necesidades impuestas por los mercados nacientes y el acceso a capital económico. En ese sentido, ya no sólo se comercializa con productos, sino que, a su vez, estos productos comienzan a asociarse con experiencias y sensaciones que se traducen en status. De ahí que aparezca un nuevo sector social que, alimentado de las ganacias generadas por las economías ilegales, le da vida a una nueva cultura que se asocia con la estética de lo mafioso

Así mismo, es necesario tener en cuenta que los niveles de criminalidad condicionan las actitudes y percepciones que los individuos tienen con respecto a la democracia. Esto sucede debido a que las organizaciones criminales regulan las elecciones para que el candidato que salga elegido se alinee, o al menos no interfiera, con sus actividades delictivas. Las estrategias para erradicar las actividades ilegales, que en Colombia se traducen sobre todo en las áreas de cultivos ilícitos, están íntimamente relacionadas con la confianza ciudadana en sus instituciones locales. Por eso, es de suma gravedad que los habitantes tengan una percepción negativa de sus gobernantes.

De lo anterior se desprende que los votantes sea cada vez más conscientes de que la seguridad es un asunto político de gran importancia y que, en concordancia con eso, se lo demanden al Estado. Los bajos niveles de confianza en las instituciones afectan de manera directa la calidad de democracia. Los fenómenos de violencia e inseguridad pública permiten transformar la cultura política y los procesos democráticos porque atentan contra la integridad física de los ciudadanos, la infraestructura del país y dificulta el desarrollo de proyectos de inversión.

Por consiguiente, es claro que el narcotráfico ha incidido en la consolidación de un nuevo orden social donde las organizaciones criminales le disputan al Estado el ejercicio de la autoridad y su capacidad regulatoria sobre la sociedad. El crimen específicamente visto a través de hurtos, homicidios, lesiones personales, cultivos ilícitos, bandas criminales, entre otros, demuestra que en Cali y Medellín coexisten lugares que se convierten en escenarios de desigualdad, corrupción, pobreza, ilegalidad e inseguridad. Todo ello, incide directamente en el deterioro de la confianza en las instituciones estatales, del capital físico, del capital humano, de la calidad de la democracia y del crecimiento económico a nivel local, regional y nacional.